Aunque aparentemente el caso Sara Goldring no ha tenido grandes avances, más allá de un juicio civil entablado por inversores que está en etapa de prueba, ha habido movimientos judiciales y extrajudiciales tanto en Estados Unidos como en Uruguay.
Según documentos a los que accedió El Observador, Goldring inició el 30 de abril de este año una acción civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra Jefferies, buscando la liberación de activos de sus cuentas en ese banco.
Esas cuentas están embargadas desde 2022 cuando la entonces jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard, pidió la medida a la Justicia estadounidense sobre créditos, derechos y acciones de Sara Goldring, su esposo Mauricio Cukier y sus hijos Martín, Marcos y Daniel. La jueza señaló que para la cautela de bienes el proceso penal establece que la víctima debe iniciar acciones civiles dentro de los 60 días de haberse efectivizado las medidas cautelares y será esa justicia la que seguirá con las medidas.
Mainard se amparó en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre Uruguay y Estados Unidos a pedido de las autoridades uruguayas y abarca las cuentas bancarias existentes a nombre de Goldring y sus hijos en Morgan Stanley y en Jefferies Bank.
En noviembre de 2022 Goldring admitió que los estados de cuenta proporcionados a los clientes no reflejaban la realidad de sus cuentas y que las declaraciones falsas tenían como objetivo evitar que los clientes retiraran sus fondos.
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Sara Goldring
En diciembre de 2023 fue imputada por apropiación indebida tras probarse que concretó operaciones a futuro, bajo el supuesto "perfil agresivo", por importantes sumas de dinero, ocultándoles información a sus clientes o incluso falseando la existente en las respectivas carteras. Esas inversiones implicaron la asunción de riesgos por encima del perfil que siempre habían tenido, lo que les ocasionó pérdidas de unos US$ 100 millones.
En la demanda que presentó ante los tribunales estadounidenses, Goldring mencionó que llegó a un acuerdo con el Banco Central, que mantiene intervenida a CVM con la supervisión de la sindicatura que gestiona la empresa en el marco de un concurso de acreedores, pero que ese acuerdo no ha podido cerrarse precisamente por los embargos dispuestos sobre los bienes de sus cuentas en Estados Unidos.
“Goldring llegó recientemente a un acuerdo en principio (“Agreement in Principle” o AIP) con el BCU y el receptor designado por el BCU para su negocio. Este acuerdo está sujeto a la aprobación del 75% de los acreedores del negocio”.
Agrega que si ese AIP se concreta “pondría fin a las demandas civiles que los acreedores y el síndico han interpuesto contra Goldring en Uruguay, induciría a los acreedores a desistir de las demandas penales que han interpuesto contra ella en Uruguay y probablemente conduciría a la desestimación de una acción penal pendiente que la fiscalía uruguaya ha interpuesto en su contra”.
En esa demanda, Goldring pide medidas cautelares preliminares que obliguen a Jefferies a “descongelar inmediatamente” las cuentas, reclama una indemnización por daños y perjuicios por un monto equivalente al valor de los activos en las cuentas, una indemnización por daños emergentes por el perjuicio causado hasta el máximo permitido por la ley a partir de la fecha de notificación de la demanda inicial en esta acción, así como la concesión de honorarios y costas de los abogados.
“Los términos del AIP incluyen que la Sra. Goldring realice un pago significativo en efectivo que se distribuirá entre los acreedores. Sin embargo, dado que el valor de sus otros activos líquidos es inferior al que debe pagar según los términos del AIP, la Sra. Goldring no podrá cumplir con sus obligaciones en virtud del AIP a menos que Jefferies descongele las cuentas de Goldring”, plantea.
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Mauricio Cukier, esposo de Sara Goldring, dirigiéndose a BVM. Foto de archivo
Camilo dos Santos
Afirma que si el acuerdo fracasa, los inversores seguirán con sus demandas, los fiscales uruguayos que han iniciado una acción penal en su contra no desistirán de la causa; el BCU no desestimará la acción administrativa que ha iniciado en su contra; y podría terminar recibiendo una o varias sentencias en su contra en Uruguay por un monto total mayor al que debe pagar según los términos del acuerdo.
En esa demanda Goldring reclama se le restituyan “la transferencia o el reembolso de un activo financiero sobre el cual el titular del derecho tiene un derecho de valor”.
Afirma que “en violación de cualquier estándar comercial razonable, desde agosto de 2022, Jefferies se ha negado repetidamente, y continúa negándose, a cumplir con las órdenes de habilitación de la Sra. Goldring respecto a los activos en las Cuentas Goldring, a pesar de que ella era y es la persona idónea para emitir dichas órdenes de habilitación respecto a los activos en las Cuentas Goldring”.
Según afirmó la abogada Patricia Regules, que repesenta a inversores de CVM que están en el exterior, Jefferies no quiere librar los fondos hasta que la SEC (Securities and Exchange Commission), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, se pronuncie sobre un reclamo que ella encabezó. La SEC que es un organismo independiente del gobierno estadounidense que se encarga de proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de valores tiene la potestad de pedir sanciones y restituir fondos a los damnificados.
Al tramitar esa demanda, los inversores solicitaron información al BCU pero se rechazó ese pedido.
Regules dijo que la investigación de la SEC a Jefferies y al presunto esquema fraudulento es inminente y un acuerdo privado podría cerrar esa instrucción.
La demanda del síndico, en representación CVM, a Sara Goldring
Entre los múltiples juicios que ha generado el caso Goldring, CVM que se mantiene intervenida por el Banco Central actuando en conjunto con la sindicatura designada por el juzgado concursal, representada por Lideco, inició un juicio civil a Goldring por responsabilidad contractual.
El juicio iniciado fue iniciado en 2024 por los abogados Daniel Martínez Vigil y Fernando Cabrera. Ellos son los abogados que han llevado adelante las negociaciones del posible acuerdo junto a abogados que representan a los damnificados.
Según surge del expediente, la justicia suspendió el juicio por 90 días el 27 de noviembre de 2024 “atento a lo acordado” y volvió a suspenderlo por otros 90 dias desde febrero de este año y nuevamente el 26 de mayo, a la espera de una resolución sobre el acuerdo.
