A confesión de parte...

Que los países del llamado "eje bolivariano" (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) son conducidos por gobernantes autoritarios, que hacen y deshacen cuasi a su antojo, es algo ya sabido desde hace varios años. Y aunque ello produce mucho daño en sus países a corto, mediano y largo plazo, hay toda una corriente de gobiernos y de sectores intelectuales de izquierda que no le otorgan la más mínima importancia en tanto esos países "luchen contra el imperio", ya sea representado por presidentes tan opuestos como Obama o Trump. Y se aferran al mantenimiento de ciertas formas democráticas para justificar un accionar rayano en el autoritarismo y en la dictadura.

A esos gobiernos de izquierda, especialmente de América Latina, no les preocupa la destrucción sistemática del estado de derecho. Nada hacen ni dicen frente a reformas constitucionales mediante "asambleas constituyentes" abiertas que barren con todas las constituciones anteriores, ni frente al desprecio de los derechos y libertades individuales tradicionales, o a la reelección indefinida de los presidentes y principales cargos ejecutivos, o frente a la destrucción de la independencia judicial y de la separación de poderes. Todos estos elementos son algunas de las marcas clásicas de esos regímenes autoritarios. Pero son contados los gobiernos que los denuncian y de ahí que Maduro haya gozado de un particular apoyo y complacencia de varios países latinoamericanos, pese a la represión que generó más de 100 muertos y acabó con cientos de personas presas por razones políticas, pese al cierre indiscriminado de medios de comunicación, pese a prohibiciones de salir del país, pese a la violación de la propia Constitución chavista para instalar una Asamblea Constituyente fraudulenta e ilegítima que no se dedica a elaborar una nueva Constitución sino a legislar sobre el presente, vaciando de poder a la

Asamblea Nacional, legítimamente electa en 2015 y totalmente ignorada por el señor Maduro.

Ahora, sin embargo, la situación parece esclarecerse, aunque no solucionarse, para los negadores de la triste realidad institucional de estos países. En efecto, las contundentes declaraciones del presidente boliviano Evo Morales ya implican una clara confesión de parte. Evo, en dura lucha con el Poder Judicial de su país para que habilite la reelección indefinida que perdió en el referéndum de febrero de 2016, afirmó esta semana que "la independencia de poderes, para mí, es una doctrina norteamericana", suponiendo que la mera invocación del "imperio" como obstáculo a su deseo, dará razón a su petición.

En efecto, los artículos que sus partidarios piden se declaren inaplicables son aquellos que limitan el derecho a ser elegible, que limita (la reelección) a dos períodos continuos. Y según señala el diputado Milton Barón, convertido en una especie de "padre fundador de la república de Bolivia" y devenido en egregio constitucionalista, "de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica y de acuerdo a la Constitución no pueden existir estas restricciones", sin explicar para qué se convocó a referéndum sobre el tema de la reelección.

Siendo muy triste esta afirmación, cabe festejar al menos que los propulsores del poder ilimitado de las autocracias se hayan sacado la careta demócrata y republicana, e inauguren una nueva forma de constitucionalismo donde el depositario del Poder Ejecutivo puede hacer lo que se le ocurra. Incluso hasta inventar la posverdad de que la separación de poderes es una doctrina norteamericana. ¿Qué dirá el pobre Montesquieu, padre de la separación de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pero con una monarquía constitucional como la que existía en Gran Bretaña, en su famoso libro El espíritu de las leyes? Ciertamente su libro, un clásico de la ciencia política, fue escrito en 1748, bastantes años antes de la independencia americana y de la aprobación de su Constitución en 1776.

Pero para los escritores de la posverdad ello no tiene importancia y menos aún si la verdad histórica contradice su teoría. Lo importante es liquidar de un golpe la independencia de poderes y en especial del Poder Judicial, piedra angular del estado de derecho, y así dejar lo político por encima de lo jurídico, y lo ejecutivo o parlamentario por encima de lo judicial.

Es que en el fondo, quienes desean establecer el poder cuasi absoluto de los presidentes y de las asambleas parlamentarias, necesitan desmantelar la independencia judicial. Y a ese fin son capaces de inventar disparates como el de Evo Morales o de inventarse una Asamblea Constituyente todopoderosa pero dócil a sus dictados. No olvidemos, donde no hay república hay autoritarismo. Y la república requiere, sine qua non, de la separación de poderes. Muerta esta, morirá la república, que es el límite ante el despotismo. Por ello, el Poder Judicial es siempre el primer bastión que los autoritarios quieren dominar.