El gobierno presentó el punto de partida para elaborar un plan de seguridad a diez años
Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior durante la presentación de este lunes
Foto: Inés GuimaraensCon la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, las autoridades del Ministerio del Interior presentaron el diagnóstico general de la criminalidad y violencia en Uruguay.
El trabajo, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de Interior, se plantea como el punto de partida para “orientar las prioridades y estrategias” del plan de seguridad a diez años que pretende instalar el ministro del Interior, Carlos Negro.
“Pretende contribuir a la planificación de políticas eficaces, eficientes y justas en materia de seguridad, a partir de un análisis sistemático de datos actualizados y relevantes que permitan comprender las dinámicas delictivas del país”, dice el documento divulgado este lunes.
El encargado de presentar el trabajo fue el asesor de Interior, Emiliano Rojido. El sociólogo dijo que el país debía estar “por encima” del problema y que ahora comenzaba un proceso de diálogo con otros actores –como partidos políticos y organizaciones sociales– que tienen “mucho para aportar”.
El diagnóstico reconoce que Uruguay experimentó, en los últimos años, un aumento “sostenido y significativo de varios indicadores de criminalidad y violencia interpersonal”.
“Estos cambios no pueden entenderse simplemente como una consecuencia de factores socioeconómicos coyunturales; responden más bien a procesos estructurales, sociales y criminales de más largo aliento, en sintonía con tendencias regionales más amplias. El país ha dejado de ser ajeno a los patrones de violencia letal, fragmentación criminal y expansión de mercados ilegales que caracterizan a América Latina y el Caribe”, dice.
En este sentido, considera que la violencia contra las personas, en particular los homicidios y los heridos por disparos de arma de fuego son uno de los “problemas más críticos de seguridad pública”.
“Una quinta parte de los homicidios del último trienio está directamente asociado al tráfico de estupefacientes, mientras que otro porcentaje relevante presenta móviles no esclarecidos pero patrones similares. Esta tendencia sugiere una creciente articulación entre la violencia letal y la expansión del crimen organizado, que utiliza la violencia como herramienta para la resolución de disputas, el control territorial o el disciplinamiento social”, plantea.
Estas situaciones, dice el trabajo, demandan políticas de prevención diversificada y centralizadas en la focalización territorial y poblacional, el fortalecimiento de las capacidades de respuesta institucional y una mejora sustantiva de los sistemas de información criminal.
Uno de los énfasis del diagnóstico es que las violencias basadas en género son un fenómeno estructural de “alta prevalencia y reiteración”. El 73 % de las mujeres mayores de 15 años dice haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Los delitos sexuales también muestran una tendencia ascendente sostenida, con una concentración significativa en niñas, niños y adolescentes, lo que “refuerza la urgencia de estrategias de prevención estructural y abordajes específicos con enfoque de género y de niñez”.
También plantea su preocupación por el “auge” de los cibercrímenes y estafas que evidencian una “ampliación significativa en las modalidades delictivas” cada vez más ligadas al “entorno digital y a víctimas vulnerables” como personas mayores o con “escasa alfabetización tecnológica”.
El Ministerio del Interior dice que uno de los “hallazgos más relevantes” del diagnóstico es la “constatación de un proceso de criminalidad emergente y fragmentada en Uruguay, vinculada al tráfico de drogas y otros mercados ilegales”.
“Aunque el país no presenta aún estructuras criminales consolidadas y con altos niveles de organización, como en otros contextos de América Latina, sí exhibe síntomas claros de expansión de redes delictivas autónomas y de mercados ilegales en crecimiento”.
A juicio de los autores, el tráfico de drogas se ha transformado en un fenómeno con “doble dimensión”: internacional (por el uso del puerto de Montevideo como vía de exportación hacia Europa) y doméstica (por la expansión del narcomenudeo y la violencia asociada).
“Uruguay ha dejado de ser únicamente una zona de tránsito de drogas para convertirse también en un territorio de acopio y consumo. Este proceso vino acompañado de un aumento significativo de los homicidios vinculados a represalias y al tráfico de estupefacientes”, dice el documento. Agrega que a este escenario se “suman los tiroteos frecuentes entre bandas criminales y la aparición incipiente de formas de gobernanza criminal en barrios periféricos de Montevideo y de ciudades del interior”.
Respecto a las cárceles, dice que están “marcadas por el hacinamiento de varias unidades, la escasez general de recursos, y la incapacidad de garantizar derechos básicos y promover la reinserción social”. “El indicador de reincidencia penitenciaria revela que casi el 65% de los liberados reincide en un plazo inferior a los tres años”.
Para Interior, Uruguay presenta hoy niveles de criminalidad que pueden considerarse medios o altos, dependiendo del enfoque utilizado. La tasa de homicidios duplica el promedio mundial (entre 10 y 12 homicidios cada 100.000 habitantes) y supera la de varios países vecinos, por lo que “no es posible descartar que Uruguay se encuentre en una fase de transición hacia un escenario de criminalidad más extendida”.
En otro de los pasajes, Interior señala que Uruguay enfrenta un escenario de criminalidad y violencia complejo, heterogéneo y en transformación. “Si bien algunos indicadores muestran mejoras, otros revelan la persistencia de problemas estructurales, así como la aparición dinámicas nuevas y más sofisticadas que exigen un replanteo profundo de las estrategias de seguridad”.
En este sentido, la presencia simultánea de violencia armada sostenida, expansión del narcotráfico, crecimiento de delitos digitales y déficits institucionales son una “combinación peligrosa, que han tenido consecuencias devastadoras en otros países de la región”.
A su vez, la “crisis estructural” del sistema penitenciario, la baja tasa de esclarecimiento, y los rezagos en la producción de estadísticas y conocimiento son “factores que comprometen la capacidad del Estado para revertir estas tendencias”.
“Frente a este escenario, el país necesita avanzar hacia una política de seguridad pública más profesional, basada en evidencia y orientada a resultados a corto, medio y largo plazo”.
Para Interior, esto implica: