19 de julio 2020 - 5:00hs

Con relación al año anterior, en 2019 Uruguay experimentó un aumento de las rapiñas del 2,5 por ciento y un descenso de los hurtos y los homicidios del 4,3 y 6,0 por ciento, respectivamente. A su vez, tanto las rapiñas como los homicidios se redujeron en Canelones, pero aumentaron en Paysandú. En Montevideo se redujeron los homicidios, pero aumentaron las rapiñas, mientras que en San José ocurrió exactamente lo contrario. Este panorama se complejiza aún más si tomamos en cuenta otros delitos, como el robo de vehículos y viviendas, las extorsiones o el abuso sexual. Mientras a veces algunos tipos delictivos evolucionan en consonancia, lo más corriente es que lo hagan de manera disonante y que además crezcan o disminuyan a ritmos diferentes.

A¿Cómo debemos interpretar estos resultados? Si hubo más rapiñas, pero menos homicidios, ¿el delito aumentó o disminuyó en 2019? Los gobiernos de turno suelen poner el énfasis en aquellos delitos que se redujeron y restar importancia a los que aumentaron. La oposición, por su parte, hace lo contrario y señala como un fracaso el aumento de cualquier delito sin importar su trascendencia. Naturalmente, los distintos crímenes no tienen la misma gravedad y tendemos a darle una mayor relevancia a aquellos que ocasionan más daños, como suelen ser los delitos violentos contra las personas. Por eso, el aumento de los homicidios o de las rapiñas ya suele arrojar un resultado negativo global, incluso aunque otros delitos puedan haber disminuido considerablemente.

En definitiva, estas complejidades implican que gobierno, periodistas y académicos cuantifiquemos el delito de manera engañosa, ya sea tomando en cuenta solo algunos tipos delictivos especialmente graves o presentando todos los delitos juntos, como una sumatoria que cada persona termina interpretando a su gusto. Ambas formas son problemáticas, porque la gravedad de los delitos no es la misma, porque los delitos no suben y bajan en consonancia, y porque se pasa a ignorar delitos que parecen menos dañinos, pero que sin embargo desencadenan consecuencias nefastas a largo plazo. Por ejemplo, la extorsión y los robos, que empoderan al crimen organizado y alimentan los mercados ilegales. 

En cualquier caso, estas limitaciones ocurren porque carecemos de un patrón de referencia común para cuantificar todos los delitos atendiendo a su gravedad. Pero afortunadamente esta herramienta existe y se la está aplicando exitosamente desde hace pocos años en países como Inglaterra, Dinamarca o Nueva Zelanda. Se trata de un índice de daños del delito (2), que permite visualizar y analizar cada delito reportado según un peso específico que representa el daño que ocasiona. Un índice de estas características puede crearse fácilmente y sin costo alguno para ser adoptado de inmediato. Es decir, no requiere una asignación presupuestaria nueva.

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¿Cómo funciona? El índice incorpora para cada delito el concepto de daño. Este considera los impactos físicos, psicológicos, sociales y económicos de cada acción criminal, lo que a primera vista parece complicado, pero no lo es. El índice recurre para ello a indicadores que aspiran a ser democráticos, en la medida que se adjudica para cada delito el número de días que la legislación nacional recomienda como pena mínima a quien delinque por primera vez y es condenado. Es decir que al daño asociado a cada delito se le atribuye un valor según las penas que la ciudadanía le asignó a través de sus órganos republicanos.

Por ejemplo, si nuestro Código Penal sentencia un homicidio simple con una pena de dos a doce años de penitenciaría, entonces cada homicidio simple cuenta como 730 (= 2 x 365 días). El homicidio agravado, por su parte, es castigado con una pena de quince a treinta años, por lo que cada homicidio de este tipo computa 5475 (15 x 365). La rapiña y la extorsión conllevan penas mínimas de cuatro años de penitenciaria, por lo que cada una sumaría 1460 (4 x 365). Finalmente, el hurto tiene una pena mínima de tres meses, por lo que tendría un valor de 93 (3 x 31 días). Este procedimiento se aplica a cada tipo de delito, de manera que cada crimen tenga un peso específico que se corresponda con su pena mínima en el Código Penal.

