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“Aislamiento y precarización”, las críticas del PIT-CNT a la regulación del teletrabajo

La central sindical entiende que el proyecto a estudio de Diputados debería analizase en el Consejo Superior Tripartito

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27 de noviembre de 2020 a las 05:04

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó este jueves un documento sobre Teletrabajo donde se plantean algunas observaciones al proyecto de ley que cuenta con media sanción en el Parlamento. 

La central sindical considera que la iniciativa tiene cosas a corregir y que su contenido debería ser analizado y debatido en el Consejo Superior Tripartito. Durante la conferencia, el abogado Héctor Zapirain señaló que la propuesta -a consideración de Diputados tras votarse en el Senado- “profundiza un modelo de aislamiento de los trabajadores y precarización de las relaciones de trabajo”, además de “no proteger” el derecho a la privacidad y no regular de “manera adecuada” el derecho a la desconexión.

“Ese aislamiento indudablemente tiene consecuencias sociales, sindicales y en el ejercicio de los derechos. Lo deja más vulnerable frente al poder empresarial”, cuestionó Zapirain.

También apuntó a que la regulación propuesta “acentúa el contrato de trabajo” y se dejan varios aspectos centrales librados al acuerdo individual y ya no al acuerdo colectivo.

Por otro lado, definió como “gravísimo” que se elimine el límite de la jornada diaria. “Eso implica un retroceso. Una cosa es que la jornada diaria sea flexible y otra cosa es que no tenga límite”, rechazó Zapirain.

En tanto, el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, hizo hincapié en que el proyecto “niega” al teletrabajador el derecho a la jornada diaria. ¿Cómo se condiciona esto con que es el trabajador el que va a organizar las horas en la semana si a priori se niega la condición de las 8 horas? ¿Cómo se regula el derecho a la desconexión cuando se parte de la base de que el teletrabajador tiene negada la condición de las 8 horas?”, se preguntó Andrade.

Andrade también mencionó diferencias con el hecho que la provisión de tecnologías de la información y comunicación (TIC) quede sujeta al acuerdo entre partes en el contrato de trabajo.

“Si trabajar en el hogar genera costos mayores, es evidente que esos costos de internet, del equipamiento, tienen que ir de parte de la empresa. La circunstancia del acuerdo de partes en algunos casos, sobre todo en momentos de mayor desempleo, pueden ser de imposición y el teletrabajo lejos ser una forma nueva de organización del trabajo puede transformarse en una forma nueva de abaratar costos sobre la base de trasladárselos al trabajador”, alertó.

En Uruguay, alrededor del 5% de los ocupados ya realizaban esa modalidad de trabajo de manera habitual. Esta práctica se extendió este año como efecto de la pandemia y en los meses más duros de restricciones el teletrabajo abarcó aproximadamente al 20% de los ocupados. Los últimos datos disponibles indican que alrededor del 7,5% de los ocupados siguen en esta modalidad, según el Cuesta Duarte.

La economista del Cuesta Duarte, Alejandra Pico destacó que esta modalidad está fuertemente segmentada principalmente en niveles educativos “bastante por encima de la media”.

“Más allá de eso, que podría hacer pensar que son trabajadores menos propensos a que se vulneren sus derechos, parece fundamental que la regulación tenga un carácter protector que asegure los mismos derechos que tienen el resto de los trabajadores. Y que regule en aquellos aspectos donde la deslocalización física puede desdibujar la provisión de insumos y materiales, y el derecho a la desconexión y la privacidad. Nos parece una pena que no se haya dado un debate tripartito”, afirmó. 

A su turno, la senadora  del Partido Colorado Carmen Sanguinetti, señaló que como la mayoría de los artículos implica acuerdo de partes eso significa que será necesaria la negociación colectiva en una etapa posterior. También recordó que en 2018 y 2019 el tema formó parte del diálogo social en la órbita del Ministerio de Trabajo, pero trabajadores y cámaras empresariales no llegaron a remitir ninguna iniciativa al Parlamento.

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