Un hombre cuestionó el martes al presidente Luis Lacalle Pou en las afueras del Palacio Estévez, cuando el mandatario se acercó a dialogar con vecinos del barrio Nuevo Comienzo de Montevideo, quienes le entregaron una carta y le pidieron soluciones. La persona se acercó al mandatario y le pidió que publicara los contratos que el gobierno alcanzó con la farmacéutica Pfizer y también con la empresa portuaria Katoen Natie.
Lacalle Pou le dijo que las versiones taquigráficas respecto al puerto de Montevideo están en el Parlamento y le transmitió que se hizo con “mucha responsabilidad”, según declaraciones recogidas por radio Universal.
¿Qué información hay publicada de ese acuerdo? En la página web de Presidencia está disponible el texto del acuerdo firmado entre el Estado y la empresa Katoen Natie por el que se extiende por 50 años –desde 2031– la concesión de la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata –TCP-) a la belga Katoen Natie.
El documento también incluye algunos anexos, entre ellos, el proyecto de inversión, el esquema de rebaja de tarifas planteado y el nuevo reglamento de atraque que entrará en vigencia a partir de febrero del próximo año. También hay información sobre el litigio millonario que la firma belga había planteado y que quedó sin efecto una vez cerrado el acuerdo.
Y en la página web del Parlamento están publicadas las versiones taquigráficas de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. En esa comisión han comparecido sobre el tema autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Administración Nacional de Puertos (ANP), de la empresa Katoen Natie, así como otros actores vinculados a la actividad portuaria.
Pese a que tanto el acuerdo con sus anexos como las versiones taquigráficas están disponibles online, el reclamo ha llegado por parte de la oposición debido a que piden más detalles sobre los expedientes administrativos y los informes jurídicos que tomó en cuenta el gobierno en la resolución que llevó al acuerdo para evitar el juicio, así como para la extensión de la concesión.
También se ha cuestionado el acuerdo por entender que genera un monopolio de hecho a favor de una empresa privada.
