Colorados quieren nuevo ente regulador para el puerto y buscan aval del gobierno

“No participamos y nos enteramos del acuerdo cuando el presidente lo informó a la Asamblea General. Y el texto lo conocimos cuando el (entonces) ministro Heber lo llevó al Senado”, dijo a El Observador el diputado Ope Pasquet.

Ante ese “hecho consumado” el legislador sostuvo que se necesita un marco jurídico “indispensable” que garantice el funcionamiento correcto de ese acuerdo. 

Para eso plantearán ante la coalición de gobierno una nueva ley cuya base gira en torno a la creación de un nuevo ente que regule la actividad portuaria. 

Pasquet comparó las responsabilidades que tendría ese ente con las que hoy tiene la Ursec en el mercado de las telecomunicaciones, o la Ursea en lo referente a energía y agua. 

Si eso no es posible, apuntó, los colorados aceptarían que ese rol siguiera en manos de la Administración Nacional de Puertos, con la condición de que se desprenda del 20% de las acciones que hoy mantiene en la Terminal Cuenca del Plata, en sociedad con Katoen Natie. 

El objetivo, apuntó, es que ese organismo no sigo siendo “regulador y socio” a la vez. 

Pasquet dijo que su partido presentará el texto próximamente a sus socios de la coalición multicolor y se trabajará para que exista un “acuerdo” con el gobierno. 

Pese a que lo firmado con la multinacional puede tener algunas ventajas “discutibles” el legislador reconoció que así se evitó un litigio que le podría haber significado al estado US$ 1.500 millones y a su vez la garantía de una inversión por parte de la empresa de US$ 450 millones. 

La idea de una nueva ley de Puertos fue impulsada oficialmente este lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. 

En conversación con El Observador el secretario general y expresidente Julio María Sanguinetti había adelantado la visión del partido en cuanto que no existe actualmente una suficiente claridad con respecto a la naturaleza jurídica del servicio portuario. En la nueva regulación, apuntó, debe quedar claro que es un servicio público. 

Así debe ser, aseguró, para evitar en el futuro debates como el que suscitó recientemente en torno al acuerdo con Katoen Natie, que el Estado debía firmar por “muchas circunstancias”. 

Sanguinetti sostuvo que esa empresa tenía “poderosas razones” para entablar un juicio ya que “había sido despojada del mercado” por una "serie de resoluciones precarias que se fueron prolongando" y que favorecieron a su competencia, Montecon, en las áreas públicas del puerto, hasta configurar una “violación abierta de lo acordado”. 

Recordó que Montecon no se presentó cuando las autoridades abrieron un llamado para una segunda terminal de contenedores. “De modo que lo de Montecon se fue haciendo de un modo totalmente irregular”. 

Con todo, el expresidente admite que el tema suscita debate. “No está claro hasta dónde hay libertad comercial, o cuál es la diferencia entre un monopolio y exclusividad. Eso debe quedar claro a través de una ley”.