A propósito de las empresas encuestadoras

Y analizando esta desconcertante paradoja surge como hipótesis lógica para explicarla el que los representantes del pueblo desconozcan el verdadero sentir de la gente o que –peor aún– estén siendo sistemáticamente desorientados, confundidos y hasta engañados por la información que reciben acerca de lo que demanda o prefiere la ciudadanía.

El pasado 24 de mayo, el programa Todas las voces de canal 4, por ejemplo, dio pábulo a esta inquietante presunción. En esa oportunidad, el director de la encuestadora Opción Consultores difundió varias noticias generadas por el Monitor de Opinión Pública de su empresa.

Una fue que interpelaron a 824 personas proponiéndoles determinadas respuestas y diciéndoles: “Tomando en cuenta todos los aspectos, ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional encabezado por Luis Lacalle Pou?”. Esto les habría permitido constatar que un 24% de la población la considera “muy buena”, el 31% “buena”, el 26% “ni mala ni buena”, el 9% “mala” y otro 9% “muy mala”, en tanto el 1% restante integraría un grupo conformado por los que “no saben” o “no contestan”.

Otra novedad expuesta por el sociólogo Rafael Porzecanski fue que tales guarismos habrían permitido a su equipo de analistas establecer por el sencillo expediente de sumar los porcentajes de juicios positivos (24% + 31% = 55%) y restar los porcentajes de juicios negativos (9% + 9% = 18%) que “luego de 15 meses de gestión, continúa un escenario de posicionamiento favorable para el oficialismo, con una brecha positiva de aprobación de gestión 37 puntos porcentuales” (55% - 18% = 37%), habiéndose registrado un incremento de tres puntos en comparación con otro sondeo realizado por esa consultora en febrero, cuando el total de los juicios positivos habría sido 52%.

Se trata de conclusiones inconsistentes e insustanciales, pero además equívocas.

Referirse al juicio que merece a la ciudadanía el desempeño del Poder Ejecutivo afirmando que recibe “37 puntos porcentuales de aprobación” es tan baladí e infundado como irreal. Aplicando el mismo criterio que sustenta este corolario también deberían adjudicarse a la gestión del gobierno “37 puntos porcentuales de aprobación” si ningún uruguayo la considerara “muy buena”, si el 40% de la gente la calificara como “buena”, si absolutamente nadie la juzgase “mala” y si apenas un 3% la reputase “muy mala”. Para esta eventualidad el porcentaje de las valoraciones positivas totalizaría 40% y el de las negativas 3%, dado lo cual igualmente habría “una brecha positiva de aprobación de gestión 37 puntos porcentuales”, aunque de ninguna manera “la visión de la opinión pública uruguaya” podría ser equiparada en ambas contingencias. Y habría múltiples casos análogos con derivaciones e implicaciones evaluatorias muy distintas, por lo que un dictamen semejante nada concreto ni útil revela, si bien parecería dar alguna credibilidad a quien se afanase por declarar: “El gobierno se posiciona ante la opinión pública de manera ampliamente favorable”.

A todas luces, aun cuando su cometido es medir el nivel de aprobación o desaprobación de la gente con respecto a cualquier asunto, los expertos en opinión pública de Opción Consultores ignoran cómo subsumir los posicionamientos individuales de un grupo humano cualquiera para determinar su talante global. De otro modo habrían podido inferir que para mayo, según los datos manejados por ellos mismos, el juicio del pueblo acerca de la gestión presidencial estaría ubicado en el punto +0,263 de un eje “aprobación desaprobación” en el que +1 fuera “muy bueno”, +0,5 “bueno”, 0 “ni malo ni bueno”, -0,5 “malo” y 1 “muy malo”, y habrían podido señalar esto con precisión.

Adicionalmente, sostener que se produjo en el trimestre que va de febrero a mayo una mejoría en el posicionamiento del gobierno ante la opinión pública de 3 puntos aduciendo que los juicios positivos en febrero totalizaron 52%, en tanto a mayo habrían sumado 55%, es también pueril, artificioso e irrazonable, aun pretextando que por tratarse “de un incremento leve y comprendido dentro del margen de error muestral, esta variación de uno a otro trimestre puede deberse tanto a fluctuaciones estadísticas como a un cambio real en la visión de la opinión pública uruguaya”.

