Abogados discutieron el allanamiento a Azul FM, la difusión de los audios y la "batalla" en los medios entre Fiscalía y defensores

En ese marco, el Colegio de Abogados del Uruguay organizó este martes un conversatorio bajo el título "La Justicia Penal y los medios de comunicación", para sumar su visión a la de otros colectivos –como la Asociación de Penalistas o la Asociación de Fiscales– que ya habían salido rápidamente a marcar una postura sobre el tema.

Durante el intercambio –en el que se cuestionó el proceder del allanamiento a la radio de Álvarez pero también se dieron argumentos respecto a por qué podría haber delito en la difusión de los audios–, la presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay, Laura Capalbo, transmitió que se encuentran "muy preocupados por la Justicia Penal" a partir de estos casos, que a su juicio muestran una "verdadera batalla en los medios de comunicación entre fiscalía y abogados defensores" que "termina exponiendo a víctimas y a indagados". 

"Todos tienen micrófono y eso llevó a que distintos interlocutores con mayor o menor formación jurídica, con mayor o menor involucramiento en el tema, se volcaran a los medios de comunicación a realizar una serie de afirmaciones que condujo a desviar la atención del tema de fondo y no abordar como corresponde lo que es la colisión de distintos derechos", resaltó la abogada. 

En ese sentido, reivindicó el rol del abogado como "el principal guardián del sistema penal" y lamentó que se los tienda a "juzgar por la conducta" de sus defendidos. 

Críticas a la Fiscalía y al Código Procesal Penal

La jornada de debate estuvo compuesta por dos mesas. De la primera participaron los doctores Beatriz Scapusio, Gustavo Bordes e Ignacio Soba. En la segunda mesa expusieron los doctores Gianella Bardazano, Florencio Macedo y Diego Gamarra. 

En su alocución la exfiscal Beatriz Scapusio, docente grado 4 de Derecho Penal,  puso advirtió que estos episodios fueron "la piedra de toque que vino a alertar cómo está funcionando realmente nuestro sistema penal en lo fáctico". Scapusio, que se retiró del Ministerio Público en 2011, señaló que actualmente se vulnera "en forma notoria el estado de inocencia". 

La abogada criticó a la fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio por hacer "manifestaciones en la prensa puntualmente respecto de la investigación", lo que, según dijo, está vedado por el código penal. Sostuvo que la fiscal brindó "opiniones personales, adjetivando sentimientos personales y de su equipo técnico respecto de los involucrados" y que incluso mencionó que los tres involucrados se habían negado a hacerse el ADN cuando no fue así. 

Además, Scapusio calificó el allanamiento al periodista Álvarez como "desproporcionado e inmotivado". "Muestra un desconocimiento de los derechos que cubren a un periodista", entre ellos la absoluta reserva de las fuentes, indicó.

Por su parte, el abogado y docente Gustavo Bordes puso el foco en la posibilidad de que los operadores jurídicos estén influidos por la prensa. "Los jueces y los fiscales van a decir que ellos no leen la prensa y no les influye, pero por supuesto que a todos nos influye que el caso se esté ventilando. En más o menor grado", valoró.

Bordes cuestionó que la mediatización también muchas veces acelera los procesos. "No todas, pero hay muchos que tenemos denuncias presentadas hace un año y las Fiscalías no han citado a nadie. Pero sabemos que hay casos que se denuncian hoy y hoy de tarde o mañana ya se está actuando. ¿Esa fiscal no tiene trabajo o es porque el caso está en la mira de todo el público?", preguntó. 

En otro orden, recordó que por los artículos 45 y 144 del Código del Proceso Penal (CPP), la Fiscalía debe cumplir con el principio de objetividad y que no es deber de la Fiscalía patrocinar a una parte, sino intentar dilucidar lo ocurrido. 

¿Se cometió un delito al haber emitido contenido íntimo en un programa de radio?

El docente de Derecho Constitucional Diego Gamarra analizó si el periodista Ignacio Álvarez cometió un delito al emitir al aire audios con contenido sexual sin la autorización de todos los involucrados. El constitucionalista recogió el concepto del principio de proporcionalidad acuñado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán y a partir de ello sometió el hecho a una prueba. 

Las consultas para establecer el examen de proporcionalidad, según indicó, son las siguientes: La primera es si hay un fin legítimo para la difusión de los audios. Si se entendiera que sí, debe examinarse su idoneidad (la efectividad de la medida para alcanzar el fin trazado). Luego, se evalúa el principio de necesidad (revisar si no hay medidas menos lesivas que lleguen al mismo fin). Por último, la proporcionalidad en sí misma. Si uno de ellos falla, la acción se considera ilegítima. 

De acuerdo al análisis de Gamarra, pretender esclarecer los hechos o sumar oyentes son fines legítimos. También entendió que la decisión fue idónea, porque logró satisfacer a la audiencia e informar. Sin embargo, sostuvo que no cumplió con el tercer criterio, que es el de necesidad.

Si bien valoró que es debatible que haya interés público, cree que "la afectación a la intimidad" fue innecesaria. Existía "la posibilidad de informar lo mismo, con contundencia, pero sin semejante exposición. Existen otros medios razonablemente idóneo para informar sobre el hecho", argumentó el experto. 

Otros criterios tomados en cuenta son si los hechos ocurrieron en un lugar público y los participantes son personas públicas. En este caso, la respuesta es negativa para ambos elementos. 

Por otra parte, Gamarra dijo que "se ve vulnerado el acceso a la Justicia por la posibilidad de una revictimización por el menoscabo a la vida privada que puede llevar  a un repudio por el sistema de Justicia y sus respuestas y tener alguna preferencia de no avanzar en el proceso".