17 de marzo 2026 - 17:19hs

Una propiedad en Bolivia perteneciente al narcotraficante Sebastián Marset fue "saqueada", tras la detención del uruguayo en este país y su posterior extradición a Estados Unidos.

La Fiscalía boliviana está investigando quiénes ingresaron a esta vivienda ubicada en la ciudad de La Guardia, que forma parte del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, lugar donde Marset fue detenido el pasado viernes.

Tras la captura del narcotraficante uruguayo, este domicilio fue cerrado y precintado por las autoridades. Este martes se conoció que fue "saqueado", aunque el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, contó que todavía se está investigando si la sustracción fue realizada por allegados a Marset o no.

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"Se habría efectuado aparentemente, si vale el término, un saqueo o se habrían sustraído ciertos objetos que se encontraban, incluso animales que estaban dentro de este domicilio", señaló el fiscal departamental, según consignó el medio boliviano El Deber.

Zeballos aseguró que ya corren investigaciones a nivel policial y fiscal para determinar las responsabilidades.

El gobierno de Donald Trump había ofrecido una recompensa de hasta US$ 2.000.000 por colaborar con información que permitiera detener al uruguayo, que cayó el pasado viernes. En ese operativo, además fue capturada su hermana Tatiana Maset Alba –también de nacionalidad uruguaya– dos venezolanos y un colombiano.

Centro de detención Alexandría

La DEA, organización que combate al tráfico de drogas en Estados Unidos, calificó a Marset como el "Pablo Escobar de la era moderna" e informó que deberá enfrentar cargos por tráfico de cocaína y el lavado de dinero en este país. El narco se encuentra recluido en la prisión de Alexandría, un centro de reclusos de máxima seguridad del estado de Virginia.

El Centro de Detención para Adultos William G. Truesdale de Alexandría fue finalizado en 1987 y tuvo un costo de 15 millones de dólares. Además de Marest, alberga a todas las personas puestas bajo custodia del sheriff por orden judicial y varios presos federales mediante un contrato con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El alojamiento de presos federales facilita el procesamiento de los acusados en el Tribunal Federal nacional, ubicado en las cercanías. En 2024, según los registros oficiales, albergó un promedio diario de 287 reclusos.

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