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ARU mejoró pedido del gobierno y sugiere adelantar para abril ajuste salarial previsto para julio
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) informó este jueves que respalda la sugerencia realizada por el Poder Ejecutivo de que se adelante el pago del correctivo salarial por inflación para julio próximo. Este sector de actividad es uno de los rubros cuyos convenios colectivos originalmente tienen planificada esa actualización recién para mitad de 2023 al final del acuerdo vigente.
Asimismo, la principal gremial agropecuaria del país dio un paso más y sugirió adelantar —a cuenta del ajuste salarial previsto para el segundo semestre— la suba de salario para los trabajadores rurales desde este mes.
¿Cómo sería en la práctica?
Los acuerdos salariales vigentes en el sector establecen que necesariamente deberá realizarse un ajuste del 3,6% (2% por inflación esperada y 1,6% de recuperación salarial) a partir del 1º de julio próximo.
En ese sentido se propone a los productores rurales —en función de las posibilidades de su rubro y realidad productiva— incluir a partir de la próxima liquidación de haberes correspondiente al mes en curso – abril 2022 – una partida que surja de la aplicación del ajuste del 3,6% sobre los salarios vigentes como adelanto a cuenta de la indexación final, cuyo valor se conocerá en julio con el dato anualizado de inflación a junio.
“Recomendamos asesorarse en la liquidación salarial, reconociendo en la misma la condición de adelanto a cuenta por separado del salario nominal vigente a la fecha”, afirmó un comunicado de la gremial.
Por su parte, desde otros sectores de actividad como la industria y el comercio se ha expresado sorpresa ante la sugerencia realizada por el gobierno y se ha señalado que la realidad de sectores y empresas es muy dispar.
Las gremiales empresariales ya señalaron en los últimos días que habrá rubros en condiciones de otorgar el correctivo, y otros en que las empresas intentarán mantener lo acordado el año pasado, es decir pagar el correctivo recién a mitad de 2023 como se pactó originalmente.
El asesor legal de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, dijo este miércoles a radio El Espectador que son sectores que tienen acuerdos en ejecución que se celebraron en base a las pautas que estableció el Ejecutivo.
“Con convenios firmados y vigentes viene esta exhortación, que en realidad es como si yo le exhortara al arrendador a que se reúna con su inquilino con contrato vigente y que le haga una rebaja de 20% de alquiler. Esa es la exhortación que se hace”, cuestionó. La Cámara de Comercio convocará a 29 mesas que están abarcadas por la sugerencia del Ejecutivo para debatir el tema y tomar posición.
Factiblemente los correctivos que se pagarán a mitad de año estarán mayormente entre 2% y 3%. El adelanto del pago deberá negociarse en unas 80 mesas que involucra a unos 300 mil trabajadores, entre los que están empresas de limpieza, estaciones de servicio, inmobiliarias, transporte de bebidas, talleres mecánicos, casas de cambio, industria del cuero, vestimenta y plantas de procesamiento de pescado, entre otras.
Como informó El Observador, el Consejo Superior Tripartito del sector privado se reunió el viernes pasado. Allí el Poder Ejecutivo presentó oficialmente la sugerencia: que empleadores y trabajadores negocien el pago en julio de un correctivo por inflación en aquellos sectores que no lo tienen incorporado en los convenios vigentes.
Se trata de una sugerencia que realiza el gobierno y la incorporación de esa cláusula queda librada a lo que decidan las partes cómo resultado de un acuerdo. La idea del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es que las mesas de negociación se instalen y discutan este punto en los próximos días para buscar consensos. A diferencia de las instancias habituales de los consejos de salarios, el Poder Ejecutivo no tendrá voto en esas negociaciones.
Y hay otro grupo de mesas que ya tienen incorporado un primer correctivo por inflación pasada para julio, porque en la negociación de 2021 no se plegaron al lineamiento oficial y acordaron por fuera. El haberse apartado de la pauta implica además que en algunos casos hay establecidos porcentajes de recuperación salarial hasta 2023 mayores al 1,6% que planteó el gobierno. Aquí hay sectores del comercio como tiendas y supermercados, trabajadoras de servicio doméstico, molinos, bebida, metalúrgicos y enseñanza privada, por ejemplo.
