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Cómo acabar con el déficit sin matar a la gallina

El debate sobre el gasto público y su financiamiento se apodera de la campaña electoral

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15 de septiembre de 2019 a las 19:33

El crecimiento económico a altas tasas a partir de 2003-2004 habituó a los gobiernos uruguayos a gastar a cuenta. El aumento esperado en la recaudación taparía el agujero inicial. Pero desde 2014 la economía languidece y el déficit y la deuda se agrandan año a año.


El déficit, que ahora roza el 5% del PBI, es el más grande desde 1989, cuando ascendió a 6,3%, preámbulo del gran ajuste de 1990-1991.


El gasto público se desmadra en Uruguay en los años electorales, con fines proselitistas, al menos desde 1926. La factura se pasa al que viene. Va un siglo en el mismo jueguito. (La única excepción fue 2004, cuando el gobierno de Jorge Batlle, que salía de una gigantesca crisis económico-financiera, casi sin opciones, asumió la hecatombe del Partido Colorado y continuó su ajuste).

Entre 1926 y 1989 el déficit fiscal se financió con emisión de billetes y alta inflación al año siguiente. Desde entonces se financia básicamente con más deuda pública, y con un ajuste que se endosa al nuevo gobierno.


La presión fiscal en Uruguay pasó del 19,9% del producto bruto (PBI) en 1990, a 24% en 2005, 26,3% en 2010, 27,3% del PBI en 2015 y más de 30% después del ajuste o “consolidación” fiscal de 2017. Uno de cada tres pesos que se producen son del Estado.

Esa presión impositiva está por debajo del promedio de los países de la OCDE, en general más ricos, pero se sitúa muy por encima del promedio latinoamericano. Argentina y Brasil tienen una presión impositiva todavía más alta, pero la evasión fiscal en ellos es más elevada. Uruguay, pequeño e integrado, tiene una recaudación más eficiente.


Contrariamente a lo que suele creerse, la inversión en obras y en “planes sociales” son una parte menor del gasto del Estado uruguayo. La enorme mayoría se destina a servir jubilaciones, pensiones, salarios públicos, a gastos de funcionamiento, al sistema de salud y a pagar la deuda pública.

La reforma de la seguridad social de 2008, que ablandó las condiciones de retiro y redujo la exigencia de años de aportes, hizo que el número de jubilados aumentara 28% en 11 años (de 358.492 en enero de 2008 a 459.140 en enero de 2019), muy por encima de lo previsto. 

En una entrevista con El País, en diciembre de 2017, el ministro de Economía, Danilo Astori, advirtió que “el próximo gobierno tendrá serios problemas para equilibrar sus cuentas públicas, porque el gasto endógeno es tremendo por la forma en que está evolucionando, y lo más importante son la seguridad social y la salud (…). En el caso de la seguridad social, a la brevedad debemos ponernos a estudiar cambios muy relevantes en los parámetros básicos, como la edad de retiro y la tasa de reemplazo, porque el sistema no resiste”.

Los jubilados y pensionistas ahora suman unas 800.000 personas. Además, durante los gobiernos del Frente Amplio los vínculos laborales con el Estado pasaron de unos 240.000 a más de 312.000: un aumento de 30%. Alrededor del 9% de la población trabaja para el Estado, un récord histórico que supera otros puntos altos, como durante el “neo batllismo”, o 1985, cuando el fin de la dictadura.


“No hemos sabido manejar la calidad del gasto público”, admitió Astori en abril. En agosto, en una entrevista con Búsqueda, el expresidente José Mujica advirtió que el Frente Amplio podría perder el gobierno por “la enfermedad del segundo batllismo”, el período de gobierno de Luis Batlle Berres (1947-1951), cuando el Partido Colorado comenzó a “achancharse” por la extensión del “clientelismo y la maquinaria del Estado y el derecho de los trabajadores públicos”.

Una consecuencia del déficit es que la deuda pública crece como porcentaje de la producción nacional: dos puntos del PBI cada año. La deuda uruguaya, que había caído mucho entre 2003 y 2012 como porcentaje del PBI, es ahora una de las más altas de América Latina, sólo superada por las de Venezuela, Argentina y Brasil.


Todo “Estado Benefactor”, con el que sueña buena parte de los partidos uruguayos en el último siglo, con elevado gasto público, reparto de maná y líderes amados, requiere un crecimiento sostenido de al menos 3% anual. 

Pero en los últimos 50 años la economía uruguaya ha crecido a un promedio de solo 2,4%: demasiado poco para un “país emergente”, que se quedó muy atrás de los punteros. 

Incluso el más reciente período de auge, el registrado entre 2004 y 2014, con un crecimiento anual de 5,35%, desembocó en un anodino quinquenio 2015-2019 que cerrará con un promedio de 1,3%.

La socialdemocracia no es para Estados pobres, salvo como caricatura, sino para economías modernas y dinámicas, que permitan ciertas certezas y planes de mediano plazo. 

El cierre de la brecha fiscal se ha vuelto un tema decisivo en esta campaña electoral: cómo desplumar a la gallina sin matarla.
En una situación de estancamiento y de baja inversión, un aumento de la presión tributaria tendría efectos recesivos. Uruguay no tolera más impuestos, al menos por ahora, repite Astori. 

El ministro de Economía especuló en Búsqueda de este jueves que, probablemente, las faltas éticas y los aumentos de impuestos redujeron las chances electorales del Frente Amplio.

El blanco Luis Lacalle Pou promete un “shock de austeridad”, que incluiría una reducción de funcionarios y de las tarifas de combustibles y electricidad. Y advirtió que subir impuestos obligará a los empresarios a elegir entre dos caminos indeseables: cerrar la empresa o generar más desempleo.

El colorado Ernesto Talvi propone “readecuar la plantilla de funcionarios” mediante el no llenado de vacantes y otras medidas. El peso del sector público, que se paga con endeudamiento, deprime al empleo privado. También promete una “regla fiscal”, que permita atesorar en momentos de auge para capear las épocas de vacas flacas.

Astori ha dicho que las propuestas de los candidatos opositores son insostenibles, y que “no conocen absolutamente nada acerca de cómo funciona el gasto público en el Uruguay”. El candidato oficialista Daniel Martínez dijo en una charla de ADM el miércoles que hará “lo imposible” para no subir impuestos, pero se negó a “atarse las manos” con promesas de ese tipo.


Martínez cree que la brecha fiscal podría cerrarse en el mediano plazo mediante más inversión y crecimiento a altas tasas, que reportaría más recaudación. Pero esa situación idílica, en la que el gasto público aumentaría menos que la producción, por ahora pertenece más a los deseos que a la realidad, incluso con la gran obra de UPM en ciernes.

“Van a subir impuestos y tarifas porque no se animan a hacer lo que hay que hacer”, aseguró Lacalle.


El debate sobre impuestos tal vez importe sólo a una parte menor de los votantes; pero ese segmento –independiente y relativamente bien educado e informado– es, precisamente, el que resolverá las elecciones. l

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