"Más de 14 años de opacidad sobre las cifras del INR", señala el título del documento sindical, que cuestiona la falta de información pública sobre la cantidad de trabajadores y su relación con la población reclusa.
Hasta 77 presos por operador penitenciario: las cifras que preocupan al sindicato
A partir del relevamiento oficial, SITRAPEN realizó estimaciones sobre la cantidad de policías y operadores penitenciarios disponibles por turno en cada establecimiento.
Para calcular la presencia policial, el sindicato consideró que aproximadamente el 64% de los funcionarios corresponde al escalafón policial, que trabaja bajo un régimen de semana por semana. Según ese criterio, estimó que en cada turno de 12 horas está disponible aproximadamente el 25% de la dotación policial total.
En el caso de los operadores penitenciarios, que representan aproximadamente el 30% del personal, consideró dos turnos de ocho horas y estimó una disponibilidad equivalente al 15% del total de funcionarios de cada establecimiento.
Los resultados muestran diferencias importantes entre las cárceles. En el caso de los policías, la Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar) encabeza la lista con 72,6 personas privadas de libertad por funcionario policial estimado por turno. Le siguen Maldonado, con 57,6 presos por policía; Canelones, con 53,7; Paysandú, con 39,1; y la Unidad 5, femenina, con 33,6. En cuanto a los operadores penitenciarios, Santiago Vázquez también presenta la mayor relación, con 77,5 personas privadas de libertad por operador estimado por turno. Detrás aparecen Maldonado, con 61,4; Canelones, con 57,3; Paysandú, con 41,7; y la Unidad 5, con 35,9.
El sindicato aclaró que estas cifras son estimaciones y no sustituyen los datos oficiales sobre la fuerza efectivamente disponible.
"Puede pasar a más de 300 presos por funcionario": la advertencia de Gutiérrez
En diálogo con El Observador, Gutiérrez advirtió que la situación real en las cárceles es todavía más grave que la reflejada en el informe, debido a que los cálculos no contemplan distintas circunstancias que reducen la cantidad de funcionarios disponibles.
"Primero que nada, comento que estos números son en frío en base a la información que reveló el Centro de Información Penitenciaria, pero la realidad es peor", sostuvo.
El dirigente explicó que uno de los principales problemas es la falta de personal técnico y administrativo, que representa apenas el 6% de la plantilla total del INR, según el informe sindical.
Esta situación obliga a policías y operadores penitenciarios a desempeñar tareas ajenas a sus funciones habituales, lo que reduce todavía más la cantidad de trabajadores que mantienen contacto directo con las personas privadas de libertad.
"La falta de personal técnico administrativo hace que ese personal que hipotéticamente lo contamos en seguridad en realidad esté haciendo otras áreas que por la función penitenciaria no la debería hacer y hace que en realidad la gente destinada al contacto permanente con los presos sea aún menor", explicó Gutiérrez.
El representante sindical señaló que las estimaciones tampoco contemplan las certificaciones médicas, la superposición de días libres ni las custodias de reclusos que deben ser trasladados o permanecer internados en hospitales.
En estos últimos casos, explicó, una sola persona privada de libertad puede requerir la presencia de hasta dos policías, que deben ser retirados de la guardia interna del establecimiento.
Como ejemplo, mencionó la situación de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar), donde el informe estima una relación de 77,5 presos por operador penitenciario por turno.
"En el exComcar figura un funcionario cada 77 personas privadas de libertad (PPL). Por el propio desenvolvimiento del servicio, puede pasar a más de 100, 200, 300 presos por funcionario", afirmó Gutiérrez.
De esta manera, el dirigente advirtió que la cantidad de trabajadores efectivamente disponibles para atender a la población carcelaria puede ser considerablemente inferior a la estimada en el informe, especialmente cuando se producen ausencias o situaciones extraordinarias que demandan personal.
La cifra de hasta 300 presos por funcionario mencionada por Gutiérrez es una advertencia sobre situaciones que podrían producirse durante el servicio y no una relación constatada por el relevamiento.
