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Cartel internacional amenazó de muerte a fiscal de Drogas y se reforzó la seguridad
La fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero fue amenazada de muerte por parte de un cartel internacional de drogas y su custodia fue reforzada, según confirmó El Observador con fuentes de la Fiscalía de Corte.
El mensaje lo recibió por WhatsApp hace aproximadamente dos semanas. El texto que le enviaron detallaba información sobre algunas de las grandes incautaciones de droga que se realizaron en investigaciones lideradas por ella en los últimos meses, dijeron los informantes. Sobre el final del mensaje estaba la sigla de la banda criminal.
La última confiscación importante de droga tuvo lugar a fines de abril, cuando fueron encontrados 454 kilos de cocaína repartidos en una camioneta hallada en un campo de Artigas y en un camión con leña que se dirigía de Artigas a Canelones. Por este caso, a pedido de Ferrero fueron imputados con prisión dos hombres –hermanos entre sí– por los delitos de depósito y transporte de estupefacientes.
Las fuentes de la Fiscalía de Corte aseguraron que en forma inmediata "se tomaron todas las medidas" de seguridad pertinentes para proteger a la fiscal y que "desde el primer minuto" se informó de la amenaza al director nacional de la Policía, Diego Fernández. Una fiscalía de Flagrancia, además, investiga la procedencia de la amenaza.
Ferrero dirige varias investigaciones que apuntan contra grandes bandas de narcotraficantes que están actualmente en curso, como el caso de 4.500 kilos de cocaína que fueron incautados en junio de 2019 en el puerto de Hamburgo (Alemania), en un contenedor que había salido de Montevideo semanas antes. Por esta investigación fue imputado Martín Mutio por un delito de asistencia al narcotráfico, en principio con prisión preventiva, luego bajo arresto domiciliario, pero ahora, luego de una audiencia del 4 de mayo, aguarda el juicio oral en su casa sin ninguna medida cautelar.
Ferrero también indaga los vínculos de la banda brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) con delincuentes uruguayos. Este caso comenzó a investigarse en julio del año pasado, a raíz de una información aportada por la Agencia Brasileña de Inteligencia, en cuyos datos figuraba el nombre y el número de teléfono de Fernando Otalivio Frabasil Gómez, líder de la célula uruguaya del PCC, y que fue imputado de un delito de asociación para delinquir a fines de 2019, junto con otras tres personas.
Antecedentes
La ultima amenaza de muerte concreta que recibió un fiscal había llegado a mediados de octubre de 2019. El destinatario fue Alejandro Machado, uno de los fiscales que investigó en Uruguay al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo –imputado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas–. Machado recibió una carta por correo que decía, en mayúscula y con letras grandes y azules, lo siguiente: "Fiscal Machado. Acepte acuerdo. Devuela US$ (sic). Cuide a su familia. Cuidece (sic).". Al pie de la hoja cuadrada –a la que accedió en ese momento El Observador–, aparecían dos iniciales como firma: B.F.
El 21 de ese mes, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que estaba "permanentemente evaluando situaciones de riesgo como esta y otras". En diálogo con El Observador, Díaz agregó entonces: "Sea a través de amenazas, de denuncias penales o de juicios civiles, son todas estrategias contra fiscales que hemos visto en América Latina como forma de intentar amedrentar el accionar de los fiscales. No inventaron nada nuevo en Uruguay".
El propio Díaz recibió un llamado un sábado de noviembre de 2017, en la sede de la Fiscalía, con un mensaje directo: la amenaza de matarlo provino de una voz que se presentó en nombre del "Comando de Restauración Nacional". Luego de un año de investigación, el abogado Juan José Ayala fue identificado como el responsable de la llamada, e imputado por la amenaza, pero fue absuelto por la Justicia luego de que el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno aceptara el argumento de los abogados del imputado de que en el juicio se había cometido un error de forma que viciaba todo el proceso.
En junio de ese año también fueron amenazados de muerte el juez José María Gómez y el hoy diputado y exfiscal Gustavo Zubía, quienes entonces recibieron custodia del Ministerio del Interior.
En una nota publicada por El Observador ese año, se informó que 15 de los 50 jueces y fiscales que había en ese momento en Montevideo tenían custodia, y habían recibido amenazas, según datos del Ministerio del Interior.
