La puesta en práctica de la ley de inclusión implicará que los bancos privados tengan una “pérdida directa” de US$ 10 millones anuales, ya que no podrán cobrar por el servicio de pago de salarios a 400 mil trabajadores. Además, los cambios que deberán implementar para poder liquidar la rebaja del IVA, le reportará un costo operativo adicional de US$ 2 millones, advirtió ayer el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Jorge Ottavinelli, en un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que analizó los principales cambios que traerá aparejada esta ley.
El representante de los bancos privados volvió a remarcar la amenaza que puede despertar una probable disputa entre las instituciones privadas para apoderarse de las cuentas de nómina para el pago de los salarios. Hasta ahora, eran las empresas las que escogían en qué bancos depositaban el salario de sus empleados. Sin embargo, la ley de inclusión financiera corrigió esto y dio la potestad de elección a los trabajadores y no a las empresas.
Ottanvielli explicó que los bancos tendrán mayores costos operativos en el corto plazo en la medida que los nuevos usuarios de las cuentas de nómina hagan uso de las redes de cajeros, en lugar de utilizar la tarjeta de débito para realizar sus transacciones.
El ejecutivo puso como ejemplo el pago de las asignaciones familiares, donde los beneficiarios sacan el 80% del dinero de los cajeros el primer día que está disponible el cobro de esa prestación. En tanto, como desafíos de mediano plazo, el secretario ejecutivo de los bancos privados dijo que el ingreso de nuevas instituciones (por los emisores de dinero electrónico) puede implicar una amenaza en la medida que se suman nuevos jugadores el negocio de intermediación financiera.
Por otro lado, se mostró preocupado por los potenciales riesgos de lavado de activos. Esto porque hoy las instituciones tienen un conocimiento de las empresas con la que operan. Empero, una vez que sean los trabajadores los que escojan la institución donde quieran cobrar su salario, el banco tendrá muy poca información sobre el empresario que paga el sueldo a su cliente.
Asimismo, Ottavinelli advirtió por un impacto en la reputación de las instituciones en la medida que los nuevos usuarios comiencen a sufrir inconvenientes con el uso de medios electrónicos de pagos. En particular, por el incremento del riesgo de “fraudes electrónicos” en la medida en que habrá un importante crecimiento del número de usuarios de tarjetas de débito.
“Hay que tomar acciones en la reglamentación (de la ley) para mitigar estos potenciales riesgos”, sugirió el funcionario. De todas formas, Ottavinelli respaldó la iniciativa porque “beneficia a la gente y la economía”.
Documento y domésticas
El senior manager de la consultora PwC, Mario Ferrari, planteó algunas dudas que dejó la ley de inclusión financiera que, a su juicio, deberían aclararse con la reglamentación. En ese sentido, puso como ejemplo el caso de los pagos de salarios por cuentas bancarias “sin respaldo electrónico”. Además, comentó que hoy las empresas tienen dificultades para acceder tecnológicamente a todas las retenciones a que puede estar sujeto un empleado.
Por otro lado, el experto marcó algunos inconvenientes que pueden registrar los trabajadores rurales para cobrar su salario por medios electrónicos producto de las distancias de los cajeros y las redes de pagos. Asimismo, Ferrari sugirió tener en cuenta “el impacto” que pueda causar la ley en los avances que logró la formalización del sector doméstico en los últimos años. “Hay que darle facilidades al empleador para que no se vuelva a la informalidad”, culminó.
