Nacional > CAMPAÑA ELECTORAL
¿Qué piensan los precandidatos sobre las ocupaciones?
"¿Es tan difícil que uno quiera trabajar?”, se cuestionó Gloria Xavier, una trabajadora de un frigorífico en Salto, en conversación con El Observador en mayo de 2018, luego de que un video que la tenía como protagonista se viralizara. En el audiovisual se la mostraba protestando junto a un grupo de compañeros porque un grupo de sindicalistas habían ocupado la empresa y bloqueaban el ingreso. Ni los empleados no huelguistas -que eran mayoría- ni los patrones podían entrar a trabajar porque el presidente del PIT-CNT de Salto y sus afiliados no se lo permitían.
Esa situación (es decir, la ocupación de empresas) se repitió 33 veces el año pasado según las cifras del informe anual de conflictividad laboral elaborado por la Universidad Católica. La mayoría de ellas fueron ocupaciones a instituciones educativas por la Rendición de Cuentas y las protestas realizadas en supermercados por la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios (FUECYS).
En 2019 ya ocurrieron tres que estuvieron en el ojo público: en la sede central de DGI, en Fleischmann y en el frigorífico PUL de Cerro Largo.
Con la "lista negra" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un rincón y la exigencia de la multinacional UPM en el otro, el tema se coló en la agenda del año electoral. ¿Es la ocupación una extensión del derecho a huelga o no? ¿Qué dice la OIT sobre el tema? Y sobre todo, ¿qué dicen los precandidatos de los distintos partidos?
“La ocupación como una extensión natural del derecho de huelga es inconstitucional, viola el derecho de propiedad, viola la libertad de trabajo, está en contravención de los acuerdos internacionales que el Uruguay tiene en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros hemos asumido el compromiso con la ciudadanía de que sin nos toca el honor de gobernar el país a partir del primero de marzo del 2020 vamos a derogar el decreto que efectivamente interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho a huelga, no lo es”. Esas palabras, que las repite en la mayoría de entrevistas y actos en los que habla, son de uno de los precandidatos que más énfasis ha puesto en el tema: Ernesto Talvi, del Partido Colorado.
Pero no es el único que quiere que esos 33 casos se reduzcan a cero. Es más, son pocos los precandidatos que no se alinean a esta postura. En su partido, tanto Julio María Sanguinetti como José Amorín Batlle se pronunciaron en contra de las ocupaciones. El último, acusó al gobierno de “mirar para el costado por el PIT-CNT”.
En las líneas programáticas de Luis Lacalle Pou, el favorito en la interna blanca según las encuestas, también se propone la derogación del Decreto 165/006 que permite la ocupación como una extensión del derecho a la huelga. “Esta norma vulnera libertades y derechos protegidos por nuestra Constitución: libertad de trabajo, de empresa, de circulación, e igualdad ante la ley. Varios fallos judiciales lo confirman”, asegura el texto. En ese plan de propuestas del precandidato blanco no se exime de criticar al oficialismo que, según dice el documento, mantiene vigente el decreto “porque así se lo exigen los sindicatos”.
En el Partido Nacional todos están de acuerdo en el asunto. Jorge Larrañaga, Enrique Antía, Verónica Alonso y Carlos Iafigliola coinciden en lo positivo de la negociación colectiva (con algunos matices entre ellos) pero se oponen a este decreto que, según creen, atenta contra la Constitución. Juan Sartori, hasta ahora, no se ha expresado sobre el tema.
Edgardo Novick, del Partido de la Gente y Pablo Mieres de La Alternativa, también se suman a la lista de los que quieren que las empresas no puedan ser ocupadas por sus empleados.
Es en el Frente Amplio donde están los precandidatos que no pretenden revisar este asunto.
Carolina Cosse y Óscar Andrade han manifestado públicamente su apoyo a la idea de que la ocupación es una extensión del derecho de huelga y, por lo tanto, entienden que no se debe derogar el decreto.
El que tiene una posición más dividida sobre el asunto es el candidato favorito según las encuestas, Daniel Martínez. Para él, “la doctrina laboral en Uruguay mayoritariamente la ha considerado (a la ocupación) como una modalidad del derecho de huelga”. De todas formas considera “deseable” sustituir el decreto existente por otro que “concite el mayor consenso posible con los actores sociales”. Porque, según cree, si se lo deroga sin establecer una regulación sustitutiva la problemática se vería agravada.
Para Mario Bergara “las ocupaciones no son un problema hoy” y cree que “la utilización de las herramientas sindicales se ha dado con responsabilidad” en Uruguay. “Yo pienso que los derechos sindicales hay que respetarlos, y sobre todo los que están planteados en los organismos internacionales”, dijo en una entrevista con El Observador publicada este jueves.
¿Qué dice la OIT?
