Cómo Perú y Chile enfrentan sus nuevas realidades tras el estallido de los movimientos de protesta
Como en una sala de espejos astillados, Perú y Chile se han visto en fechas recientes fuertemente sacudidos por manifestaciones callejeras y la ola progresista de las nuevas generaciones que ha puesto a las élites en jaque y las ha obligado a repensar sus sociedades; o al menos, a tratar de hacerlo.
Desde luego que estos movimientos tienen muchas diferencias entre sí. No se puede comparar la violencia, la destrucción y la duración del llamado estallido social que entre octubre de 2019 y febrero de 2020 asoló Chile, con las protestas y disturbios del pasado noviembre en Perú que, sin embargo, terminaron con la muerte de dos manifestantes.
Tampoco los detonantes de la protesta se asemejan gran cosa: en un caso el aumento del boleto del metro; en el otro, la destitución del expresidente Vizcarra.
Hay algo, no obstante, que parece hermanarlas por encima de todo: el hartazgo con la desigualdad social y con la clase dirigente de estas dos sociedades típicas del Pacífico sudamericano: fuertemente estratificadas, donde el legado de la estructura colonial —y aun prehispánica— hizo sistema, en eso que Neruda llamaría, precisamente al escribirles a sus “hermanos” del Machu Picchu, los “viejos dolores enterrados”.
Y hay algo más en estas manifestaciones. Algo que las diferencia sustancialmente de las movilizaciones del pasado: ahora los gobiernos escuchan, les temen, ceden a sus demandas, como el de Sebastián Piñera; y hasta caen, como el de Manuel Merino en Perú.
En ese mismo juego de espejos, Perú y Chile han crecido exponencialmente durante los últimos treinta años, con exitosas economías de mercado y un manejo muy eficiente de sus recursos naturales. Esto los ha llevado a una prosperidad tal, que en un momento se creyó que podían dar el salto a lo que —como un colega vaticinó entusiasta hace unos años en Washington— algún día habrían de ser los “Tigres del Pacífico sudamericano”.
Desde luego, aún están a tiempo de lograrlo, si bien el desdoblamiento de sus economías, necesario para un desarrollo basado en la exportación de manufacturas, en ninguno de los dos casos parece muy cercano. Y así, la prosperidad no ha llegado a vastos sectores de la población, provocando más inequidad y mayor descontento social.
Otra similitud tan evidente como incómoda se da en el hecho de que quienes sentaron las bases para ese crecimiento económico fueron sus dos últimos dictadores: Augusto Pinochet y Alberto Fujimori. Y no solo sentaron las bases del crecimiento, sino que también ambos —y ahí parece estar la madre del borrego— promulgaron las constituciones nacionales por las que hoy se rigen sendos estados.
Según los expertos, los dos textos constitucionales son de muy buena calidad; además, en ningún caso han impedido la democratización. Uno pensaría que la solución a los problemas de inequidad y al lastre de sus clases dirigentes no pasa ni remotamente por cambiar la constitución. Sin embargo, no parece ser exactamente así como se ve en el Perú y, sobre todo, en Chile: allí su significado simbólico constituye algo parecido a una afrenta. Para un peruano o chileno veinteañero, que no ha vivido realmente el proceso de democratización, vivir bajo la constitución “de Fujimori” o “de Pinochet” resulta inadmisible, una muestra más de lo que su clase política acomodaticia está dispuesta a aceptar.
En Chile arrasó el “Apruebo” en el referéndum del pasado 25 de octubre para iniciar el proceso constituyente que producirá una nueva carta magna. Y en Perú se empieza a impulsar esa salida desde los partidos de izquierda, algunas ONGs afines y la página de opinión del diario La República. Aunque allí se ve más difícil. El movimiento de la pomposamente llamada Generación del Bicentenario empieza a ser cuestionado por voces muy atildadas de la intelligentsia limeña que empiezan a perder el miedo; y la debilidad del gobierno de transición encabezado por Francisco Sagasti difícilmente le permita acometer un proyecto de semejante envergadura.
Al final del día, lo que realmente importa es si estos movimientos, los cambios que parecen augurar, las nuevas constituciones que anuncian y los gobiernos de izquierda que seguramente traerán consigo, serán para bien o para mal. ¿Podrán alterar en algo el signo que a estos países les viene desde su nacimiento como repúblicas y forjar sociedades más justas y equitativas? ¿O naufragarán entre un mar de propuestas irrealizables y los cantos de sirena que algunos sectores de la izquierda saben entonar camino del gatopardismo?
Procurar un sistema más inclusivo, de base ancha y movilidad social será sin duda un gran reto para estos países. Pero no está del todo claro que eso sea lo que realmente quieren los movimientos de las nuevas generaciones, como hasta ahora lo ha sido el imponer su punto de vista, el acallar opiniones disidentes y el recurrir a la violencia cuando alguna decisión grande no ha sido de su agrado.
La interrogante que se abre, empero, no es del todo retórica: estos dos países hermanos del Pacífico, de culturas maravillosas, que a través de sus literatos nos han dejado ver su alma y su genialidad, ¿podrán mostrarnos ahora el camino de un verdadero progreso con equidad e inclusión social? ¿O terminará siendo la misma gata que acá en el Atlántico pero revolcada?