Economía y Empresas > Comunicaciones
Gobierno no fue intimado por la Justicia y continuará con la portabilidad numérica pese a denuncia de Sutel
Este lunes en conferencia de prensa, el presidente de Sutel, Gabriel Molina, sostuvo que la Justicia Civil hizo lugar a una intimación presentada por el gremio para frenar la implementación de la portabilidad numérica, que está prevista para el miércoles 12 de enero. El dirigente gremial señaló que ahora quedan a la espera de lo que resuelva el Poder Ejecutivo.
Pero la Justicia no intimó al gobierno a suspender la aplicación de la portabilidad numérica hasta luego del referéndum del 27 de marzo de 2022 en el que serán puestos a consulta de la ciudadanía los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) entre los que están los vinculados a este tema a pesar de la denuncia presentada por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel).
“Creemos que el gobierno con todo lo que viene planteando de que a la Justicia hay que respetarla, va a actuar de la forma que lo ha planteado y que definitivamente el tema este quedará para después la referéndum del 27 de marzo”, dijo Molina.
No obstante, una fuente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) indicó a El Observador que no hay intimación para frenar la portabilidad. “Ellos (Sutel) lo presentaron y la Justicia le dio trámite, nada más. Sigue todo igual”, dijo.
Mientras tanto, otra fuente del gobierno sostuvo que “no se decretó que haya una intimación ni nada por el estilo” y puso énfasis en que desde Sutel están tratando de “generar una campaña de desinformación dado que se acerca la fecha”.
La denuncia de Sutel
En el documento presentado por Sutel ante la Justicia, entre otros argumentos se maneja el informe realizado por el director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, quien con base en estudios técnicos sostiene que la implementación de la portabilidad numérica le generaría a la empresa estatal pérdidas de entre US$ 123 millones en un “escenario de mínima” y de US$ 425 en un “escenario de máxima”.
Molina insistió en conferencia de prensa, como ya había comentado a El Observador la semana pasada, que la aplicación de la portabilidad numérica beneficia a las multinacionales en detrimento de Antel.
“La situación real y cierta es que en el mundo una empresa pública como Antel no hay y en este país sí existe Antel. Desde el sindicato venimos planteando de que esto es simplemente un negocio para que los privados avancen en nuestro país quedando con parte de los clientes que Antel tiene”, expresó.
Molina también había alertado, en diálogo con El Observador, que con la portabilidad numérica Antel podría ceder un 11% de sus clientes corporativos lo que significaría perder US$ 20 millones por año.
El gobierno mantiene sus planes
El Poder Ejecutivo definió el 12 de enero de 2022 como la fecha en la que comenzará a aplicarse la portabilidad numérica, y lo ratificó el ministro de Industria, Omar Paganini, el pasado miércoles en rueda de prensa.
La novedad también fue confirmada a El Observador por la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Mercedes Aramendía, quien informó que esta es una fecha acordada entre el gobierno y las empresas de telefonía (Antel, Claro y Movistar).
“Se considera que es una buena fecha porque ya pasaron las fiestas, las pruebas ya van a estar terminadas, las empresas tienen suficiente tiempo para atender las necesidades de las personas adecuadamente y todo va a ser para beneficio de los usuarios que a partir de ahora van a ser los dueños de su número”, explicó.
El consorcio Cleartech-Cietel será el ABD del servicio de portabilidad numérica. A pesar de que los artículos referidos en la LUC sobre este tema están entre los 135 que serán puestos a consulta de la ciudadanía en un referéndum el próximo año, el gobierno decidió continuar adelante con su instrumentación.
En ese sentido, incluyó una cláusula en los contratos con la empresa que exime al Estado de toda responsabilidad jurídica ante una eventual derogación del artículo. Esa norma también aplica para las empresas de telefonía móvil. La implementación de esa cláusula contó con la anuencia de todas las compañías involucradas.
Cada una de las telefónicas debió invertir US$ 375 mil para la implementación de la portabilidad numérica.
