Al gobierno, con el poncho

El presidente cambió la tónica inicial en cuanto al relacionamiento con la protesta del campo. A principios de año fue lento a la hora de recibir a las gremiales del agro y, cuando lo hizo, sembró dudas sobre la legitimidad de los autoconvocados al declarar que sus interlocutores son exclusivamente las organizaciones históricas. Aquellas rechazaron su propuesta de instalar una mesa de diálogo hasta la cita de Durazno, donde una multitudinaria e histórica concentración revoleó colectivamente el poncho. Y tuvo el poder suficiente para hace reaccionar a un gobierno sin afinidad con los empresarios. Pero la mirada conciliadora de la mayor dirigencia de izquierda hacia los productores había surgido antes. La idea de escuchar y atender los reclamos se fue configurando con el correr de los días previos a Durazno.

En esa línea se fueron plantando el expresidente José Mujica, su esposa y vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, el intendente y probable candidato presidencial del FA, Daniel Martínez y el intendente canario Yamandú Orsi.

Hay motivos para evitar el choque, más allá de la justificación de algunos reclamos: El descontento del campo puede propagarse fácilmente hacia las ciudades del interior, donde los habitantes saben lo que pesan los impuestos y las tarifas públicas en la calidad de vida. Eso es así a pesar de que una clase media de trabajadores goza de la contracara de los productores rurales. Salarios reales en alza continua, dólar barato que permite comprar auto, moto, celular y veranear en el este y en Florianópolis. El descontento y el malhumor pueden sobredimensionarse y convertirse en letales desde el punto de vista electoral, algo que la coalición no se puede permitir.

En medio de ello, el Frente Amplio y varios dirigentes de nivel medio estaban en otra. Buscaron provocar a los productores a los efectos de crear una confrontación política entre la izquierda y la oposición para deslegitimar la protesta de los que consideran oligarcas en 4X4. Fracasaron en ello, de la misma manera que las voces rurales favorables a un paro del campo. Primaron las voces serenas en vez de agresiones.

Ahora Vázquez estuvo atento a la jugada. Al día siguiente de la manifestación de Durazno invitó a las gremiales para el lunes 25 y dirigió una carta especial a la Federación Rural, que le había desairado al no asistir al último encuentro. Y, sin aviso previo, recibió incluso a los autoconvocados que el viernes pretendían tan solo entregarles su proclama. De los reclamos, lo más factible es una rebaja en el gas oil y la electricidad para algunos sectores. El economista Ignacio Munyo dijo a VTV Noticias que disminuir 30% el gasoil y 15% la tarifa de UTE como piden los productores costaría US$ 700 millones, equivalente a 3,5% del gasto público. Con el dólar bajo –el principal problema de competitividad–, el gobierno no tiene más para hacer.

Los gestos del presidente, junto con la información oficial de que desde el martes se prepara un paquete de medidas para el campo, muestran una sensibilidad que hasta hace poco no estaba. Su postura incluso supone dejar de lado aquella estrategia que aconseja no negociar bajo presión para evitar señales de debilidad. ¿Por qué? Varios referentes saludaron la movilización como expresión popular de la protesta, aunque se trate de empresarios. Es un código que la izquierda respeta y entiende. También sabe que en este sector social es algo extraordinario y, por ello, merece mucha atención.

La disposición del gobierno a discutir medidas de alivio para algunos sectores del campo es nítida. Está por verse si alcanzan para calmar a un movimiento rural, intérprete de un general descontento empresarial que se siente fuerte, capaz de influir en la política económica del gobierno y hasta cuestionar la representatividad de las gremiales tradicionales del campo.