El gobierno entiende que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos no ha tenido "los resultados esperados"
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz
Foto: Leonardo CarreñoEl Poder Ejecutivo envió al Parlamento su proyecto de ley para modificar la Ley de Lavado de Activos.
Uno de los grandes cambios es que se suprime la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, creada en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
"La creación de dicha fiscalía especializada buscó que se investigaran más casos de lavado de activos y en definitiva que se obtuvieran mayores condenas por este delito y mayor cantidad de decomiso de bienes provenientes del crimen organizado. Sin embargo, desde que comenzó a funcionar, no se han obtenido los resultados esperados", dice la exposición de motivos del proyecto.
Por lo tanto, "a efectos de dotar al sistema antilavado del estado y en particular al subsistema represivo de mayor efectividad", las nuevas autoridades plantean que "los fiscales que investigan los delitos precedentes sean también quienes investiguen el delito de lavado de activos en forma paralela".
El texto también propone bajar el máximo para pagos en efectivo. La Ley de Urgente Consideración (LUC) de Lacalle Pou lo había establecido en 1.000.000 unidades indexadas (un poco más de US$ 150.000 dólares), pero el gobierno de Yamandú Orsi lo quiere bajar a 270.000 unidades indexadas (alrededor de US$ 40.000 dólares). "Nosotros creemos que se había aflojado la cincha en muchos aspectos en el gobierno anterior", dijo a La Diaria Radio el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien encabeza el proceso de modificación de la Ley de Lavado.
Por otra parte, como había adelantado El Observador, el Ejecutivo impulsa que haya nuevos delitos precedentes que habiliten a Fiscalía a empezar indagatorias por lavado de activos. El proyecto añade los ciberdelitos, el fraude en las entidades que integran el sistema financiero nacional y el delito ambiental de introducción de desechos tóxicos.
Entre otros tantos cambios, el proyecto actualiza la normativa en relación al Código del Proceso Penal de 2017. Esto incluye cambios en la terminología: se pasa, por ejemplo, de "tribunal penal competente" a "fiscalía penal competente" y de "procesamiento" a "formalización".
A continuación, el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento: