Cuatro líneas de acción política para los uruguayos provida y profamilia

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) se aprobaron la Ley N° 18.246 (Unión Concubinaria), la Ley N° 18.426 (Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva), la Ley N° 18.473 (Voluntad Anticipada) y la Ley N° 18.620 (Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios).

Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) se aprobaron las principales leyes de la “agenda de derechos” del FA: la Ley N° 18.987 (Interrupción Voluntaria del Embarazo), la Ley N° 19.075 (Matrimonio Igualitario), la Ley N° 19.167 (Técnicas de Reproducción Humana Asistida) y la Ley N° 19.172 (Marihuana y sus Derivados).

Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) se aprobaron la Ley N° 19.580 (Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género) y la Ley N° 19.684 (Ley Integral para Personas Trans).

Este conjunto de nuevas normas jurídicas ha contribuido mucho a la fuerte caída de la natalidad, que está causando una gran crisis demográfica, y al agravamiento de la crisis del matrimonio y de la familia. Dado que, como dice la Constitución Nacional, “la familia es la base de nuestra sociedad”, la crisis de la familia está en la base de todos nuestros problemas sociales. 

Citaré sólo seis datos estadísticos muy preocupantes de Uruguay sobre estos temas: a) desde 2016 se registran unos 10.000 abortos “legales” por año; b) la cantidad anual de nacimientos descendió de unos 59.000 en 1975-1976 a unos 32.000 en 2022; c) la cantidad anual de matrimonios descendió de unos 25.000 en 1974 a unos 8.100 en 20211; d) el porcentaje de nacimientos extramatrimoniales ascendió de alrededor del 15% en 1965 a un 70% en 20102; e) en 2011, de las personas de 14 a 24 años que vivían en pareja, sólo un 12,3% estaban casadas; f) en 2004, por primera vez, hubo más divorcios (14.300) que matrimonios (14.225)3.

Pienso que, frente a esta situación tan oscura, los uruguayos provida y profamilia (cristianos y no cristianos) deberíamos impulsar las siguientes cuatro líneas de acción en el terreno político.

A) La primera es no dejar de luchar contra las ocho leyes antes referidas. No caigamos en la falacia de que esos temas ya fueron laudados democráticamente, por lo que no nos quedaría más que resignarnos y adaptarnos a la situación. Lo que era injusto e inconstitucional hace veinte años sigue siendo injusto e inconstitucional hoy. Por supuesto, la tarea de derogar esas leyes puede insumir muchos años o décadas. Mientras no sea políticamente viable la derogación total de una de esas leyes, es admisible que, dejando muy claro que el objetivo último es abolirla, se propongan diversas formas de derogación parcial. En esa línea se podría proponer, por ejemplo, la prohibición de la financiación estatal de los abortos, de las cirugías de “cambio de sexo” o de la producción de marihuana.

B) La segunda es evitar que la situación siga empeorando en lo jurídico. Para ello es necesario que nos opongamos firmemente a que progrese la “agenda de derechos” anticristiana que nos hace avanzar hacia el abismo como sociedad. Esto implica rechazar incondicionalmente las propuestas de legalización de la eutanasia, el suicidio asistido y el consumo de cocaína y otras drogas, las propuestas de una mayor liberalización de la maternidad subrogada, las propuestas para facilitar aún más el divorcio (“divorcio exprés”), etc.  

C) La tercera es aprovechar todas las herramientas disponibles en el orden legal vigente para trabajar a favor de la vida y la familia. Por ejemplo, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo establece que se debe informar de las alternativas al aborto a las mujeres que soliciten un aborto. En esta línea se podría hacer mucho desde ya para disminuir el número de abortos.

D) La última es proponer que el Estado apoye, por medio de subsidios directos o indirectos (incluyendo beneficios fiscales) a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan por la vida y la familia: por ejemplo, las OSC que apoyan a mujeres embarazadas vulnerables para ayudarlas a seguir con su embarazo y las que trabajan para la rehabilitación de personas drogadictas.

Subrayo un caso concreto de acción política en las líneas aquí descritas. En 2021 un político socialcristiano presentó al Presidente de la República una iniciativa para disminuir el número de abortos que combina las líneas de acción que llamé C y D. Lamentablemente, hasta ahora el gobierno nacional, pese a declararse provida, no ha hecho nada notable al respecto4.

1. En 2020 hubo sólo 6.661 matrimonios civiles en Uruguay, probablemente debido a las medidas tomadas contra la pandemia de COVID-19. 
2. No encontré datos de los años posteriores a 2010.
3. Increíblemente, no hay datos oficiales del número anual de divorcios de 2005 en adelante.
4. https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/iafigliola-propuso-a-lacalle-propuesta-alternativa-al-aborto-para-mujeres-con-problemas-socioeconomicos/