Economía y Empresas > Puerto de Montevideo

Gobierno habilitó firma de contrato con Katoen Natie por 50 años y le asegura prioridad con contenedores

La terminal especializada tendrá prioridad para atraque de buques portacontenedores, y los muelles públicos -donde opera Montecon- serán la segunda opción

La extensión de la terminal es por 50 años, hasta 2081.

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22 de abril de 2021 a las 05:04

El Poder Ejecutivo publicó este miércoles una resolución que autoriza a extender por 50 años -desde 2031-  la concesión de la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata –TCP-), a la empresa belga Katoen Natie. La Administración Nacional de Puertos (ANP) es socio minoritario en TCP con una participación del 20%.

Entre las condiciones acordadas, se establece que las actividades de operación de contenedores en el puerto de Montevideo estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin. Y que la operación de contenedores en los muelles de carga general será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas, según dice el documento oficial.

En tanto, por medio un decreto -también publicado este miércoles- el Ejecutivo dejó operativo el nuevo reglamento de atraque de buques en la terminal montevideana donde refuerza ese punto. Uno de sus artículos dice que la ANP “deberá priorizar el atraque  de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada (TCP) y solo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito (áreas públicas de la ANP) en caso de que la terminal especializada se encuentre ocupada durante el período de 24 horas”.

Esto supone un duro revés para los intereses de Montecon (el principal operador de contenedores en los muelles públicos de la ANP) , que hoy tiene el 60% de la operativa en contenedores en la principal terminal portuaria del país. 

Grúas pórticos

Otro punto de la resolución oficial dice que las operaciones de contenedores estarán concentradas en las áreas y muelles especializados, y no se permitirá la autorización ni la instalación de grúas pórticos y/o equipamiento “que puedan dar lugar a una especialización en contenedores fuera de las áreas y muelles especializados”.

Este punto también echa por tierra una vieja aspiración de Montecon -la chilena Ultramar tiene el 60% de sus acciones y la canadiense Atco el restante 40%-, dado que el uso de grúas pórtico quedará en exclusividad para el operador de TCP. Hace años que Montecon sostiene el pedido porque lo entiende clave para poder mejorar su eficiencia en los muelles públicos.

En la ANP, el plan estratégico es el concepto de terminales especializadas. Es decir, una terminal especializada en contenedores, una especializada en celulosa, una en granos, otra de pesca, e incluso la aspiración es tener una terminal especializada para vehículos.

La idea de las autoridades es que los muelles públicos tienen que ser subsidiarios o llevar adelante tareas que no se puedan llevar adelante en las terminales especializadas. Por ejemplo, si por alguna razón un barco con contenedores no puede atracar, la idea es que los muelles públicos puedan ser una opción b. 

Las dos principales empresas que movilizan contenedores en el puerto de Montevideo mantienen un enfrentamiento de más de una década y el último anuncio del gobierno vuelve a encender la lucha portuaria.

“Es un gran acuerdo altamente conveniente para Uruguay y para el puerto de Montevideo. Hemos establecido evitar la posibilidad de un juicio por US$ 1.500 millones que era un dolor de cabeza, no solo por la demanda en sí, sino porque iba a congelar la situación del puerto. No iba a haber inversiones y captación de cargas”, afirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, en rueda de prensa tras comparecer ante la comisión de Transporte del Senado. 

Heber defendió la negociación con Katoen Natie y destacó beneficio de inversión.

El ministro añadió que la concesión anterior en 2001 se dio por 30 años y que el Estado solo pidió US$ 35 millones de inversión a cambio. También dijo que en el mundo hay concesiones por 50 años (Chile), 75 años (Barcelona)  y por 99 años (Australia y Sri Lanka), que se otorgan para que los privados puedan recuperar las inversiones “de magnitud” que realizan.

El nuevo acuerdo con la belga Katoen Natie prevé que el privado invertirá aproximadamente US$ 455 millones en la expansión de la terminal especializada de contenedores. También se determinó la renuncia de la compañía a presentar reclamaciones contra el Estado uruguayo en relación a los supuestos incumplimientos por parte del Estado de la normativa portuaria. En 2019 la multinacional había anunciado un juicio millonario contra Uruguay por US$ 1.500 millones por entender que se le había perjudicado a favor de a la empresa Montecon.

