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¿Quiénes están obligados a pasarse a facturación electrónica durante 2019?
Las facturas y comprobantes en papel tienen sus días contados. La Dirección General Impositiva (DGI) quiere incluir a todos los contribuyentes en el régimen de facturación electrónica. Es por ello que todas las empresas, sin importar su tamaño, profesionales y unipersonales están obligados a pasarse al nuevo sistema.
El cambio empezó a implementarse de forma progresiva hace 8 años con la incorporación de distintos colectivos, según sectores y volumen de facturación. Este año deberán ingresar todos los contribuyentes que durante el 2018 facturaron más de $ 1.137.000 aproximadamente.
Las empresas, profesionales y unipersonales que vendieron en el último ejercicio más de 305.000 UI (unos $ 95.000 mensuales) tienen como fecha límite para postularse ante DGI el 1° de diciembre.
En el caso de quienes tuvieron ventas superiores a 750.000 UI en el último ejercicio (unos $ 233.000 mensuales) el plazo para postularse vence el próximo 1° de junio.
Para el cálculo hay que considerar las ventas netas sin IVA registradas al cierre del ejercicio económico y usar la cotización de la UI del primer día del año de cierre.
¿Cómo cambiar?
Para ingresar al sistema de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) se debe contar con certificado electrónico válido, un software (de desarrollo propio o externo) para la emisión de los certificados, además de dos direcciones de correo electrónico de uso exclusivo para este régimen, entre otros requisitos.
El ingreso (postulación) se solicita en la web de DGI mediante formulario y luego DGI envía una confirmación al correo electrónico.
Se pasa luego a la etapa de homologación y certificación. Durante un máximo de 180 días el fisco hace un testeo del sistema que se va a utilizar para facturar y que se realiza en el portal eFactura. En esa etapa se hacen pruebas libres de envío de documentos y reportes representativos de la operativa real de la empresa para verificar el sistema informático y depurar las aplicaciones.
Una vez se obtiene la autorización de ingreso al nuevo formato, se tiene un plazo de cuatro meses para documentar todas las operaciones de la empresa exclusivamente con CFE.
También existe un mecanismo de ingreso simplificado que automatiza varias etapas del proceso de certificación y que hace mucho más rápido el tiempo de homologación. Esto está disponible para quienes contratan un proveedor de software que está habilitado por la DGI y que se encarga del procedimiento en nombre de sus clientes. En el registro de la DGI figuran más de 100 proveedores habilitados.
Tomando en cuenta que el trámite lleva varios pasos, es recomendable que las empresas comiencen a trabajar en la facturación electrónica con anticipación a la fecha límite fijada por la DGI. En el sitio web del fisco se puede consultar en detalle los instructivos sobre el tema.
Soluciones
La gama de productos disponibles en el mercado es amplia y en general ofrece soluciones adaptadas a la necesidad de cada clientes. En algunos caso requiere la instalación de software y en otros funcionan directamente en la nube.
Los documentos emitidos se envían al instante y es posible facturar desde un teléfono celular, tablet o computadora, en cualquier lugar y durante las 24 horas del día.
Hay varias empresas que se encargan no solo del trámite de postulación y homologación, sino que también ofrecen asesoramiento para la emisión de las primeras facturas.
En general el cliente paga una suscripción mensual que se puede abonar con tarjeta de débito o mediante transferencia bancaria.
Por ejemplo, la firma Memory, una de las principales del mercado, ofrece el servicio de facturación electrónica para profesionales y unipersonales desde $ 299 más IVA, por hasta 20 certificados mensuales y un tope de facturación mensual de $ 400.000 más IVA. A ello se le suma un costo de implementación de $ 4.000 más IVA que se paga por única vez, según su página web.
En tanto, la DGI anunció meses atrás la creación de una aplicación para pequeños comerciantes, principalmente de servicios personales, y que no emiten más de 100 documentos al año. Esa solución permitiría facturar en la web de la DGI sin que ello implique nuevos costos para el contribuyente.
La omisión de los plazos para pasarse al nuevo régimen implica que la DGI pueda aplicar multas, independientemente de que se esté al día con el pago de todos los tributos.
