Con el Congreso peruano paralizado, si Dina Boluarte no renuncia se esfuma la posibilidad de elecciones este año 

La crisis política, social y económica del país andino no encontró, en dos meses, ningún camino para lograr alguna distensión. El 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo tomó una medida que no duró más que unos minutos. Quiso cerrar el Congreso, mayoritariamente opositor a su partido Perú Libre, y en un santiamén las fuerzas de seguridad lo detuvieron. Los legisladores dejaron a su vice, Dina Boluarte, al mando del Palacio de Miraflores, la sede presidencial en Lima.

Desde entonces, las protestas populares fueron reprimidas, cada vez con más energía y con un número de muertos que llegó a los 60 el pasado 21 de enero, según las propias cifras oficiales. Desde entonces, el estado de excepción logró contener a los manifestantes sin provocar muertes. Sin embargo, la CGTP, a través de su secretario general Gerónimo López, llamó a una huelga indefinida a partir del jueves 9.

Hacía dos décadas que la mayor central de trabajadores del Perú no convocaba a una medida de este tipo, y aunque no se sabe el grado de acatamiento que pueda lograr, suma a un sector vital a la confrontación con el gobierno de Boluarte.

En efecto, hasta ahora, los sectores que mostraron más combatividad fueron las poblaciones del sur, especialmente Puno, Madre de Dios y Cusco, que ya tienen escasez de alimentos y combustible por los cortes de ruta de las protestas y también con fuertes cordones militares para que los manifestantes no puedan avanzar hacia la capital.

En Lima, que en las primeras semanas el clima era menos tenso, el pasado 19 de enero las marchas se hicieron sentir en toda la capital y fueron reprimidas. Hubo incendios de edificios que los organizadores de las protestas endilgaron a las propias fuerzas represivas como provocaciones.

Esa gran convocatoria fue llamada la Segunda Marcha de los Cuatro Suyos (la primera fue la que desalojó a Alberto Fujimori del gobierno en 2000), y reclamó la renuncia de Boluarte y el llamado a elecciones presidenciales y de renovación del Congreso-

Dos días después, el 21 de enero, las fuerzas de seguridad entraron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y desalojaron violentamente a todas las delegaciones del interior del país que se encontraban en el campus Universitario. Pese al enérgico repudio de las autoridades de la universidad, ese día los claustros estuvieron cercados por la policía que desde entonces controla la mayor universidad del Perú.

Si alguna vía quedaba para afrontar una salida a la crisis, era que el Congreso adelantara los comicios. En efecto, el mandato de Pedro Castillo se extendía hasta 2026, ya que los presidentes gobiernan por cinco años en Perú. Como Castillo había asumido en julio de 2021 y fue desalojado el 7 de diciembre de 2022, quedaba en manos de Boluarte terminar ese período.

El rechazo tanto a ella como al Congreso, hizo que la vice de Castillo -que tomaba distancia de quien la convocara para completar la fórmula- decidiera llamar a elecciones en abril de 2024. Sin embargo, eso echó más leña al fuego. No solo porque no frenaron las protestas sino porque dejaron en evidencia que los legisladores no mostraron ninguna capacidad e interés para cambiar el cronograma.

José Williams, general retirado y presidente del Congreso, se mostró partidario de no cambiar la fecha. La bancada mayoritaria, alineada con Keiko Fujimori, distante de Williams pero también con ideología de derecha, propuso adelantar los comicios pero fue rechazada en la votación. La presidenta de facto Boluarte, en la vereda opuesta de Fujimori, también fracasó en ese intento.

La normativa parlamentaria de Perú establece que en un mismo período legislativo no pueda tratarse dos veces una misma iniciativa. En este estado de parálisis, el viernes 10 finalizan las sesiones hasta el 1° de marzo. Un sector alineado con el detenido Pedro Castillo, el Bloque Magisterial, envió una carta a Williams, para que llame a un pleno del Congreso y se trate una reforma constitucional y el adelantamiento de los comicios. A priori, se sabe que no cuentan con respaldo como para lograr que prospere.

Hace dos meses que Boluarte está a cargo del Ejecutivo, salvo que cambiara de opinión y presentara su renuncia, el estado de parálisis institucional es completo. Las encuestas indican que siete de cada diez peruanos tienen una imagen negativa de la presidenta de facto. Y ocho de cada diez peruanos tienen una imagen negativa del Congreso.