La mayoría de los precandidatos opositores argumentan, al referirse al asunto, que hay que “seguir el consejo de la OIT” y prohibir las ocupaciones. Sin embargo, para Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, la OIT avala este tipo de movilizaciones sindicales. ¿Pero qué es lo que realmente dice la organización?
Las interpretaciones diversas de lo estipulado radican en un mismo problema: en la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT hay dos puntos que se refieren a las ocupaciones y cada uno de los actores políticos se refiere a la que más le conviene.
Pereira, en conversación con El Observador, justificó su postura leyendo el inciso 784 de la recopilación de decisiones de ese Comité.
“En cuanto a las modalidades del derecho de huelga denegado a los trabajadores (paralización intempestiva, trabajo a reglamento, huelga de brazos caídos, huelgas de celo, trabajo a ritmo lento, ocupación de la empresa o del centro de trabajo), el Comité consideró que tales limitaciones sólo se justificarían en los casos en que la huelga dejase de ser pacífica”, dice el texto.
Para el sindicalista esa norma entiende que la ocupación es legítima al menos que deje de ser pacífica. Y esto efectivamente es así, no tiene otra interpretación. Pero al mirar solo ese punto se omite otro, el 978, que es el que estipula como deben ser las ocupaciones según la organización internacional.
“El ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma”, afirma el documento. Es decir, se permiten ocupaciones siempre y cuando se deje entrar a las instalaciones a los empleadores y a los trabajadores que quieran hacerlo.
Pereira, consultado por lo que dice este inciso, dijo que era de “Walt Disney”. “Quién lo aplica y cómo, nunca lo entendí”, agregó.
En una entrevista que le realizó Brecha el 15 de marzo, el presidente del PIT-CNT dio un claro mensaje a los precandidatos que piensan prohibir las ocupaciones: “No estamos dispuestos a dejar pasar ninguna disposición prohibicionista. Si a nosotros nos dicen que la ocupación como extensión al derecho de huelga no existe, no lo vamos a dejar pasar”.
A su vez, se refirió al tema como un ejemplo de “posverdad”. “El porcentaje de ocupaciones sobre la totalidad de los conflictos es minúscula, absolutamente minúscula. A veces se da la idea de que estamos frente a un enorme problema, cuando es uno muy menor”, dijo a El Observador. Sin embargo, este tipo de medidas en 2018 constituyeron el 32% de los conflictos, 6% más que el año 2017 y 22% más que en 2014, el último año electoral, según las cifras del informe anual de conflictividad laboral de la Universidad Católica.
Leonardo Slinger, abogado experto en derecho laboral, concuerda con Pereira en que lo estipulado por la OIT en el punto 978 es “inviable” además de no ser “la forma en que se ocupa en Uruguay”. Pero discrepa en lo esencial: “la ocupación es un acto ilícito, que implica la violación del derecho de propiedad, de la libertad de empresa, de la libertad de comercio y de la libertad de trabajo de los no huelguistas”. Además entiende que las ocupaciones, tal como se estilan en Uruguay, no son pacíficas. “¿Cómo se va a considerar pacífico que a vos te desplacen de tu derecho de propiedad? ¡Es como si te ocuparan tu casa, es lo mismo!”, afirmó.
El cuco de la “lista negra”
En el final de un documento primario del plan de acción para este año del PIT-CNT al que accedió El Observador, los sindicalistas dejaron escrito que hay dos cosas que debían agregar para definir la agenda de actividades de este primer semestre. En primer lugar, sumar las características y contenidos de lo que harán el 1° de mayo. En segundo, mencionan a la conferencia anual de la OIT y temen estar “nuevamente en la lista negra por las denuncias de las cámaras empresariales”.
Las “denuncias” a las que se refieren, en verdad, es una sola que se ha reactivado a lo largo de la última década. La novela comenzó en 2009 y, hasta el momento, parece no tener fin. El último capítulo lo protagonizó la OIT con su informe en febrero de este año de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. En el documento instan al gobierno uruguayo a que envíe al Parlamento un proyecto que “regule las ocupaciones de empresas”.
Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias, explicó que la “lista negra”, aunque no tiene ese nombre, es un listado donde se encuentran los países que no están cumpliendo con la reglamentación internacional. También aseguró que la queja, que según dijo fue acompañada por todas las cámaras empresariales, “sigue su trámite” pero se manifestó esperanzado porque “este año es un año especial: cumple 100 años la OIT y la queja cumple como diez años de ser reclamada”.
“Nosotros lo que necesitamos es que el gobierno cumpla con lo que dice la OIT. El país sigue en falta. Está en una lista con problemas porque ni esta administración ni la anterior llevaron al parlamento una propuesta de modificación de la ley de negociación colectiva como pide la OIT. Sino ya no estaría más. No es responsabilidad de las cámaras que esté la queja ahí”, apuntó.
