¿Asesores o meros intermediarios?

Aunque algo aún más relevante a nuestros ojos es que todos estos cambios se produzcan, como hemos venido tratando en Consultor, dentro de un proceso de progresiva presión sobre la función del asesor fiscal, visto por los grandes foros internacionales cada día más como un mero “intermediario”, o agente al servicio de las autoridades fiscales. Desde ya que compartimos los fines de la Directiva Europea sobre Intermediarios Fiscales (DAC 6), y sostenemos desde siempre que el asesoramiento no puede tener por objeto prácticas que fomenten la evasión tributaria, pero no es menos cierto que la colaboración con la administración se debe dar siempre en el marco de la protección de los derechos individuales y el secreto profesional, que es garantía de la adecuada defensa de los particulares en un Estado Constitucional de Derecho. Lo contrario es un camino delicado y peligroso. 

Aunque fuera de lo anterior, el nuevo escenario trae también consigo enormes oportunidades para asesores rigurosos, que pongan en juego su reputación y responsabilidad para respaldar las principales decisiones de las empresas y defenderlas en un diálogo abierto y franco con la administración, de confianza. Es el fenómeno que también hemos tratado en estas líneas, de Tax Governance o Compliance Tributario.

Una nueva era fiscal

Por Francisco Tochetti

Culminando la segunda década de los años 2000, podemos decir que nos encontramos frente a la mayor renovación de normas y estándares fiscales internacionales de los últimos tiempos. Y esta renovación es el fruto de la coordinación y el esfuerzo de muchos países y organismos internacionales que han trabajado en conjunto, alineando sus políticas y sus leyes en la materia, con el fin de “tapar los agujeros” del sistema fiscal internacional. 

Comenzando por los países más desarrollados, pero siguiendo con los subdesarrollados y muchos de los vulgarmente conocidos como “paraísos fiscales”, todos han puesto de sí, en mayor y menor medida, para lograr este cometido, el cual ya logra verse plasmado en las normativas internas de cada uno.

¿Y cuáles fueron los principales cambios? El primero, los intercambios automáticos de información financiera, comenzando a principios de esta década con FATCA (USA), pero extendiéndose al resto del mundo con el CRS de la OCDE. Hoy en día, las autoridades fiscales de más de 100 países intercambian recíproca y automáticamente información sobre cuentas financieras de no residentes, lo que ha supuesto una gran transformación del secreto bancario a nivel mundial. Y a pesar de que USA aún no intercambia información en iguales términos que resto del mundo (podemos hablar de una reciprocidad asimétrica), es cuestión de tiempo que esta situación se normalice.

Luego surgió el ambicioso proyecto BEPS del G20 y la OCDE, cuyo objetivo es combatir las prácticas de elusión fiscal a nivel internacional. ¿Cómo? A través de 15 acciones, que, divididas en tres pilares (“coherencia, sustancia y transparencia”), tratan temas tales como los híbridos fiscales, la transparencia fiscal internacional, deducción de intereses, sustancia, modificación del concepto de establecimiento permanente, precios de transferencia, comunicación de mecanismos de planificación fiscal agresiva, etc. 

Estas medidas buscan actualizar las normativas internas de los países con el fin de alinear las mismas al avance de la economía global, garantizando que los beneficios obtenidos por las empresas sean gravados donde realmente se realicen las actividades económicas, donde se esté creando valor. De esta forma, se logra evitar que las empresas trasladen sus beneficios a países donde apenas realicen actividad económica, con el fin de eludir impuestos.

Y dentro de BEPS es importante mencionar al Instrumento Multilateral, al cual 89 países ya se han adherido y otros 6 países han manifestado su intención de adherirse. El referido instrumento es un “convenio de convenios” que introduce automáticamente las modificaciones de BEPS en la red de Convenios de Doble Imposición, para que estos no deban renegociarse uno por uno y así sumarlos al cambio. Miles de estos convenios se están actualizando automáticamente con este instrumento.

Otro cambio importante, es el nacimiento del Tax Compliance y el Buen Gobierno Tributario (y porque no el delito fiscal como precedente de lavado de activos), conceptos y materias que buscan modificar la formas de administrar las empresas, apuntando hacia la cooperación, transparencia y el cumplimento de las normativas fiscales. En algunos países ya existen normativas específicas sobre estos asuntos y guías de “buenas prácticas tributarias”, las que han modificado por completo la relación fisco-contribuyente. 

¿Y a corto plazo? El asunto por solucionar es la fiscalidad de la economía digital, economía que se encarga de incorporar a internet la producción y comercialización de bienes y servicios, cuestión que aún no ha tenido avances tan claros como se esperaba (aunque algunos países, como Uruguay, si han avanzado). 

Sin embargo, en mayo de este año la OCDE lanzó el “Inclusive Framework on BEPS”, un programa de trabajo con el fin de alcanzar una solución de consenso sobre los retos de la fiscalidad de la economía digital. Este programa busca resolver los desafíos impositivos derivados de la digitalización de la economía y trabaja sobre dos pilares, uno, centrado en la reforma de los principios de la fiscalidad internacional, y otro, dirigido a los retos pendientes de BEPS y que permite a los países gravar ciertas rentas cuando el país con derecho a hacerlo inicialmente no hubiera ejercitado su soberanía fiscal de manera suficiente. 

La coordinación de los países en la fiscalidad de la economía digital es el próximo gran desafío. Se espera para el próximo año tener un fuerte avance en esta materia, lo que puede generar un cambio mayúsculo en la fiscalidad que hoy conocemos. 

¿Cuál es la conclusión de todo esto? No quedan dudas que estamos inmersos en una nueva era fiscal y que estamos viviendo el cambio del paradigma fiscal internacional.

Atrás quedaron los años de opacidad, de desinformación, de lagunas legales absurdas y planificaciones fiscales agresivas, fomentadas y avaladas por las circunstancias de turno. 

Tanto los contribuyentes como las autoridades tributarias, los legisladores e incluso los asesores deberán adaptarse a esta nueva era fiscal. Parece que los cambios en las reglas de juego no darán tregua a nadie.