Los trabajadores reclaman adeudos y el gobierno no ha encontrado a los responsables de la multinacional
Planta de Pharmin en Zonamerica
Por disposición judicial, el martillero Pablo Ponce de León remató este miércoles la planta de Pharmin, la empresa de capitales georgianos que se instaló en Zonamerica y se dedicaba a producir cannabis medicinal y recreativo.
La empresa había comenzado a operar en 2020 y cerró de manera sorpresiva a principios de 2024. Despidió a 65 trabajadores a través de WhatsApp sin pagarles la indemnización correspondiente ni dar la baja ante el BPS.
Desde entonces, los exempleados han buscado cobrar sus adeudos y extender el seguro de paro, pero el Ministerio de Trabajo no logra ubicar a los referentes de la multinacional.
“Desaparecieron”, dijo a El Observador una fuente del ministerio. El único contacto uruguayo era Nicolás Bustillo, hermano del excanciller, quien señaló que era empleado y que también había cortado su vinculación con los accionistas.
La subasta de este miércoles se dividió en dos grandes lotes.
Primero se remató el invernadero –una gran carpa de 24 mil metros cuadrados– equipado con “los mejores sistemas” por US$ 205 mil. La puja arrancó en US$ 100 mil y se fue hasta esa cifra. Quien lo adquirió se presentó como un productor hortícola de Paysandú que también trabaja con drones para forestación.
El segundo lote correspondió a un laboratorio con todo el equipamiento y se remató por US$ 130 mil. El comprador fue un representante de Zonamerica, la empresa donde está instalada la planta.
En ambos casos, el martillero y varias de las personas que participaron del remate manifestaron que se habían vendido por un precio “muy inferior” a su valor. En la previa, Ponce de León señaló que se trataba de una “venta forzada” ya que Zonamerica le había realizado un juicio a Pharmin por alquileres impagos.
En 2021, una nota del semanario Brecha –a partir de documentación oficial de la empresa– cifró en US$ 9,5 millones el costo del invernadero y más de US$ 10 millones el laboratorio.
A su vez, este año el representante de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau), Lucas Martínez, dijo en el Parlamento que la primera inversión había sido de US$ 28 millones pero que había “otro laboratorio” que no se utilizó “ni una sola vez” y que valía US$ 50 millones. “Lo que era meramente especulativo es verdad porque nunca se utilizaron esas cosas, y están nuevas, de paquete; yo las vi”, dijo según consta en la versión taquigráfica.
La empresa constituyó dos sociedades anónimas (Calkery Company SA y Gilkenal SA). Presentó su proyecto para producir cannabis medicinal y recreativo ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) en octubre de 2019 y recibió las autorizaciones en agosto del año siguiente.
Las resoluciones tuvieron informes favorables de la Secretaría Antilavado por la “procedencia de fondos”. Pero dos años después, la empresa solicitó que le suspendieran una de ellas (la de Calkery). En ese entonces, el Ircca constató que adeudaba el pago de la licencia, que ascendía a 400 mil unidades indexadas ($2,5 millones).
En el caso de GIlkenal, la licencia le permitió tener hasta 1.700 plantas madres, 40 mil esquejes, 37 mil plantas en estado vegetativo y 35 mil 800 plantas en floración en condiciones indoor. “Asimismo, se la habilita a producir hasta un máximo de 12 mil kilogramos anuales” de flores de marihuana.
En setiembre del año pasado, la dirección ejecutiva del Ircca le renovó la licencia por tres años, pero el 2 de febrero el organismo “tomó conocimiento” del cese de las actividades de Pharmin y el 12 de marzo le suspendió la autorización.
“La empresa ha cesado su actividad en el país, no ha designado nuevos responsables y ha tenido una actitud omisa en relación a sus obligaciones con el instituto”, señaló el Ircca en su resolución.
A su vez, estableció que existía “producto en stock de la empresa” que debía custodiarse. “El producto terminado no podrá ser comercializado hasta tanto la empresa designe nuevos responsables”, decía el segundo punto de la resolución mientras que el tercero la intimaba a tomar “medidas de seguridad” relativas a su “stock remanente” y destruir las “plantas”.
Sin embargo, ante el Parlamento, los representantes de Utrau dijeron que buena parte del stock fue robado, tal como había publicado La Diaria. La información fue confirmada por El Observador por fuentes del Ircca aunque no se realizó denuncia policial.
“Una semana antes (del cierre) dentro de esa empresa hubo un robo”, dijo el secretario general de Utrau, Ignacio Díaz. “Seguramente el material de ese robo esté en las calles. Por lo que averigüé, eran más de 150 kilos”, expresó.
Martínez, uno de los empleados, agregó que cosechaban unas diez especies diferentes de flores aunque solo tenían autorización para una. "Todas las otras genéticas que se cosecharon ahí adentro siguen ahí; tendrían que seguir ahí, ya que ninguna estaba habilitada para la venta, porque no tenían contrato ni permiso. Eso tiene que estar todo ahí. Si no está ahí, se lo llevó el Ircca o se lo llevaron ellos. No hay otra manera”, sentenció.