Más de 4.000 presos adicionales y una dotación de funcionarios similar a la de 2019
Otro de los aspectos que destaca el informe es la evolución de la población penitenciaria en comparación con la cantidad de trabajadores.
Según los datos utilizados por SITRAPEN, en 2019 Uruguay tenía aproximadamente 11.732 personas privadas de libertad, mientras que en 2025 la cifra se ubicaba en torno a las 16.000.
Esto supone un aumento de más de 4.000 personas alojadas en establecimientos penitenciarios. Sin embargo, el sindicato sostiene que la cantidad de funcionarios civiles y policiales se mantuvo en niveles similares a los registrados seis años atrás.
Como referencia, menciona que en 2019 los informes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario registraban 4.290 funcionarios, de los cuales aproximadamente 2.789 eran policías y 1.330 operadores penitenciarios.
El relevamiento de CEFOPEN de 2025, por su parte, identificó un universo inicial de 3.912 funcionarios y una población final de 3.526 personas para la encuesta, de las cuales respondieron 3.333.
Estas cifras no son directamente equivalentes, dado que corresponden a registros y universos de relevamiento diferentes. No obstante, el sindicato las utiliza para advertir que el crecimiento de la población carcelaria no habría estado acompañado por un incremento proporcional de los recursos humanos.
"Si la dotación ya se consideraba crítica en 2019, mantener prácticamente la misma cantidad de funcionarios ante una población penitenciaria sustancialmente mayor evidencia un deterioro más profundo de la relación entre funcionarios y PPL", señala el informe.
En una cárcel de Rivera dispusieron que un solo funcionario supervise dos sectores
La preocupación por la falta de personal también quedó reflejada en una situación registrada en la Unidad 12 de Cerro Carancho, en Rivera, donde la dirección del establecimiento emitió una orden de servicio para que un mismo operador penitenciario quedara a cargo de la supervisión de dos sectores.
La resolución, fechada el 10 de julio de 2026 y firmada por el director de la unidad, Marcio Alfonso, estableció que los operadores asignados a los sectores C deberían supervisar simultáneamente dos sectores de esa área.
En el documento, al que accedió El Observador, la dirección fundamentó la decisión en la falta de personal y el "alto índice de ausentismo" de los funcionarios que trabajan en el Área de Convivencia.
La administración señaló que esta situación dificultaba el desarrollo de las actividades de trato y tratamiento destinadas a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
El policía trabaja en la cárcel de Cerro Carancho y estaba certificado por problemas psiquiátricos
Camilo dos Santos
Sin embargo, consideró que las características de los sectores C permitían reorganizar la distribución del personal sin comprometer las condiciones de seguridad.
Según la resolución, en esos sectores se alojan personas privadas de libertad que presentan una adaptación favorable al régimen de convivencia y participan de actividades de rehabilitación.
La orden estableció que la supervisión de dos sectores debía realizarse manteniendo los estándares de seguridad dinámica, el cumplimiento de las normas internas y el respeto de los derechos humanos.
La denuncia de los funcionarios: un solo operador a cargo de entre 80 y 120 presos
La decisión generó el rechazo de un grupo de funcionarios sindicalizados de Cerro Carancho, que el 21 de julio enviaron una nota al Consejo Directivo Nacional de SITRAPEN solicitando su intervención.
En la carta, firmada por trabajadores de la unidad, advirtieron que un solo operador podría quedar a cargo de entre 80 y 120 personas privadas de libertad, dependiendo de los sectores asignados.
"Consideramos que un solo funcionario no puede controlar dos sectores al mismo tiempo ni responder adecuadamente si ocurren incidentes simultáneos", señalaron.
Los trabajadores mencionaron posibles emergencias como riñas, intentos de fuga, incendios o autolesiones, ante las cuales un solo funcionario podría tener dificultades para brindar una respuesta inmediata.
