Aramendía: gobierno no "perjudica en nada" a Antel y derogación de ley de medios "no afecta" desarrollo de la libertad de prensa

La jerarca también señaló que en el segundo semestre de este año se realizará la subasta por el 5G y que el gobierno no vetará a ninguna empresa sino que continuará promoviendo la "neutralidad tecnológica" pese a la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

Aramendía aseguró que la competencia beneficia a Antel y dijo que la empresa estatal tiene una "oportunidad de negocio" en la venta de internet a los cables.

A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.

¿Por qué se tomó la decisión de incluir en la Rendición de Cuentas la derogación de la ley de medios?

El punto de partida es que la Constitución establece que la prensa es enteramente libre. La tradición siempre fue que la regulación era minimalista. Tenemos una ley de prensa, principios constitucionales y una regulación minimalista con requisitos como las condiciones para estar autorizado, un límite en la cantidad de medios que se podía llegar a tener y especificidad sobre minutos de tandas.

La ley de medios vigente se aprobó en diciembre de 2014 y se reglamentó en junio de 2019. Hubo aspectos que nunca llegaron a funcionar. Hubo un régimen jurídico que fue el que rigió siempre y es conocido por todos. Se entendió que lo que podemos hacer para que no haya vacíos legales es volver al régimen legal que estaba vigente hasta que entró la ley de medios.

Eso fue lo que generó las críticas. Que se restituya normativa de la época de la dictadura.

Pero el último inciso dice que es en la redacción vigente cuando entró en vigencia la ley de medios. No se innova en nada, es un régimen conocido por todos y no ha afectado en nada el desarrollo de la libertad de expresión ni la libertad de prensa. No es excluyente a que se pueda discutir el proyecto que está en análisis y pase a sustituir esto que pueda llegar a ser algo transitorio.

Los derechos están garantizados, hay leyes específicas. Honestamente no creo que vaya a haber alguna afectación en la libertad de los medios de comunicación.

El gobierno, con Dinatel y Ursec al frente, han venido tomando una serie de decisiones en materia de telecomunicaciones. Una de ellas fue a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia del artículo 56 de la ley de medios de habilitar a las empresas de cable a vender internet. ¿Por qué dicen que no perjudica a Antel?

Hay solicitudes hace muchísimos años. Los operadores tenían el reclamo y no se había atendido. No hay ninguna ley que establezca que existe monopolio de transmisión de internet y datos por medios alámbricos. No hay monopolio de Antel en el servicio.

¿Ustedes dicen que no había argumento jurídico que sustente la negativa y que esa decisión era política?

Entiendo que sí, es lo que me han comentado, he leído, investigado y demás. La ley estableció expresamente la prohibición, pero la Constitución dice que el principio es la libertad, y que para limitarse debe ser una ley por razones de interés general. Cuando se aprobó ese artículo con esa limitación, fue que varias empresas hicieron las (demandas de) inconstitucionalidades, y la SCJ entendió que no había razones para justificar eso.

¿Por qué se habilitó recién ahora?

Fue el Ejecutivo, pero algo evidente es que se asumió en marzo del 2020 y la pandemia empezó. Se envió una ley que dejaba sin efecto esa insconstitucionalidad. Si se aprobaba ese proyecto esto no hubiera sido necesario. 

¿El gobierno tuvo que empezar a tomar decisiones porque la ley se trancó?

El Ejecutivo tiene determinadas responsabilidades. Es un deber hacerlo. Buscás la forma de avanzar, hacer las cosas, priorizando los lineamientos políticos.

¿Qué objetivo persigue el gobierno con estas resoluciones?

La competencia es buena, el beneficiado es el ciudadano. Tenemos que servir y el foco es servir a la ciudadanía desde las responsabilidades que tenemos. Que los usuarios tengan más libertad de elegir, que haya competencia, mejora la calidad y baja los precios. Creo que esto es algo bien importante. 

Desde la oposición se señala que se está perjudicando a Antel.

Antel tiene una oportunidad, porque tiene desplegada una red de fibra óptica que tiene capacidad ociosa. Si uno ve los mercados secundarios, pasa a tener una importancia altísima porque no solo prestás servicios a consumidores finales sino que además tenés una cantidad de servicios adicionales a otras empresas que venden. Es una línea adicional, brindar servicios minoristas y mayoristas. Complementa a Antel y lo fortalece. No veo en nada que perjudique a Antel.  

Lo discutible es si Antel hizo toda la inversión de US$ 850 millones para ahora tener que empezar a negociar el alquiler de su espacio.

Nadie lo está obligando, es totalmente independiente. Tiene una oportunidad de negocio, si la quiere aprovechar bien y si no las empresas buscarán otra forma. Esa necesidad que se genera, Antel la puede llegar a atender o puede venir otra empresa y atenderla.

El directorio debe decidir si alquila...

