Dirige la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), una organización internacional dedicada a la defensa y la protección de los derechos humanos que en 2008 fue expulsada de Venezuela por “violentar la constitución” con un informe que denunciaba el “desprecio” del presidente Hugo Chávez por derechos fundamentales. Esta semana lanzó un pedido para que el gobierno de Nicolás Maduro investigue la violencia de los últimos días y solicitó que no se censure la cobertura informativa. En diálogo con El Observador, José Migue Vivanco expuso la “arbitrariedad” con la que está actuando un régimen “con reacciones de tipo autoritarias” y exigió a los países de la región cumplir con su “responsabilidad jurídica colectiva de defender la democracia y los derechos fundamentales”.
Frente a la convocatoria a manifestaciones pacíficas por parte de estudiantes y de sectores de la oposición al actual gobierno de Venezuela, este ha reaccionado con violencia, ha utilizado agentes uniformados de la policía que han actuado con brutalidad. Pero además han utilizado a civiles armados que han actuado con la tolerancia de la policía y atacado directamente con armas de fuego a los manifestantes con total impunidad. Los detenidos en algunos casos han sido objeto de abusos, vejámenes, golpizas. En su gran mayoría han sido liberados –algunos con varios días de prisión o detención arbitraria– pero con la condición de que no pueden volver a participar en una manifestación de protesta.
Al mismo tiempo, el gobierno ha hostigado a organizaciones de derechos humanos (…). El caso más aberrante es la detención de Leopoldo López, líder de la oposición que ha sido capturado arbitrariamente, violando todas las normas del debido proceso legal porque hasta ahora no se ha exhibido una causa que pruebe su detención y menos aún hay evidencias que lo comprometan en la comisión de delitos. Esto es de una arbitrariedad propia de un régimen autoritario y no democrático, pues es el jefe de Estado el que ordena y, para justificar la detención, invoca solamente teorías conspirativas, insultos. Se han formulado cargos contra él sin que haya evidencias serias.
¿Hay censura de la información?
Numerosos periodistas han sido agredidos en las calles y al menos 17 de ellos han sido detenidos. De estos, algunos han sido agredidos en prisión, despojados de sus cámaras y de sus instrumentos de trabajo. El gobierno ha reaccionado, además, con un bloqueo informativo con fuerte intimidación hacia los medios, advirtiéndole al ABC de España, Clarín de Argentina, El Mercurio de Chile y la agencia AFP que podrían ser objetos de sanciones si siguen –según el gobierno- “distorsionando la realidad”. Es el gobierno el que decide en Venezuela lo que es distorsión o información objetiva.
Esa es la situación actual, que empeora día a día y donde lo que prima es este tipo de abusos sin que hasta ahora exista una declaración fuerte y firme de la comunidad internacional dirigida a advertir al gobierno de Maduro que no tiene carta blanca, que aquí hay libertades fundamentales que están en juego y que la comunidad internacional no toleraría más abusos en estas circunstancias en Venezuela. Lamentablemente ha habido un gran silencio.
¿Cómo calificaría el sistema político de Venezuela hoy?
Estamos viendo un retroceso muy serio en la democracia y las reacciones de un gobierno que obviamente son de tipo autoritarias. Lo que distingue a ese país de los otros de la región –incluyendo Chile o Brasil, donde se han verificado manifestaciones públicas importantes en el último tiempo– es que frente a estas ningún gobierno reaccionó como lo está haciendo el de Venezuela. A ningún gobierno democrático latinoamericano se le ha pasado por la cabeza reaccionar censurando a los medios, amenazando, condenando al arresto al líder de la oposición, con insultos y sin exhibir pruebas que los comprometan en la comisión de un delito. Eso distingue a Venezuela.
¿No hay algo de cierto en la declaración del oficialismo de que la oposición genera violencia? ¿No exageran los opositores en sus denuncias?
En esto no hay confusión posible. Todas las evidencias proporcionadas por la sociedad civil, los medios de comunicación, los videos, las víctimas, las detenciones en algunos sitios masivas y arbitrarias, presos que son objeto de golpizas y vejámenes –un grupo de detenidos fue obligado a desnudarse y luego los golpearon–, la salida del aire de NTN24, la orden de detención sin pruebas y violando el debido proceso que fue dada por el gobierno de Maduro… no creo que haya confusión posible, no sé qué de todo esto se le puede imputar a la oposición. Efectivamente, hay denuncias de que durante las manifestaciones se produjeron hechos de vandalismo. Pero eso no significa que quieres estaban manifestando no lo hicieran en su gran mayoría pacíficamente, desarmados, para expresar su descontento como lo han hecho en otros lados.
En estas materias hay que ser muy riguroso. Es el gobierno el que tiene que responder ante la ciudadanía en Venezuela y la comunidad internacional por la manera en que está reaccionando e intimidando a aquellos que quieren protestar por las políticas económicas, sociales o la falta de políticas en materia de seguridad pública.
¿Qué busca HRW con su denuncia?
Tenemos la obligación de registrar objetivamente lo que ocurra en Venezuela y en cualquier sitio donde se estén produciendo violaciones a los derechos fundamentales o restricciones a las libertades públicas. Obviamente, también queremos persuadir a la comunidad regional a no permanecer impávida, en silencio o –peor aún– enviar mensajes avalando los hechos. En América Latina hay responsabilidades jurídicas colectivas que se han asumido para la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. La responsabilidad que tienen los gobiernos democráticos de la región es defender esos valores y no hacer la vista gorda ni, mucho menos por razones meramente ideológicas, apoyar políticamente a un régimen como el de Venezuela, responsable de este tipo de abusos.
¿Siente que luego de su denuncia hubo respuestas?
Hasta ahora no ha habido una mayor reacción. En todo caso, las diferencias que hubo en Unasur y en las declaraciones que el canciller Elías Jaua citó demuestran que en algunos países de la región, como Chile o Colombia, hay preocupación. Espero que se incremente la fiscalización regional respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela.