Una vez que cada tipo delictivo ha sido asociado a un número específico de días, el siguiente paso es multiplicar dicho número de días por la cantidad de delitos que se cometieron en un lugar y período determinados. Ese número, a su vez, se suma al de los demás tipos delictivos que se cometieron en ese lugar y período, cuyo resultado luego se divide según el número poblacional correspondiente. Si la operación es correcta, se puede obtener un índice de daños del delito para cada barrio, localidad y departamento del país, así como también para cada día, semana, mes y año. Esta cifra sería el daño total del delito para ese lugar o lapso, y puede servir como una medida de referencia fácil y transparente. Un índice de daños del delito puede incluso ser útil para caracterizar a cada persona condenada y obtener un indicador más veraz de su peligrosidad y riesgo de reincidencia.

La idea no es suplantar las estadísticas y actuales sistemas de registro. Por el contrario, los datos brutos de cada tipo delictivo se deben seguir contabilizando y publicando como se hace hasta ahora, a fin de que los interesados puedan hacer las comparaciones y sacar las conclusiones propias que deseen. Sin embargo, el índice de daños del delito tiene beneficios evidentes, en tanto proporciona una medida que puede aplicarse de manera consistente y confiable para cada unidad de análisis (tiempo, lugar, personas) y con los mismos resultados para los mismos niveles de daño. Además, si bien el daño o peso que el índice atribuye a cada delito nunca podrá satisfacer a todos, es improbable que pueda lograrse un procedimiento más imparcial y legítimo que el basado en las leyes y decretos del cuerpo legislativo.

La creación de un índice de daños del delito también tendría beneficios adicionales para las autoridades policiales. Para empezar, permitiría crear mapas de daños, similares a los mapas del delito que se utilizan actualmente. A diferencia de estos últimos, los mapas de daños reflejan la totalidad de los delitos que se cometen en un área determinada y la gravedad de los daños que ocasionan. Ello permitiría un análisis más confiable de la efectividad y eficiencia de cada programa o comisaría, así como también una mayor focalización en aquellos delitos que ocasionan los mayores daños.

Ninguna administración desea adoptar un sistema que pueda dejarlo peor parado frente a la opinión pública. Sin embargo, el Código Penal uruguayo atribuye una gravedad inusual a la rapiña, por lo que la incidencia de ese delito seguiría definiendo mayoritariamente el éxito o fracaso de cada administración. La incorporación de un índice de daños del delito permitiría dar vuelta la página y disponer por fin de un método que no admite dos lecturas: Más allá de lo que pase con los homicidios, las rapiñas y los hurtos, estará muy claro si el delito realmente ha disminuido o aumentado. Finalmente, vuelvo a señalar que su creación no demandaría costos adicionales y puede implementarse en pocos días con los recursos materiales y humanos ya disponibles. Dejémonos de discusiones. 

Referencias

1 Sherman, Lawrence, Peter William Neyroud & Eleanor Neyroud. 2016. “The Cambridge Crime Harm Index: Measuring Total Harm from Crime Based on Sentencing Guidelines.” Policing (Oxford) 10 (3): 171–83. https://doi.org/10.1093/police/paw003.

Sherman, Lawrence W. 2019. “El Surgimiento Del Policiamiento Basado En La Evidencia: Focalización, Comprobación y Seguimiento.” En: Seguridad Ciudadana. Lecturas Fundamentales, editado por Alberto Föhrig y Diego Gorgal, traducido por CAF, 129–223. Caracas: CAF.

Diego Sanjurjo es doctor en Ciencia Política, especialista en políticas de seguridad y armas.

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