Para constatar lo fatuo, delusorio y vano de semejante aseveración bastaría considerar que si en alguna encuesta ulterior las opiniones fueran las mismas excepto que nadie calificara el desempeño presidencial como “bueno” y hubiese alternativamente un 55% de personas que lo conceptuase “muy bueno”, este juicio más favorable del quehacer gubernativo pasaría inadvertido para los especialistas de Opción Consultores o sería interpretado equívocamente por ellos, visto que la diferencia porcentual de las valoraciones positivas de 52% a 55% fue presentada en su análisis comparativo entre las consultas correspondientes a febrero y a mayo como parámetro único y suficiente para detectar y para dimensionar el cambio de apreciaciones verificado en ese lapso, con lo cual en la referida hipótesis “la visión de la opinión pública uruguaya” les parecería que habría permanecido inalterada.

Por otra parte, aceptándose como válidas las ponderaciones que divulgaron a propósito del gobierno a inicios del trimestre (19% de juicios “muy buenos”, 33% ”buenos”, 27% “ni malos ni buenos”, 13% “malos”, 7% “muy malos” y 1% “no sabe” o “no contesta”) y al final del mismo (24% “muy buenos”, 31% “buenos”, 26% “ni malos ni buenos”, 9% “malos” y 9% “muy malos”, en tanto el 1% restante habría dicho no saber o no respondió), es claro e indubitable que la opinión de los uruguayos acerca de la gestión presidencial habría mejorado ligeramente , ya que del punto +0,222 en el que se habría situado en febrero habría pasado a ubicarse ahora en la cota +0,263 del eje “aprobación desaprobación” antes descrito.

Y este dato no es opinable ni sujeto a incertidumbre, ambigüedad o error; es veraz, exacto y concluyente; dimana de un cálculo rigurosamente matemático, su obtención resulta metodológicamente indiscutible, puede ser verificado empíricamente y cualquier persona discurriendo con tino estaría capacitada para llegar a él sin dificultad alguna.

Empero, ni siquiera la información básica generada por las firmas encuestadoras puede considerarse confiable: aunque ningún comunicador o comentarista reparó en esta circunstancia, como ha ocurrido tantas veces al día siguiente de haber anunciado el director de Opción Consultores que –según el estudio realizado por su empresa– la conformidad con el desempeño del Ministerio de Salud Pública se había desplomado nada menos que 10 puntos de febrero a mayo, su homóloga de Cifra, González Raga & Asociados, la también socióloga Mariana Pomiés, informaba que de acuerdo al análisis llevado a cabo por su equipo de investigadores el nivel de aprobación de la susodicha cartera ministerial en idéntico lapso había mejorado sensiblemente, por cuanto habría pasado a ser de un 71% a un 75%.

Disparatado y ridículo, ¿verdad? Al mismo tiempo que Opción Consultores afirmaba que disminuyó de 72% a 62%, Cifra, González Raga & Asociados aseguraba que durante igual período aumentó del 71% al 75%.

¿Y hay razones para dar mayor crédito a una encuestadora que a otra? No. Ambas declaran haber obtenido los guarismos que divulgaron consultando por teléfono a poco más de ochocientas personas escogidas aleatoriamente a lo largo y a lo ancho del país y ajustando luego sus respuestas de acuerdo a pautas y a criterios que se niegan a transparentar.

Pero lo más absurdo y bochornoso es que probadamente ninguno de sus presuntos analistas posee la mínima idoneidad indispensable para conjugar los pareceres de un grupo cualquiera de sujetos a efectos de averiguar su postura global. Solo atinan a expresar que algunas personas califican algo de cierto modo y que otras lo hacen de manera contraria, sin haber logrado jamás vislumbrar siquiera cuál sería el posicionamiento colectivo de todas ellas.

A mayor abundamiento, el director de la consultora Factum sostuvo siete días más tarde que la gestión presidencial había recibido para el mes de mayo una valoración muy diferente a la descrita por sus colegas: el desempeño gubernativo –según testimonia– recibió un 13% de juicios “muy buenos”, 36% ”buenos”, 1% “ni buenos ni malos”, 31% “malos” y 17% “muy malos”, en tanto un 2% debió ser incluido en el sector de la población que “no sabe o no contesta”. Y como el porcentaje de valoraciones positivas totalizó 49% y el de las negativas 48%, el también sociólogo Eduardo Bottinelli declaró que habría un saldo a favor del gobierno de un punto porcentual.

Otro anodino y grotesco aserto, pero además tramposo: en realidad la opinión de los uruguayos –a estar por sus propias “mediciones”– estaría ubicada en el susodicho eje “aprobación-desaprobación” sobre la cota 0,015, lo cual denota que habría un juicio global negativo aunque de muy exigua magnitud con respecto al desempeño presidencial.

