En setiembre la refinería de La Teja se apagará por completo. Durante un período de cuatro meses –mínimo–, Ancap realizará una parada técnica para sustituir parte del equipamiento principal de esa industria, según informó El Observador a mediados de abril.
Además, el flujo de fondos proyectado por la empresa para 2023 muestra la necesidad de contar con fondos adicionales. Eso implica tomar endeudamiento financiero para hacer frente a las necesidades de capital de trabajo proyectadas.
Durante los cuatro meses que dure la parada técnica de mantenimiento el ente deberá importar combustibles para sustituir la falta de producción propia (unos 600 mil metros cúbicos) que se prevé almacenar en Terminal del Este en José Ignacio
La compra de productos refinados importados se financia a 30 días de plazo, a diferencia de las compras que se realizan a proveedores de crudo y que se financian habitualmente a 90 días de plazo.
Esa situación genera un aumento en las necesidades de capital de trabajo para cubrir la pérdida de días de financiamiento con proveedores, que se estima en unos US$ 237 millones.
Asimismo, en todo ese tiempo de parada técnica se perderá el margen de refinación que se obtiene al procesar el crudo, unos US$ 180 millones que no ingresarán a la caja de la empresa, según han manejado sus autoridades.
Por otro lado, tomando en cuenta que los Precios de Paridad de Importación (PPI) se han determinado valorando los costos de compra de los distintos derivados en valores inferiores a los que Ancap ha accedido en el mercado, “el ente también deberá financiar las perdidas asociadas a ese costo extra”, dice la resolución a la que accedió El Observador.
La empresa requiere para su operativa diaria una caja mínima del entorno del costo de 1,25 millones de barriles, que a US$ 89 por barril, son unos US$ 111 millones.
En ese contexto el Directorio de la empresa aprobó la toma de endeudamiento financiero por hasta US$ 300 millones. Ese financiamiento será utilizado “en la medida de que la evolución de las variables macroeconómicas que impactan en la empresa y los futuros ajustes de precios al público lo ameriten”.
Eso significa que se podrían realizar varios llamados para conseguir los fondos y su ejecución podría ser en tramos hasta completar el tope mencionado. Las adjudicaciones deberán ser con previa autorización del Poder Ejecutivo.
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