A siete días de que venza el 19 de enero el contrato de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) con Riovia, la empresa que draga el canal Martín García, la Justicia argentina decidió reabrir la investigación por una presunta coima que involucra a funcionarios de las cancillerías de Uruguay y Argentina, así como a un gerente de esa compañía. Además
la Justicia argentina acusó a la de Uruguay de “cercenar” la investigación.
El juez Claudio Bonadio aceptó retomar la causa judicial que había cerrado a comienzos de diciembre luego que fuera apelada por el fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que la decisión del juez fue “prematura” y además no estaba claro que el mismo caso lo investigaba Uruguay, según publicó ayer el diario Clarín.
En una sentencia del 28 de diciembre –a cuyo texto accedió El Observador– Bonadio señaló que “la Justicia” de Uruguay “cercenó cualquier acceso al legajo penal que tramita ante el Ministerio Público Fiscal al negar su cooperación”. También le da la razón al fiscal Taiano de que “no está suficientemente acreditado la existencia de similitudes objetivas que violen la garantía procesal” como lo había afirmado Uruguay al negar información solicitada.
La Justicia uruguaya, a través del juez Néstor Valetti, especializado en Crimen Organizado, respondió negativamente al exhorto de Argentina al entender que brindar información “vulneraría el carácter de reservado de la indagatoria presumarial que se sigue, lo que constituiría una violación a principios legales” de Uruguay.
Argentina pidió contar para su investigación con el testimonio del embajador Francisco Bustillo –ex presidente de la CARP–; del canciller Luis Almagro; del subsecretario Roberto Conde y del embajador itinerante Julio Baraibar.
La denuncia judicial había sido presentada en Buenos Aires por los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido para que se investigue si, como informó Bustillo a la cancillería, hubo un intento de coima por US$ 1 millón que habría ofrecido Roberto García Moritán, exvicecanciller de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner.
La conversación fue en el restaurante del Jockey Club de Argentina en noviembre de 2010, en una reunión en la que estaban Bustillo, García Moritán y a la que luego se sumó Sergio Cetera, responsable comercial de Riovia, la empresa que busca renovar su contrato para continuar realizando el mantenimiento del dragado del canal Martín García.
Bustillo informó por escrito a sus superiores –según supo El Observador– que por el tenor de la conversación con García Moritán sospechó que se le podía ofrecer un pago ilegal para favorecer a Riovia. De todos modos, hay versiones contradictorias respecto a si Bustillo se levantó y se fue cuando vio llegar a su mesa a Sergio Cetera o, si por el contrario, siguió conversando e incluso se fue caminando junto a ese directivo por la calle Alvear, donde queda el Jockey Club.
En el expediente, el juez Bonadio, donde además encargó al fiscal Taiano encabezar la investigación, explicó que cuando cerró el caso, no pudo acceder a las actas de la CARP donde “se habría ventilado” el tema de la supuesta coima y aclaró que esos documentos, al no estar firmados por la delegación argentina en ese organismo, no son reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Héctor Timerman. Bonadio afirmó que tampoco pudo contar con los testimonios de los funcionarios involucrados.
La diputada Graciela Ocaña dijo ayer a El Observador que Uruguay “tiene la obligación de colaborar” con Argentina por los acuerdos de cooperación judiciales firmados entre ambos países.
También señaló que intentará “desde lo político” que esa colaboración se concrete con el envío de los datos solicitados por la Justicia de su país.
