¿Qué fue de los papeles de Panamá?

Fue la filtración de información más grande de la historia. Casi 12 millones de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca llegaron a manos del diario alemán Süddeutsche Zeitung con información sobre unas 214 mil compañías. A partir del 3 de abril de 2016, medios asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comenzaron a publicar noticias en torno a los Panamá Papers. Los datos de firmas y personalidades uruguayas fueron divulgados por el semanario Búsqueda.

Pero a 14 meses de que el caso sonara con fuerza, tuvo poca trascendencia en Uruguay. Al día de hoy, no hay ningún caso judicial que se iniciara raíz de estos documentos. El secretario antilavado Carlos Díaz –fallecido en febrero– anunció en abril de 2016 auditorías a estudios jurídicos o contables, escribanos e inmobiliarias para revisar su documentación, pero hasta el momento nadie resultó sancionado o investigado.

De todas maneras, el responsable de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Daniel Espinosa, indicó a El Observador que por más "que no haya habido consecuencias judiciales", eso "no necesariamente" quiere decir "que no va a haber otras consecuencias". "Pero tampoco es ilegal tener una sociedad en Panamá", aclaró.

Donde sí se generó algún movimiento fue a nivel impositivo. A partir de los Panamá Papers, la Dirección General Impositiva (DGI) comenzó una investigación que ya tuvo algunos resultados. El organismo ha reliquidado desde abril del año pasado impuestos por $ 95 millones (unos US$ 3 millones), a unos 95 contribuyentes que tenían actividades con sociedades offshore en paraísos fiscales, según informó a El Observador el director de Rentas, Joaquín Serra.

En promedio hubo una reliquidación de $ 1 millón por persona, indicó el jerarca. "El resultado primario es positivo aunque todavía no tenemos información completa de cómo ha evolucionado el IRPF por movimientos mobiliarios del exterior. El año pasado observamos una mayor recaudación por declaración jurada por este tipo de movimientos", agregó. La DGI venía recibiendo unas 800 declaraciones juradas de personas físicas que realizaban movimientos en el exterior y el año pasado recibió 1.200.

Según la investigación, Uruguay se encuentra entre los 10 primeros países que operaban como intermediarios a través de bancos, firmas de abogados y otro tipo de compañías. Tener una sociedad offshore no es ilegal, pero puede ser el punto de partida para la evasión fiscal o el lavado de activos. Búsqueda informó en abril del año pasado que los uruguayos vinculados a Mossack Fonseca tuvieron más de 5.000 compañías entre 1977 y fines de 2015.

Para el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, sean para fines lícitos o no, las offshore "pertenecen al mundo de la opacidad", según dijo en mayo del año pasado durante una disertación sobre los Panamá Papers. El Observador consultó al BCU sobre denuncias de operaciones sospechosas a partir de los Panamá Papers. El organismo respondió que "da a conocer información de carácter general" y no puntual como fue la consulta. Este año el BCU derivó cuatro casos a la Justicia, de 254 reportados como sospechosos.

Según Espinosa, los Panamá Papers evidenciaron "la dimensión del sector de servicios societarios en Uruguay". "No solo con sociedades uruguayas, sino vendiendo sociedades extranjeras, prestando servicios de tipo societario al extranjero. Eso es lo importante. Antes se discutía si había muchos riesgos. Tiene un volumen de servicios importante y con mucho riesgo. Para mí ese es el tema. Estamos acá, tenemos un sector importante que tenemos que prevenir bien los riesgos", dijo.

Espinosa agregó que la investigación sobre los papeles de Panamá "evidenció que en el país se usan mucho más las sociedades de países del Caribe y que se venden servicios a uruguayos y extranjeros".

"No es que haya que cortar la actividad. Hay que conocerla, prevenir y que las obligaciones de cada uno queden claras. Porque, por ejemplo, acá no hay claridad en cuanto a si una persona figura como director en 100 sociedades y lo que hace es solo firmar y no tiene idea de para qué se usan esas sociedades. No está claro si esa persona tiene una responsabilidad penal, administrativa o no. Nunca ha habido consecuencias para ese tipo de personas y es un servicio profesional que se presta", afirmó.

En la misma línea, el abogado Leonardo Costa –especialista en lavado de activos– señaló que con los Panamá Papers las sociedades offshore "dejaron de estar en el plano del anonimato". Con respecto al combate del lavado de activos en general, el experto sostuvo que "Uruguay persigue ese delito con un grado de efectividad bastante importante".

Evidenciar el tema implicó, por ejemplo, movimientos a nivel parlamentario. A principios de mayo de 2016, un mes después de que comenzaran las publicaciones sobre los Panamá Papers, el Senado aprobó la creación de una comisión para analizar la información de esos documentos. La comisión se ha centrado, básicamente en la legislación sobre el lavado de activos, a partir de un proyecto de ley que está planteado y que en la Secretaría Antilavado les urge aprobar junto con la legislación sobre la financiación del terrorismo.