A su entender, la medida pone en riesgo su integridad física, su seguridad y su vida, además de afectar la seguridad del establecimiento y de las personas privadas de libertad.
Los firmantes también cuestionaron que la falta de personal se intente resolver aumentando las responsabilidades de quienes ya cumplen tareas operativas.
"Esta Orden de Servicio no soluciona el problema de la falta de personal, sino que recarga aún más a quienes concurrimos diariamente a cumplir funciones operativas", expresaron.
Como alternativa, propusieron evaluar la reasignación temporal de operadores penitenciarios que actualmente cumplen tareas administrativas o desempeñan funciones en otras áreas donde no realizan actividades directas de seguridad.
Los trabajadores solicitaron a SITRAPEN que interviniera ante las autoridades del INR y del Ministerio del Interior para reclamar la anulación de la Orden de Servicio Nº 025/2026.
También pidieron que el sindicato solicitara la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El episodio constituye un ejemplo concreto de las dificultades de dotación de personal denunciadas por SITRAPEN. Mientras la dirección de Cerro Carancho justificó la reorganización por razones operativas y las características de los sectores involucrados, los trabajadores sostienen que la medida incrementa los riesgos y las responsabilidades del personal.
La documentación aportada acredita la emisión de la orden y el reclamo de los funcionarios, aunque no permite establecer si la resolución continúa vigente ni si las autoridades respondieron a la solicitud de anulación.
El relevamiento oficial que permitió conocer la distribución del personal
La información utilizada por SITRAPEN proviene del Informe sobre el nivel educativo del personal del Instituto Nacional de Rehabilitación, elaborado por CEFOPEN y publicado en junio de 2026.
El trabajo, realizado durante 2025, tuvo una tasa de respuesta del 94,5% sobre un universo final de 3.526 funcionarios.
Entre quienes respondieron, el 64,6% pertenecía al escalafón policial, el 30,8% al escalafón penitenciario civil y el porcentaje restante a escalafones profesionales, técnicos, administrativos y de particular confianza.
El informe oficial también permitió conocer la cantidad de respuestas por establecimiento penitenciario.
La Unidad 4 de Santiago Vázquez registró 433 funcionarios que completaron la encuesta, seguida por Punta de Rieles, con 330, y la Unidad 3 de Libertad, con 241.
En otros establecimientos, las cifras fueron considerablemente menores: Maldonado registró 123 respuestas, Salto 97, Artigas 93, Soriano 78 y Cerro Largo 62.
El sindicato tomó estos datos como base para estimar la disponibilidad de personal en los distintos turnos de trabajo, aunque el relevamiento de CEFOPEN no fue diseñado para medir la cantidad efectiva de funcionarios que cumplen tareas operativas simultáneamente en cada cárcel.
SITRAPEN reclama levantar la reserva de información
A partir de los resultados, el sindicato planteó dos reclamos.
El primero es que los informes anuales del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario incorporen sistemáticamente la relación entre funcionarios y personas privadas de libertad, discriminada por escalafón y establecimiento penitenciario.
El segundo es que se revoque la resolución ministerial del 20 de julio de 2012, identificada con el asunto Nº 7534/2012 (B-5929), que, según la organización, sustentó la reserva de esta información.
SITRAPEN cuestiona que las restricciones para conocer la distribución del personal dificultan la evaluación de las condiciones laborales y de seguridad en las cárceles.
También invoca el artículo 12 de la Ley Nº 18.381, sobre acceso a la información pública, que establece límites a la reserva cuando la información está relacionada con violaciones de derechos humanos o resulta relevante para investigarlas o prevenirlas.
"La transparencia no puede seguir siendo una excepción", sostiene el documento.
La organización insiste en que sus cálculos no pretenden reemplazar las cifras oficiales y reclama que el Ministerio del Interior publique información actualizada sobre la dotación efectiva de personal.
"Conocer cuántos funcionarios sostienen realmente el sistema penitenciario es parte de conocer su verdadera situación", concluye el informe sindical.
