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Abogados afirman que allanamiento a Azul FM y casa de Álvarez fue un "exceso absoluto" de la fiscal y la jueza
La orden de allanamiento solicitada por la fiscal Mariana Alfaro y firmada por la jueza Patricia Rodríguez a los estudios de la radio Azul FM y a la casa del periodista Ignacio Álvarez tras la difusión de audios vinculados a la denuncia de violación grupal, por la que el pasado jueves fueron imputadas tres hombres, fue visto como un "exceso absoluto" opinaron tres especialistas en materia legal.
Los abogados Ruben Correa Freitas, Martín Risso y Juan Fagúndez coincidieron en que el pedido de la fiscal Mariana Alfaro y el aval de la jueza Rodríguez fueron contra las "garantías" que Uruguay, como Estado de derecho, le debe garantizar a cualquier periodista que ejerza su trabajo. Los profesionales coincidieron, consultados por El Observador, que en este caso la actuación de la justicia fue desacertada.
"Me parece que fue un exceso absoluto, que no se debió haber hecho un allanamiento, que viola pautas y criterios internacionales importantes. Le erró la fiscal y le erró la jueza", opinó el constitucionalista Martín Risso. "Los periodistas tienen el derecho a preservar el anonimato de sus fuentes. Ahí le erraron la fiscal y la jueza. No caben dudas de que le erraron", insistió.
En tanto, el catedrático de derecho constitucional Ruben Correa Freitas explicó que, por ley, "siempre se debe proteger la independencia de los periodistias", cosa que, a su entender, no sucedió en esta situación. "Yo reivindico el derecho sagrado de la más irrestricta libertad de expresión del pensamiento, que es clave para el Estado democráctico y para el Estado de derecho, que lleva de la mano a la libertad de prensa. Hay libertad para expresar el pensamiento, pero el limite es la moral, las costumbres y el derecho de los demás".
Correa Freitas hizo mención al artículo 29 de la constitución uruguaya, que refiere a la "más amplia libertad de prensa", para subrayar que el derecho de Álvarez se vio vulnerado a partir de la intervención policial. "Me preocupa mucho el problema del allanamiento en Azul FM y en el domicilio particular del periodista. Creo que estamos en el límite con relación a la libertad de prensa. Me genera una enorme preocupacion porque en un Estado de derecho y en un país democrático como Uruguay la libertad de prensa y de los medios de comunicacion -radio, televisión, diarios- tiene que ser amparada y protegida. Además, hay un derecho que tienen todos los periodistas que es mantener en secreto a sus fuentes que les dan la información", indicó.
El abogado sostuvo que si bien es "respetuoso" y "cuidadoso" con la justicia, la medida le resultó "inconveniente". En su lugar, cree que hubiese sido preferible citarlo a declarar. "Creo que el allanamiento no es posible, salvo que la justicia estuviera buscando otro tipo de delito", matizó.
La situación retrotrajo al abogado Juan Fagúndez a los tiempos de la dictadura y en su cuenta de Twitter escribió: "Orden de allanamiento a una radio buscando material de una crónica periodística. No solo me retrotrae a los 70 sino que es delito".
Así lo ejemplificó, por su parte, Risso, quien comparó el episodio con otros hechos sucedidos en Venezuela y Nicaragua: "Fue un exceso absoluto lo que se hizo. Esas cosas pasan en la Nicaragua de (Daniel) Ortega, no en uruguay. Fue horrible y no se puede justificar".
Los especialistas recordaron que los periodistas tienen el "derecho a preservar el anonimato de sus fuentes" e insistieron en que la decisión de la jueza intentó corromper con esa norma. "Esa orden de allanamiento para mí puede hasta llegar a ser un delito. Es ilegal que uno dé un allanamiento (en esas condiciones). Ahora todo el mundo está mirando a la fiscal. Ella puede pedir una canasta de huevos negros si quiere. El tema es el juez que se lo da. Esto no puede volver a pasar. Es gravísimo", concluyó Fagúndez.