Es una decisión de ellos como empresa. Acá no hay ni una obligación regulatoria ni legal. Es independiente que haya más empresas a que haya una oblgiación para Antel.

¿Todas las decisiones en materia de telecomunicaciones van a ir en ese sentido, de competir por más que Antel sea el mayoritario de los usuarios?

Soy una convencida de que la competencia beneficia a todos. En telefonía fija y móvil, los móviles se usan mucho, precios suelen ir a la baja y la calidad suele subir. Hay que atender las necesidades y el contexto. 

Usted habló de un “problema gigante” a raíz de la subasta del espectro en 2019, que no contempló un informe técnico que advertía que ya se está ocupando legalmente ese espacio. Ahora un fallo del TCA le dio la razón a Multiseñal en su reclamo. ¿Qué va a hacer el gobierno?

Es un tema bien complejo. Está siendo analizado por abogados de Ursec y del Ministerio de Industria.

¿Es una posibilidad otorgar una reparación económica?

Habrá que ver cómo deriva, pero puede ser. Habrá que verlo a nivel judicial o si se llega a un acuerdo extrajudicial.

Esa subasta era un antecedente para el desarrollo del 5G. ¿Cuándo prevén que se realice la subasta ?

El objetivo del gobierno es que para el segundo semestre de este año se puedan subastar 300 MHz por lo menos en esa banda de 3,5, aunque se está analizando la posibilidad de incorporar otras bandas. Eso va a facilitar el despliegue y la universalidad de la tecnología.

¿Están viendo algún país como referencia?

Todos lo tienen en agenda. Brasil hizo una subasta hace poco, Chile y España también. Estados Unidos trabaja su despliegue también, pero debe mirarse el contexto de cada país, algunos lo dan por tantos años. Acá la subasta siempre fue por el valor del bloque pero sin obligaciones de cobertura, otros países con geografías más complejas o sin tanta penetración de servicios les ponen más obligaciones de cobertura pero no pago del espectro directamente. Uruguay tiene 92% de cobertura 4G pero tenemos brecha y un tema es la cobertura radioeléctrica y otra la experiencia del cliente.

¿Cómo están observando la disputa geopolítica de Estados Unidos y China por el 5G?

Uruguay tiene el principio de neutralidad tecnológica que lo que hace es autorizar al operador a operar la tecnología IMT, por ejemplo, las tecnologías móviles. Si el operador lo usa para 5G, 4G o 2G es tema del operador. Y la tecnología que utilice también es tema del operador. 

¿No les preocupa que exista la disputa entre ellos?

Somos conscientes porque obviamente es un tema mundial, pero nosotros desde el regulador nos atenemos a ese principio. Serán las empresas las que van a definir sobre la tecnología que van a desplegar en cada banda y con qué proveedor van a contratarlo.

¿En la subasta no va a afectar la tecnología (Huawei, Ericcson, Nokia, entre otras)?

No.

Se incluyó un artículo en la Rendición de Cuentas sobre la piratería deportiva.

Ya se había incluido antes en la Ley de Presupuesto que daba competencia a Ursec de actuar en caso que se haga una denuncia. El Ejecutivo está hace un tiempo trabajando en la reglamentación y ahora en la rendición se sumó atender específicamente el problema del fútbol, que requiere medidas adicionales porque demora 90 minutos y es complejo llegar a responder en tiempo y forma.

¿Cómo va a ser la actuación?

Estuvimos investigando a nivel internacional y hay software específico que permite identificar la URL en la que se vulnera el derecho. Cargan los derechos y monitorean donde se vulnera. El margen de error es casi nulo.

¿Es lo que tiene, por ejemplo la Liga Española, que no muestra los goles en Twitter?

La Liga Española tiene un software así, sí. Pero una cosa es con los intermediarios, las plataformas tipo Twitter, que ya tienen coordinado con los titulares de los derechos y otra cosa son las páginas web donde no hay intermediarios para llegar a tomar medidas. Hay casos que se ofrece IPTV u otros medios para conectarse y ver.

¿Tipo Rojadirecta?

Es un ejemplo de eso.

¿El software lo va a adquirir Ursec?

Hay que analizar en profundidad el artículo, pero la idea es que Ursec lo haga como medida cautelar, pueda ser revisado a nivel judicial, y se busca desde la industria algo más ágil con la competencia de Ursec. La idea es que quien tenga los derechos venga y se registre en Ursec estableciendo todas las particulares. Que luego Ursec emita una cautelar como previa, diciendo te voy a proteger en tus derechos por tantos días, y que en caso que se configure el incumplimiento dentro de ese plazo, ya pueda haber una coordinación para proceder al bloqueo. Es un proceso que recién empieza, probablemente necesita reglamentación.

¿Hay posibilidad de regular las redes sociales? 

Creo que no tendríamos competencias. Es un tema desafiante, delicado y hay que analizarlo. No es bueno tomar decisiones apresuradas. Es un tema complejo que se está debatiendo a nivel global.