La Fiscalía de Delitos Económicos avanza en la indagatoria penal sobre la estafa cometida en la planta procesadora de cáñamo medicinal Boreal que operaba en Salto y que despidió a todos los trabajadores. La investigación que lleva adelante el fiscal Gilberto Rodríguez se centra en la figura de quien operaba como director sobre quién se tomaron algunas medidas cautelares, además de las ya tomadas por los accionistas canadienses que intervinieron la firma y la presentaron a concurso de acreedores.
Según dijeron a El Observador fuentes de Fiscalía entre las medidas adoptadas para avanzar en la indagatoria,se relevó el secreto bancario para obtener información sobre los movimientos efectuados por quién ocupaba el cargo de director, además de que el fiscal cuenta ya con abundante documentación sobre la operativa de la firma.
La planta que se instaló en 2020 en Colonia Garibaldi, un poblado a 18 kilómetros de la ciudad de Salto, de cuya inauguración participó el presidente Luis Lacalle Pou, se promocionaba como “la planta de secado de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica”. Al comenzar a operar se anunciaba que daría trabajo a 400 empleados, pero repentinamente dejó de operar, despidió a todos sus trabajadores y entró en concurso.
Los accionistas canadienses denunciaron penalmente al director, a quién destituyeron del cargo e intervinieron la empresa. Según supo El Observador en una asamblea de accionistas se planteó que quien figuraba también como accionista y director, Gonzalo Aguiar, llevó adelante un desfalco de más de US$ 17 millones.
El presidente Lacalle Pou participó en la inauguración de la planta de Boreal
En la denuncia los canadienses plantearon que el director falsificó documentación del BROU donde tenía las cuentas la firma, mandaba comprobantes de venta por 90 millones de euros cuando era imposible que una empresa de cáñamo que comenzaba a operar facturara eso. Bastaba ver las exportaciones en los reportes de Uruguay XXI para confirmar que esas cifras eran imposibles de sostener, ya que el sector en general había facturado muy poco.
Además, por las omisiones la empresa tenía suspendido el certificado del BPS que es requerimiento imprescindible de la Aduana para exportar.
El julio el periódico canadiense The Sudbury Star había informado que John Pollesel, un exejecutivo de Vale, y el abogado local Brian Montgomery iniciaron una acción legal contra la empresa con sede en Toronto A.D. Group y su propietario Gonzalo Aguiar, alegando que los engañó sobre el proyecto de cannabis y malversó el dinero de la inversión, según consignó entonces el diario Cambio de Salto.
Aguiar tenía una relación comercial anterior con Pollesel a través de Boreal Agrominerals Inc., una empresa especializada en productos para mejorar el suelo que cuenta con una mina cerca del río Spanish River y una oficina en Lively. Según contaba la publicación, Aguiar les ofreció el negocio en Uruguay por ser uruguayo y porque alegó tener "conexiones con experiencia en regulación bancaria y gubernamental en Uruguay" e "influencia política" debido a "la relación de su padre con el expresidente de José Mujica, quien había legalizado el cannabis en el país".
Pollesel y Montgomery lograron obtener órdenes judiciales para congelar activos y obtener registros bancarios en relación con la presunta estafa que consistía en que entre 2019 y 2021, invirtieron caso US$ 30 millones en el negocio del cannabis medicinal en Uruguay.
Las fuentes señalaron a El Observador que los primeros US$ 10 u US$ 11 millones que los accionistas canadienses le confiaron a Aguiar fueron destinados a la construcción de la planta pero en total invirtieron US$ 30 millones y casi US$ 20 desaparecieron.
La planta, de casi 5.000 metros cuadrados de superficie, contaba con una capacidad de producción de hasta 20 toneladas diarias de cáñamo.
“Los trabajadores no han cobrado un peso”
La planta de cáñamo llegó a contar con casi 400 trabajadores en su plantilla —entre zafrales y fijos—, pero fue haciendo despidos progresivos hasta quedarse con unas pocas decenas de empleados que son los que iniciaron juicios laborales para cobrar.
El abogado salteño Pablo Perna dijo a El Observador que representa al 80 % de los trabajadores que estaban activos en la planta al momento del cierre. “Ya comparecimos en el expediente concursal y concomitantemente iniciamos una demanda colectiva en reclamo. Lamentablemente los trabajadores no han podido cobrar un sólo peso de sus liquidaciones por egreso, de los días trabajados, aguinaldo, salario vacacional, más allá de que la empresa tiene un patrimonio cercano a US$ 10 millones y los créditos laborales en comparación al patrimonio es prácticamente ridículo, por lo tanto nos parece lamentable que no se haya podido cobrar”. Ese monto surge del inventario que hizo el síndico del concurso, y de la lista de activos y pasivos que tiene la empresa.
Además, Perna dijo que están tratando de que el Estado, a través del BPS y del Ministerio de Trabajo, pueda prorrogar el seguro de desempleo que "es algo necesario para toda la masa de los trabajadores".
