13 de marzo 2014 - 20:02hs

Pedro Bordaberry se despidió del Senado –para dedicarse a la campaña electoral– con un proyecto de ley que propone endurecer las penas para los reincidentes. Se inspiró, tal como expresa la exposición de motivos en la regla penal “three strikes and you’re out” (tres strikes y estás afuera), que se aplica en 22 estados de Estados Unidos y en otros países, como Nueva Zelanda. Se inspiró en régimenes que permiten la cadena perpetua.

Al explicar la regla penal que recogió, Bordaberry sostuvo: “Si el delincuente reincide, en su segundo delito se le aplica una pena sustancialmente mayor. Y para el caso de una tercera o más reincidencias esto conlleva a una pena máxima de años o incluso a cadena perpetua en aquellos países en que la misma está prevista”.

El proyecto tiene dos artículos. En el primero, propone duplicar los mínimos y los máximos de la pena para los reincidentes de “los delitos de homicidio intencional, lesiones graves intencionales, lesiones gravísimas intencionales, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación”. Para quienes reincidan por segunda o más veces, las penas se triplican.

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El segundo artículo del proyecto expresa que quien reincida en los delitos de sangre, y, además, en delitos de narcotráfico, “deberá cumplir efectivamente la totalidad de su condena y no le serán aplicables los institutos de libertad anticipada, libertad condicional, ni la concesión del régimen de salidas transitorias”.

El catedrático de Derecho Penal, Miguel Langón, advirtió que se endurecen las penas para los delitos de sangre, pero no para otros delitos considerados graves, como el lavado de dinero. Consultado sobre el tema, Bordaberry afirmó a El Observador que se endurecen las penas para los delitos que “atacan la vida”.

Pero el proyecto propone también triplicar las penas de delitos contra la propiedad, como la rapiña y la extorsión. Así, se igualan penas de delitos contra la propiedad con delitos contra la vida.

Si bien el senador colorado, impulsor del plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, aclaró en el proyecto que la pena máxima que se le podría aplicar a un preso en Uruguay sería de 30 años, Langón consideró que la propuesta es “de una severidad inusitada” que “en los hechos se traduce en cadena perpetua” (ver Análisis en página 3).

Sin embargo, Bordaberry aclaró: “No creo en la cadena perpetua. Del límite de 30 años (como pena máxima) no nos apartamos”.

Su asesor en temas de seguridad, Guillermo Maciel, agregó que las penas podrían haber superado los 30 años y algunos delitos hubieran tenido penas de 45 años. “Pero creemos que el criterio del Código Penal es adecuado, por eso lo respetamos; 30 años lo consideramos significativo para cualquier ciudadano”, dijo.

A la luz de lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, en las cátedras de Derecho Penal hay consenso sobre la inconveniencia de aumentar las penas. En el ámbito académico se señala que desde la década del 90 se han endurecido las penas y las consecuencias siempre fueron las mismas: más presos, costos penitenciarios más caros y más delincuencia. La ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por todos los partidos durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000), endureció las penas de los delitos y creó el delito de copamiento. Una segunda ley de Seguridad Ciudadana agravó los delitos cometidos por presos en salidas transitorias. Sin embargo, los hurtos y las rapiñas, en lugar de reducirse, se multiplicaron. La ley 17.243, aprobada durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), convirtió la rapiña en delito inexcarcelable y agravó el hurto, que recibió penas de hasta ocho años.

En esta administración, el gobierno del FA también endureció las penas para los policías corruptos y para los traficantes de pasta base (norma que no se aplica, porque técnicamente no se puede determinar qué es pasta base y qué no). El resultado de este proceso: cada año se bate el récord de presos.

Milton Cairoli, catedrático de Derecho Penal y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que “la experiencia recogida en otros países donde se han aumentado las penas indica que no por esa circunstancia los delitos se cometen en menor número”. “Yo diría que casi es lo contrario”, aseguró.

Bordaberry explicó que penas tan graves como las establecidas en el proyecto “disuaden a potenciales delincuentes de cometer nuevos delitos”. “Un criminal entre rejas no puede cometer delitos en las calles y por lo tanto se salvan vidas y evitan delitos graves”, aseguró. A su juicio, “el mayor aislamiento de un delincuente evita que pueda cometer nuevos delitos graves”.

Langón señaló que el castigo al reincidente que propone esta iniciativa se podría considerar “inconstitucional”. “No se castiga al individuo por lo que hizo hoy sino por la conducción de su vida, por hechos del pasado. Se lo castiga por ser ladrón y no por haber robado”, cuestionó.

Sobre las críticas de los penalistas a su proyecto, el senador colorado respondió: “Está bien que los catedráticos opinen, pero mientras que la ley que se propone sea constitucional es una cuestión de política y los legisladores somos los que hacemos política”.

“El abogado está pensando en su cliente, que delinquió, y quiere sacarlo de la cárcel. La mirada de los penalistas se basa en el punto de vista del que delinque y no en la sociedad. Y tenemos que pensar más en la sociedad”, concluyó.

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