El ciudadano paraguayo que fue “piedra angular” de la Operación Océano celebró hace unos dos meses un acuerdo abreviado, que incluía prisión domiciliaria y libertad vigilada. Él ya había estado preso nueve meses en forma cautelar por esta causa. Pero hace dos semanas, la aparente calma que había conseguido se interrumpió cuando efectivos policiales ingresaron a su casa y le manifestaron que volvía a prisión.
El hombre no entendía lo que pasaba. Fue trasladado al penal de Punta de Rieles, donde pasó ocho horas en la Unidad de Diagnóstico y Derivación. Su falta de comprensión tenía sentido: se trataba de un error de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que se subsanó cuando su abogado se presentó en el juzgado y pidió que arreglaran el inconveniente.
“No leyeron o no entendieron bien la comunicación y le dijeron que volvía a la cárcel”, dijo un testigo de lo ocurrido a El Observador.
En noviembre de 2019, el hombre que ahora fue llevado a la cárcel por error denunció a una de las víctimas de Operación Océano por extorsión. Cuando Aldana Bonsignore apareció ahogada en marzo de 2020 –considerado un suicidio– se revisó su celular, se trianguló la información con la denuncia del ciudadano paraguayo y así surgió la causa, que luego tuvo varios capítulos.
Él, que siempre fue considerado de los más comprometidos en la investigación, consiguió un acuerdo abreviado de tres años y tres meses de penitenciaría: 15 meses de prisión efectiva (de las que ya se computaron 12 por las medidas cautelares que tuvo que cumplir), 12 de prisión domiciliaria y otros 12 en libertad vigilada.
Inicialmente se lo imputó por haber tenido vínculo con Bonsignore y con la principal víctima. “Él admite el desacato, entiende en qué consiste el delito de promesa y retribución, pero sostiene que se lo indujo al error porque él las conoce por páginas para adultos y él concurre al hotel Dazzler en el que les solicitaron las cédulas de identidad y que en su relato daban crédito de su mayoría de edad. Hay una mayor de edad que los indujo al error”, dijo entonces su abogado, Santiago Alonso a El Observador.
Sin embargo, la fiscalía, con los chats entre el ahora condenado y la declaración de la víctima, consideraba que tenía la suficiente evidencia para seguir adelante.
La jueza de la Operación Océano, María Noel Tonarelli, aceptó el recurso de inconstitucionalidad que abogados de la causa habían presentado para los 11 imputados que van a juicio. Una vez que la Fiscalía conteste el pedido, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá expedirse y hasta tanto no tome una decisión no se retomará el caso.
Los abogados de los imputados que irán a juicio por la Operación Océano presentaron un escrito para promover el recurso contra cuatro artículos por los que la fiscalía pretende condenarlos.
En el documento, las defensas replican chats entre las víctimas que, según entienden, prueban que había una “organización conformada por jóvenes mayores y menores de edad, de una activa y desarrollada vida sexual precedente, que ofrecían sus servicios a cambio de dinero infiltrándose en redes sociales exclusivas para adultos”
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