“Estamos convencidos que este acuerdo va a generar mayor y mejor trabajo portuario. Apostamos a la eficiencia, a ordenar el funcionamiento portuario, tanto en áreas especializadas como en muelles públicos. Estos acuerdos no van  en contra de nadie sino para generar condiciones de eficiencia y competitividad”, añadió el presidente de la ANP Juan Curbelo.

Montecon no quedará en igualad de condiciones que TCP en el atraque de contenedores.

Nuevas concesiones

Por otro lado, el documento publicado por el Poder Ejecutivo establece que no se otorgarán nuevas concesiones, ni permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación de una terminal de contenedores especializada, durante la vigencia de la concesión a Katoen Natie, salvo que los movimientos de contenedores en la terminal gestionada por el contratista superen el 85% de la capacidad anual de la terminal por dos años consecutivos.

“Esta condición de capacidad no podrá ser ejecutada mientras se desarrolla la construcción del proyecto de ampliación de la terminal. La nueva terminal que pudiera concederse en la hipótesis anteriormente prevista deberá cumplir con las mismas condiciones de canon, mismos mínimos de captación de demanda y realizar inversiones al menos proporcionales a las de la terminal existente”, dice el texto.

Entre respaldo y dudas 

Carrera y Gandini se fueron con sensaciones distintas.

El senador oficialista Jorge Gandini quedó “conforme” con las explicaciones que dio el ministro Heber ante la Comisión de Transporte del Senado. Sin embargo, desde filas del Frente Amplio (FA) se quedaron con más dudas que certezas y cuestionan que se genere un “monopolio de hecho” en la operativa de contenedores. 
 “Fue una presentación muy completa, que quedó corta”, comentó Gandini a El Observador. Es que el ministro tenía hora agendada para la vacuna contra el covid-19 y las 2 horas de la sesión no fueron suficientes para terminar de cerrar la discusión. Por ello se acordó una nueva comparecencia en el correr de las próximas dos semanas. La versión taquigráfica fue suspendida cuando el gobierno abordó un tema espinoso y sensible en el relacionamiento con Argentina: llevar el dragado del puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad (hoy el máximo que tiene autorizado es a 13 metros).
Gandini indicó que el impasse también le vendrá bien a la oposición del FA, que este miércoles accedió a toda la documentación (las condiciones del contrato) y la reglamentación que aprobó el Ejecutivo.
El senador indicó que lo que hace el Ejecutivo es “cumplir con la normativa vigente” en materia de legislación de puertos, y que si Montecon montó su propia terminal “monopólica de hecho” desde ese entonces en las áreas públicas de la ANP, fue porque no se aplicó la normativa vigente, lo que en definitiva luego derivó en la amenaza de juicio por parte de la firma belga.
Gandini comentó que Montecon lleva ya 48 renovaciones de permisos precarios para operar en los muelles públicos con un tarifa “mínima”, sin pagar un canon para el Estado, lo que desemboca en menores costos para operar y un “lucro cesante” para TCP. 
Por otra parte, tampoco consideró ilegal que la extensión de la concesión se pacte a un plazo de 50 años, porque el propio FA dejó un “antecedente” al otorgar a UPM una terminal en el puerto por el mismo plazo, sin licitación, y sin exigirle una inversión determinada. También al shopping de la Ciudad de la Costa se le otorgó una concesión por ese horizonte temporal, recordó.
En la vereda opositora no quedaron conformes. “De la reunión con el ministro Heber nos llevamos más dudas que certezas. Nosotros estamos para defender los intereses del Estado y la soberanía portuaria”, dijo el senador del FA Charles Carreras.
En diálogo con El Observador, el legislador consideró que “las acciones deben ir destinadas a evitar la conformación de un monopolio de hecho. Sin libre concurrencia, la consecuencia de esto podría ser el encarecimiento de nuestro puerto, con pérdida de competitividad. Como dije, más dudas que certezas, que se irán aclarando cuando el ministro responda las preguntas que se llevó”, indicó. 
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