25 de octubre 2020 - 5:00hs

No han sido días buenos para el gobierno. Los números de contagios por Covid 19 se han incrementado y están en una meseta que no se había visto ni siquiera al comienzo de la pandemia a mediados de marzo.

Es verdad que el país está mucho mejor preparado que entonces para enfrentar la pandemia. Es verdad que se hacen mucho más tests diarios y que se rastrea rápidamente el origen del foco infeccioso. También es cierto que después de varios meses de “cuidado responsable” y de “actividades cerradas” hay un afloje natural de la gente. Sobre todo en la población de menor o escaso riesgo como es la de menor edad. Y la situación no es tan grave porque el gobierno apeló a la libertad responsable en lugar de la cuarentena forzada.

Basta ver lo que ocurre en Argentina: llevan la cuarentena más larga del mundo y no solo se les derrumbó la economía sino que tampoco lograron salvar la salud. Hoy ya superaron a Italia en cantidad de muertos por millón de habitantes y se acercan a los primeros puestos del Top 10 mundial en números de contagios. Además testean poco y testean mal. Un fracaso rotundo del gobierno de Alberto Fernández por errores de gestión, por provenir de una matriz ideológica opuesta a la libertad, y por falta de respuesta de una sociedad habituada a saltarse las reglas y normas, sean del tipo que sean.

Uruguay también tiene otra vulnerabilidad: su frontera seca con Brasil. Ya no es solo el tránsito comercial de camiones, que puede controlarse. Es el despliegue de miles de personas que vienen los fines de semana desde Brasil a realizar sus compras pese a que Uruguay “está caro”. Es algo incontrolable. Imposible de hisopar. Imposible de rastrear. Las imágenes de ómnibus llegando de Rio Grande do Sul con miles de pasajeros produce miedo. Gente que no se cuida en su país y que viene al nuestro con la misma despreocupación. Como si alguien infectado se metiera en casa ajena sin pedir permiso y sin tener la menor preocupación por los efectos de sus acciones. Frente a este aumento de casos, que aún está bajo control pero que puede dispararse como en Costa Rica e Islandia, el gobierno ha jugado fuerte para la temporada turística, decidiendo mantener cerradas las fronteras. O muy limitadas. Pero el problema no está en lo legalmente permitido sino en lo que efectivamente ocurre en la práctica. Y da toda la impresión de que habrá que tomar medidas más duras en los principales puntos de contacto con Brasil -Rivera, Rio Branco y Chuy- porque el trasiego de gente puede ser incontenible. Es decir, puede llegar la hora de tomar medidas más drásticas aunque tengan efectos sobre la actividad comercial de la zona. Y al gobierno no le puede temblar la mano. Frente a la avalancha brasilera no juega la “libertad responsable” porque los brasileros no están bajo la égida de nuestro gobierno. Tampoco los muchos argentinos que vienen y que lamentablemente no cumplen las normas de cuarentena de siete días que corresponde, dan números falsos de celulares y tornan imposible rastrear su actividad.

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En esos casos corresponde aplicar todo el peso de la ley y devolver a su país de origen a quien viene a nuestras costas a hacer lo que les da la gana y saltarse las normas.

Es mucho lo que está en juego, y quien no acepta las normas de la libertad responsable no tiene cabida dentro de nuestras fronteras. Le guste a quien le guste y tenga el patrimonio que tenga. En la aplicación de la normativa, el gobierno no puede aflojar ni un milímetro. Por lo demás, la renovada atención a la situación sanitaria no debe ser excusa para que el gobierno se distraiga de la impostergable tarea de realizar las reformas estructurales que son vitales para atraer inversiones. Ya se aprobó la LUC y el presupuesto tiene media sanción. Son las dos grandes herramientas con las que cuenta para realizar transformaciones profundas que dejen huella y estimulen la inversión privada, la competitividad del país y la capacitación de sus habitantes. Hay que reformar la educación a fondo y en ello no influye la pandemia. Tampoco la pandemia impide cambiar la gobernanza de las empresas públicas y su vínculo con el fisco. Se derogó el decreto que permitía ocupaciones y piquetes pero aún sin ello hay demasiada rigidez laboral en Uruguay. No basta con un plan de promoción de inversiones que permita deducir el IRAE futuro cuando hay empresas pequeñas e innovadoras que aún no tienen ganancias y que se verían más favorecidas con una exoneración de aportes patronales al BPS. Sigue sin haber facilidad para acceso al crédito, bancario y no bancario. El mercado de capitales para empresas pequeñas y medianas es inexistente.

Son muchas las cosas que podrían implementarse aún en época de pandemia. Y nos dejarían mejor perfilados para los próximos años, en los que se juega el partido de Uruguay. Todo lo vinculado directa o indirectamente con la inversión es una perilla clave que el gobierno debe manejar con audacia. La audacia de aspirar a un país mucho mejor que el que recibió.

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