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Caso Moreira: qué hechos se tienen que probar para que la Fiscalía encuentre delitos

La fiscalía de Colonia recibió los audios por parte del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y definirá si hay méritos para abrir una indagatoria

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19 de octubre de 2019 a las 16:23

Luego de que se viralizaron los audios en los que el intendente de Colonia, Carlos Moreira, le pide tener relaciones sexuales a una edila de su partido que le solicitó ampliar los cupos para pasantías de la comuna, el fiscal de Corte Jorge Díaz le envió los antecedentes a la fiscal de Colonia Eliana Travers para que estudie si amerita para iniciar una indagatoria penal.

Este viernes en una conferencia de prensa que dio, Moreira negó que exista delito en su proceder. El  jefe comunal dijo que la conversación con la edila de su partido María José García ocurrió en ese tono porque tuvo una "relación sentimental" con la mujer. Consultado por los periodistas, el jerarca negó que se trate de un caso de acoso, ni de corrupción y también declinó que vaya a renunciar a la comuna. En tanto, García declinó hacer declaraciones a El Observador y dijo que se está asesorando.

Más allá de las afirmaciones de los implicados, qué delitos podrían investigarse en este caso, cuán implicado estaría Moreira penalmente y que pasará con la edila. El Observador consultó a expertos en derecho penal que opinaron a la luz de lo que se sabe del caso hasta ahora.

El penalista Juan Fagúndez dijo que lo primero que hay que investigar es como fue obtenida la grabación porque es la única prueba que existe y podría ser inválida. "Importa saber quién la grabó y con qué objetivo lo hizo", dijo. Señaló que si hubiera sido la edila con el objetivo de proteger un bien mayor que la intimidad la prueba puede ser considerada válida. Por ejemplo que él la viniera obligando a tener sexo, pero en su opinión no parece el caso, dado que mantenían una relación.

Además, el abogado dijo que la que pide los cargos es ella y él le dice que no puede concederle lo que le pide.

A su juicio se podría dar vuelta el caso si se probara que ella lo grabó para extorsionarlo.

Por otro lado, Fagúndez dijo que se podrá indagar si existió abuso de su cargo para obligarla a una promesa indebida pero para ello deberá probarse que se designó a alguien en los cargos de pasantía que la edila pidió.

En ese caso podrían cuadrar los delitos de concusión o cohecho. El primero previsto en el artículo 156 del Código Penal castiga al "funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera". Tiene una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR ($58.785) a 10.000 UR ($11.957.000) e inhabilitación de dos a seis años.

Mientras que el cohecho (artículo 157) ocurre cuando un funcionario "recibe dinero y otro provecho o acepta su promesa (...) para ejecutar un acto contrario a sus deberes". La pena es de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, además de "inhabilitación especial de dos a seis años", y la misma multa de la concusión.

Por su parte, la penalista Beatriz Scapusio consideró que a priori no ve conducta delictiva de lo que surge de los audios. "Podrá existir alguna de las múltiples formas de violencia comprendidas en la ley integral de violencia de género pero no hay delito", dijo.

Esa ley aprobada bajo el número 19.580 introdujo modificaciones que extendieron el alcance de la figura del abuso sexual. En el artículo 272 bis del Código Penal, se considera una situación de abuso cuando alguien, por medio de "la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia realice un acto de naturaleza sexual contra una persona".

Para Scapusio además no existe tampoco acoso laboral porque no hay una relación de dependencia porque no trabajan en la misma repartición, sino que ella es una edila que le hizo un pedido por cargos al intendente.

Acto arbitrario

Otro penalista que pidió no ser mencionado dijo que también podría configurarse un delito de abuso de funciones si se probara que finalmente se designaron las pasantías que la edila pidió. El delito castiga a aquel funcionario público "que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales". 

En el artículo 162 del Código Penal pena este delito con una mínima de tres meses de prisión a tres meses de penitenciaria, con "inhabilitación especial de dos a cuatro años" y una multa que va desde 10 a 3.000 Unidades Reajustables (de $ 3.587,1 a $ 3.587.100).

 

 

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