9 de febrero de 2018 10:26 hs

Según un comunicado del Ministerio del Interior, algunos de los mexicanos están siendo requeridos por el delito de robo agravado en una joyería del país centroamericano y se anunció la intención de iniciar los trámites de extradición de los cuatro hombres.

A su vez, el documento recibido pide que se activen las alertas en los puestos fronterizos y en los aeropuertos, y reclaman que "si alguna de estas personas viaja hacia algún país" se les "informe de inmediato, a fin de establecer las comunicaciones respectivas con el país que se requiera". "Además informarnos sobre personas que viajen con grandes cantidades de joyas como las descritas arriba, y que de darse algún hallazgo se nos comunique de inmediato en aras de determinar si se trata de la mercadería sustraída en Costa Rica", indica el texto.

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A los 12 mexicanos capturados, de los 14 que cometieron el asalto de joyas por US$ 3 millones, se les imputó 120 días de prisión preventiva por el delito de rapiña especialmente agravada. La fiscal penal Sabrina Flores dijo a la prensa que la pena mínima que podrán recibir cuando llegue el juicio es de 5 años y cuatro meses de cárcel.

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Si bien la defensa -dos defensoras públicas- pidió bajar la prisión a 60 días, el juez Diego González no hizo lugar. Argumentó que existía riesgo de fuga por no tener arraigo en el país. Como tampoco aportaron ningún dato de la banda se pedirá colaboración a México para rastrear las cuentas bancarias de las que cada día le giraban dinero a los delincuentes, que cada día de la estadía en Maldonado vivieron con lo justo.


Los pasaportes de los indagados fueron expedidos en octubre y el dinero para tramitarlos fue otorgado por la banda. En México habían tenido dos reuniones, pero no todos sabían qué debían hacer. Algunos declararon que pensaron que venían de paseo y otros creyeron que tendrían un trabajo formal.
Los delincuentes se hospedaron en cuatro hoteles: el Colonial, el San Car, Los Pinos e Isla Gorriti. Otra persona -que estaba en una casa- recibía las órdenes desde el exterior y manejaba las finanzas con las que se mantenían los ahora imputados en Uruguay.

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