Y es claro que tampoco los técnicos de Factum advierten que una diferencia entre los juicios aprobatorios (49%) y reprobatorios (48%) puede corresponder a valoraciones colectivas muy distintas y hasta radicalmente contradictorias. Verbigracia: para una situación hipotética en la que también hubiera un 2% de personas que “no saben o no contestan” pero hubiese 45% de juicios “muy buenos”, 4% ”buenos”, 1% “ni malos ni buenos”, 46% “malos” y 2% “muy malos”, el posicionamiento anímico global se ubicaría en el punto +0,224 del eje “aprobación-desaprobación”, revelando un juicio positivo casi a medio camino entre “neutral” y “bueno”, por más que la diferencia entre los juicios positivos (49%) y los negativos (48%) continuara siendo la misma. Y si existiendo igual proporción de individuos que “no saben o no contestan” los demás porcentajes fueran de un 5% “muy buenos”, 44% “buenos”, 1% “ni malos ni buenos”, 3% “malos” y 45% “muy malos”, el “saldo neto” entre los juicios positivos y negativos también sería 1, aunque ahora la valoración conjunta estaría situada en la cota -0,199, poniendo en evidencia una disconformidad significativa con la gestión del primer mandatario, lo que pondría de manifiesto un clima social preocupante y una situación políticamente riesgosa para él y para su gabinete.

Por supuesto, los múltiples desatinos aquí reseñados no son cometidos únicamente por las encuestadoras mencionadas. Todas indefectiblemente generan reportes desvirtuados por las mismas aberraciones conceptuales y metodológicas. Y esto es chocante y desolador. Pero además, extremadamente nocivo. Estas firmas comerciales atentan gravemente contra el normal andamiento de nuestra comunidad y aun contra la paz, la justicia, el progreso, el comercio, el arte, la estabilidad institucional y todo aquello que nos atañe corporativa e incluso individualmente, dado que operan como el único venero de información disponible para conocer el sentir que predomina en la sociedad. Cualquiera de sus dictámenes, aun cuando sea notoriamente incompatible con algún otro y aun opuesto a la percepción general, es recibido acríticamente y divulgado en forma intensa por comunicadores y por comentaristas que los presentan como si tuvieran alguna clase de respaldo científico, pese a que sus notorios, graves y a menudo escandalosos errores prueban exactamente lo contrario.

Y siendo que también las autoridades públicas dan crédito a estas burdas, torpes y dañinas fabulaciones, ¿cómo podrían elaborar programas y estrategias acordes a la voluntad popular, implementar planes de gobierno convenientes y atractivos para la ciudadanía, respaldar, proponer o priorizar emprendimientos que apunten a satisfacer el interés de la comunidad, propiciar el bien común o desarrollar su tarea en consonancia con las necesidades, con los requerimientos y con las predilecciones de sus conciudadanos?

Es desde todo punto de vista imposible. Por esto, para los mandatarios –a menos que les resulte ventajoso confabularse con algunos presuntos expertos en opinión pública para embaucar a la población o que no les importe que su tarea, su prestigio y aun su integridad y su indemnidad personal se vea puesta en riesgo por los devaneos, por las maquinaciones, por la venalidad, por el afán de protagonismo, por las inclinaciones ideológicas o por la impericia de los encuestadores– deberían preocuparse hoy más que nunca, debido al desasosiego, a la incertidumbre, a los temores, a la irritabilidad, a la impaciencia y en particular a las condiciones de incomunicación y de confinamiento que imperan por la pandemia, por instituir una herramienta de consulta popular que permita expresar a cada persona en cualquier momento y circunstancia de manera categórica, pacífica, práctica y con las máximas garantías de seguridad, privacidad y salubridad su postura en relación con todo aquello que le incumbe, así como procesar la información generada por esa vía para develar en tiempo real, de modo fidedigno, con exactitud matemática y acaso de modo permanente lo que opinan sus conciudadanos acerca de todo asunto de alcance comunitario, incluso desagregado por cada variable o peculiaridad estadísticamente significativa.

No hacerlo con seguridad será catastrófico.

Por fortuna ya fue diseñado un instrumento que permitiría lograr este objetivo; solo hace falta construirlo y ponerlo en funcionamiento cuanto antes para beneficio de todos. Por ende, cada persona debería reclamar su inmediata existencia y habilitación para renunciar a expresar de manera penosa, humillante, ofensiva o agresiva lo que juzgue pertinente a fin de comunicarlo a sus representantes y quienes desempeñan tareas de gobierno. También deberían promover y respaldar esta iniciativa tanto para dar testimonio de sus convicciones democráticas y de su vocación de servicio como para saber positivamente lo que desea y lo que piensa el pueblo a fin de lograr con él una óptima inteligencia recíproca.

Sergio Hebert Canero Dávila