En el dictamen de archivo, al que accedió El Observador, el fiscal Rodríguez y la fiscal adscripta Gabriela Gómez, concluyeron que "considerando la modalidad operativa de PCU, no es posible afirmar ni descartar" que "haya recibido aportes del Fosvoc", el fondo solidario del Sunca al que le robaron US$ 1 millón por dos maniobras: 193 transferencias irregulares disfrazadas como “pagos a proveedores” y otros rubros y la solicitud de partidas especiales, sin reembolso, inventando un “motivo especial” (un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un trágico incendio).
También apuntaron a "dificultades" en la investigación dado que tanto el Sunca como el PCU se manejan con "un grado importante de efectivo, particularmente el PCU no cuenta con personería jurídica y recibe ingresos muy variados y de cuentas personales (tiene aproximadamente 7.000 militantes)".
Por ello afirmó la fiscalía que al haberse agotado las líneas de investigación sin obtener elementos de prueba suficientes para formular nuevas imputaciones penales, corresponde "el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que puedan surgir nuevos elementos en el futuro".
Obstáculos en la investigación: manejo de efectivo y cuentas bancarias no declaradas
La fiscalía concluyó que “dado el gran volumen de ingresos y cuentas particulares involucradas, no es posible determinar la existencia de desvíos sin un análisis detallado operación a operación”.
Si hizo hincapié en que si bien se manifestó que la principal fuente de financiamiento del PCU es el aporte legal por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (declaró un ingreso de $ 4.818.876 por concepto de "Devolución de Préstamo Frente Amplio") y los aportes de los integrantes de la representación política, "con excepción de aquellos los que se encuentran trabajando en el Parlamento, son voluntarios", lo que implica que "pueden contener un origen de fondos diferente..."
Los fiscales Rodríguez y Gómez consideraron "relevante" conocer "el total de militantes y personas fisicas que operan con cuentas bancarias que son utilizadas o fueron utilizadas para realizar transacciones con el PCU... De no tener la certeza de las cuentas bancarias que se utilizan, no es posible conocer cómo se fondean (de quienes provienen los fondos) y por qué concepto se deposita y se transfiere a otras cuentas del partido", concluyeron.
En ese sentido entendieron pertinente "un análisis mucho más profundo que involucre una auditoría exhaustiva y que combine varias técnicas". "Podría caber la posibilidad de que los aportes del Fosvoc se destinen para pago de proveedores y no se ingresen a las cuentas bancarias del PCU", afirmaron.
Además, mencionaron la existencia de cuentas no declaradas. Aunque el PCU declaró inicialmente un grupo de cuentas operadas de forma indistinta por la encargada de finanzas Alberti, los controles revelaron que utilizaban de forma contingente otra cuenta en el BROU a nombre de tres militantes de la Departamental de Montevideo, que no había sido informada en un principio.
Al estar las cuentas a nombre de particulares, la Senaclaft señaló que "no es posible asegurar si el PCU utiliza otras cuentas bancarias adicionales".
En relación al "manejo de un alto volumen de fondos (ingresos y egresos) en efectivo", la fiscalía mencionó que, además del aporte de los afiliados, el PCU recibió dinero por venta de rifas o bonos de colaboración que carecían de numeración o pie de imprenta controlable. "Esta práctica elimina las pistas de auditoría e impide rastrear documentalmente el origen y destino real de los fondos".
La Secretaría Antilavado destacó como otra limitante que al no contar con personería jurídica "el relevamiento y explicación de las transacciones presenta un alto grado de complejidad ya que tanto las cuentas bancarias, propiedades inmuebles, (patrimonio en general), etc. se encuentran a nombre de particulares (militantes) y por consiguiente se requiere de una declaración voluntaria en cuanto a su existencia”.
Por lo tanto la Senaclaf concluyó que "no hay pruebas de que las personas sospechadas de retirar efectivo del Fosvoc hayan realizado operaciones, transferencias o gestiones para el PCU o el Sunca".
Sobre Alberti, Andrade y Diverio
La indagatoria tenía entre posibles participantes de las maniobras a la secretaria de finanzas del Sunca y del PCU. “A raíz de declaraciones de algunos condenados, se le atribuía haber recibido dinero en efectivo de las maniobras”, reconoció la fiscalía en su escrito pero agregó que se "carece de pruebas directas y objetivas sobre dicho extremo”.
Alberti declaró que su núcleo familiar está compuesto por su hijo y su pareja, que trabaja como "administrativa en el Sindicato de la Construcción", siendo responsable de la secretaria de finanzas nacional y que forma parte de la dirección de la Sunca, declaró también que es responsable de la Secretaría de Finanzas Nacional del PCU.
