El rescate financiero del gobierno central a Salto es consecuencia de la endémica administración ineficiente en la mayoría de las intendencias del país
El rescate financiero del gobierno central a Salto es consecuencia de la endémica administración ineficiente en la mayoría de las intendencias del país. Trece de las 19, incluyendo Montevideo, han cerrado sus períodos con déficit de diferente gravedad, dejando a los intendentes electos el 10 de mayo con arcas municipales vacías o en rojo. No hay denuncias o indicios de corrupción. Pero es evidente el manejo descuidado de recursos, incluyendo desvíos de rubros o apresuradas obras públicas que crean empleos en tiempos preelectorales. Incluso los resultados deficitarios se acumulan pese a que algunos departamentos dejan de pagar por los servicios que reciben de empresas públicas en electricidad y otros rubros, generando deudas voluminosas.
En la ligereza con que se administran las finanzas municipales incide también la presunción de que, cuando las papas queman, siempre se puede recurrir a la billetera del gobierno central. Es lo que acaba de ocurrir en Salto, enfrentado a una paralización administrativa por huelga de funcionarios que no podían cobrar sus salarios. Finalmente el intendente electo logró del gobierno una abultada línea de crédito del Banco República, por la friolera de $ 1.000 millones, para darle aire al régimen entrante. El crédito debe ser pagado en 15 años, o sea por los tres próximos gobiernos departamentales, carga de incierto cumplimiento dada la endeble situación de la intendencia.
La crítica situación de Salto no es el único caso. intendentes de los departamentos más complicados ya se reunieron con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, con el sombrero en la mano para pedir recursos adicionales. Pero excepción salteña mediante, García les anunció, contrariamente a lo sostenido por algunos intendentes, que están al día los aportes que le corresponde hacer al gobierno central a cada gobierno departamental. Ahora los 19 intendentes electos se reunirán el 23 de este mes con el presidente Tabaré Vázquez para tratar de convencerlo de darles mayor asistencia financiera.
Es improbable que lo logren, dado que el gobierno ha reiterado que está confeccionando un presupuesto quinquenal austero para enfrentar la difícil coyuntura económica del país. Pero aunque no existiera esta restricción, lo que se necesita es mayor eficiencia de gestión de todos los gobiernos departamentales, al margen de la filiación partidaria de cada uno, ya sea en el oficialismo o la oposición. Es de especial importancia en Montevideo, que reúne a más del 40% de la población del país. El fracaso de las sucesivas intendencias de la capital es consecuencia de profundos errores de planificación, como fue el caso del corredor Garzón y otras obras similares, incapacidad para soluciones más obvias y sencillas en el caótico tránsito vehicular, impotencia ante la basura y debilidad en sus tratos con el poderoso sindicato municipal.
Los problemas pueden ser menos graves en el interior. Pero en todos los casos es responsabilidad de los ciudadanos escudriñar con ojo crítico las acciones de sus gobernantes locales, para premiar en las urnas a los que administran con orden y eficacia, y castigar a los desaprensivos que ceden a impulsos o conveniencias del momento. En el período que se inicia se verá si los votantes acertaron o se equivocaron al elegir a quienes dirigirán las comunas en los próximos cinco años.
