Nadie puede dudar de que, desde hace años, el principal problema que afecta a los uruguayos es la inseguridad. Todas las encuestas lo indican y podemos afirmar que esta postura no ha hecho más que aumentar en este último tiempo.
Lamentablemente, las condiciones de convivencia se han venido deteriorando y la violencia en la vida cotidiana ha sufrido un triste proceso de incremento que, incluso, va más allá de las estadísticas delictivas. Cada vez tenemos más testimonios de situaciones de violencia en la calle sobre personas que simplemente transitan por las veredas y son objeto de arrebatos, hurtos e incluso rapiñas a plena luz del día y en los lugares más imprevisibles.
Hay una creciente sensación de descontrol sobre las garantías de seguridad en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos.
Paradójicamente, desde el Ministerio del Interior se responde, asombrosamente, que se han reducido todos los delitos, buscando generar una aprobación que sólo puede existir en un pequeño círculo que en todo gobierno existe, de los que acompañan en forma acrítica todo lo que se haga desde el poder.
Por ejemplo, anunciar una reducción de los homicidios en 2025 con respecto al año anterior porque las cifras se redujeron alrededor de un 3% no tiene fundamento y sería motivo de ser “aplazado” en cualquier examen de estadística porque las variaciones son mínimas y están dentro del margen de error.
Por otra parte, fue sorprendente que al asumir el nuevo gobierno se haya anunciado de parte del Ministerio del Interior que se tomaría todo el primer año de gestión para diseñar un Plan de Seguridad. Parecía una broma de mal gusto, pero efectivamente era verdad.
Por supuesto que esta afirmación contradecía todo el discurso de campaña electoral del Frente Amplio que había expresado fuertes críticas sobre la situación de inseguridad y afirmaba la certeza de que darían solución a este grave problema.
No debe haber ningún antecedente en el mundo de semejante postura. Un año para definir qué se hará en el tema más importante y urgente del país, después de prometer que tenían todo muy claro.
Así fue, entonces, que durante todo el año 2025 el Ministro del Interior convocó a una larga serie de eventos en Torre Ejecutiva para construir y elaborar el Plan de Seguridad. A pesar de lo insólito de la situación, muchos decidimos participar y acompañar el proceso que culminó a fines del año pasado con una propuesta muy genérica y abstracta que no conformó y que aún hoy carece de claridad y definición.
Pues bien, ya estamos a mediados de marzo del segundo año de gobierno y el Ministerio del Interior sigue anunciando que presentará el Plan, ahora dice que para fines de este mes.
Sin embargo, aunque parezca un chiste, la semana pasada el Ministro del Interior declaró: “Nosotros nos planteamos un cronograma de actividades tendientes a la sistematización del plan. Hablo de sistematización del plan porque no es la creación del plan, el plan viene creado desde el 1º de marzo, o estaba creado ya el 1º de marzo de 2025”.
Sin palabras, es sencillamente “cantinflesco”. Convocaron durante todo el año 2025 a la elaboración del plan de seguridad, ahora dicen que lo que se hizo fue una sistematización del plan y que ya estaba creado desde hace un año. Esto es una verdadera “tomadura de pelo” o una ausencia total de rumbo. En cualquiera de los dos casos, estamos en presencia de una situación inaceptable para cualquier gobernante.
No se nos puede tomar por tontos a todos los uruguayos. No se puede caer en un juego de palabras y manejar “sistematización”, “creación” o “elaboración” según el momento y jugar a la “mosqueta” nada más ni nada menos que con la política de seguridad.
Porque detrás de este papelón institucional hay mucho sufrimiento de ciudadanos que viven día a día el impacto de la inseguridad y que sufren el deterioro diario. Y mientras tanto, ven cómo el discurso de las autoridades navega en la ausencia total de consignas claras y firmes, que sería lo mínimo que se puede esperar de cualquier gestión de gobierno.
Detrás de esta improvisación hay miles de funcionarios policiales que seguramente deben estar tan mareados y desorientados como nosotros, sobre cuáles son las políticas que deben seguir en esta materia.
Detrás de esta deriva indefinida, también hay muchas víctimas del delito que sufren sus graves consecuencias.
Y finalmente, también detrás de estos cambios discursivos permanentes habrá quienes sabrán medrar con las indefiniciones y aprovecharán para desarrollar sus estrategias delictivas al amparo de la notoria ausencia de conducción y orientación.
En fin, resulta muy difícil de entender este verdadero “mar de contradicciones” que ocurre desde el discurso de las más altas autoridades en este tema de primera relevancia. Lo único que está claro es la necesidad urgente de un viraje firme y decidido con una orientación precisa.
Porque, en definitiva, lo mínimo que se le puede exigir a un gobernante es coherencia y claridad en sus objetivos y acciones.