Según información de BPS, DGI y otros organismos, figura como trabajadora dependiente del Sunca desde el de 6 de noviembre de2012 con un sueldo nominal registrado de $107.270. No se registraron otros trabajos remunerados. Tuvo hasta 2002 una empresa unipersonal del giro Rotisería. No tiene bienes inmuebles a su nombre y posee una Chevrolet Corsa Classis Wagon, rural 5 puertas, del año 2009, que compró en 2017, y una Volkswagen Kombi rural, año 1985, que compró en 2021.
En relación al senador Andrade y al diputado Diverio, ambos exsecretarios generales del Sunca, "fueron mencionados por supuestamente firmar documentos relacionados con las maniobras", dijo la fiscalía. Agregó que una pericia caligráfica descartó la existencia de elementos firmes que permitiesen atribuirles la autoría de dichas firmas, por lo que no se reunió evidencia para imputarlos.
Daniel Diverio, secretario general del Sunca, en una manifestación frente al MEF
Diego Battiste
La pericia fue entregado por la defensa de los legisladores, los penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez. La pericia caligráfica concluyó que si bien sería necesario contar con los documentos dubitados/indubitados en original, no aparecían elementos firmes que permitieran concluir que los examinados fueran atribuidos a sus respectivas autorías gráficas.
Cuentas investigadas e ingresos del PCU
Como parte de la investigación se puso el foco en el origen de los ingresos del PCU y se solicitó información sobre un total de nueve transacciones de montos más relevantes o que presentaban alguna característica que llamaba la atención: cinco transferencias a las cuentas del partido, que provenían de cuentas propias de Alberti y cuatro transferencias por concepto de bonos, rifas, que provenían de otra persona. Los préstamos de Alberti eran por U$S 5.000 y $ 310.000, a los que se sumaban otros U$S 5.000 de otra persona.
Por otra parte, el PCU manifestó que los préstamos personales realizados por afiliados al partido para la campaña electoral de 2024 ascendieron $ 2.029.707. También se incluyó dinero de rifas. Se mencionó que cada número costaba $ 400. "Presumiblemente debido a su bajo monto fueron vendidas en efectivo. No se pudo determinar cuál es el monto total de lo recaudado... Se desconoce la cantidad de rifas que efectivamente se imprimieron y se vendieron ya que según documentación presentada las boletas (tickets) no cuentan con pie de imprenta ni ningún elemento que pueda permitir un control... En conclusión, no podemos afirmar que lo ingresado a las cuentas bancarias del PCU sea exclusivamente de venta de rifas o si el origen es otro".
Los ocho condenados
La investigación culminó con la condena de ocho personas penalmente responsables por las maniobras de estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado de activos vinculadas al Fosvoc. Los principales implicados fueron los integrantes del Sunca, luego expulsados, Víctor Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bartolio.
Otra condenada fue la trabajadora del Fosvoc, Stella Rey, quien se encargaba de realizar las transferencias, que luego eran destinadas a Bertolio.
La otra maniobra por la que se pedían los préstamos no reembolsables se hacían utilizando cédulas que en el 90% de los casos no existían. "Mayormente esos ´beneficios´ eran solicitados a través del Bertolio por fuera del protocolo establecido para la solicitud de los beneficios del Fosvoc". Durante 2023 cobró cheques por un monto aproximado de $ 9.446.563, y en 2024 por la suma de $ 1.146.842, señaló la fiscalía.
Los restantes condenados eran dos trabajadores exafiliados al Sunca y de dos conocidos del presidente de Bertolio a los que él les pedía que le dieron su cuenta para transferirles dinero que luego debían entregarle en efectivo o en transferencia. Se trata de Nicolás Mañana y Carlos Larrosa, y Viviana Aguilar y Diego Almeida, quienes fueron condenados por proceso abreviado por reiterados delitos de apropiación indebida en calidad de coautores y asistencia al lavado de activos como autores.
Por último la Fiscalía afirmó que otro indagado era el sindicalista Juan Ortiz que había quedado bajo sospecha al no haber justificado formalmente ante la Senaclaft el destino de unos $601.600 recibidos por concepto de partidas especiales. Sin embargo, su defensa incorporó a la carpeta de investigación boletas detalladas de compra de materiales en barracas, datos de los obreros que trabajaron, los montos pagados, y registros de fotos y videos que evidenciaban el estado previo de su vivienda (inundaciones) y las reformas efectivamente realizadas. "Al desvanecerse los indicios de cargo, la Fiscalía determinó que no es posible atribuirle responsabilidad penal".
