Dice Eleuterio Fernández Huidobro que el golpe de junio de 1973 no se dio, sino que se fue dando. Y declaro mi coincidencia con esa visión. El desprestigio de las instituciones, que fue acompañada (como no podía ser de otra forma) por el paulatino descaecimiento de las libertades y los derechos individuales, acompañó morosamente el desplome de los niveles de vida de la sociedad oriental desde 1956, y se veía venir, desde mucho antes, que aquel proceso no podía terminar bien.
La paulatina instauración de la intolerancia, los brotes de antisemitismo, las tesis revolucionarias derivadas del proceso cubano y la exigencia, expresa o tácita, de amplios sectores ciudadanos de que un “hombre fuerte” se “pusiera los pantalones” y arreglase aquel caos, fueron etapas que se superpusieron hasta desembocar en el infame decreto de disolución del Parlamento que se dio a conocer en aquella gélida mañana del invierno de 1973.
Pero no fue aquel el único, ni el primer, golpe contra las instituciones democráticas que se diera en este país; vaya si tuvo antecedentes. Así, al barrer de la memoria, recuerdo los de 1836, 1853, 1865, 1875, 1899, 1933 y 1942, para no citar sino a los que lograron su objetivo. Lo que no puede negarse es que fue esencialmente distinto a todos los anteriores. Todos ellos, los que derrocaron a gobiernos legítimos (como el de Manuel Oribe, Juan Francisco Giró, Atanasio Aguirre o José Ellauri), tanto como los que lanzó el propio titular del Ejecutivo contra las demás instituciones (Lindolfo Cuestas, Gabriel Terra, Alfredo Baldomir), obedientes a causas muy diversas, tuvieron un factor en común: la mala conciencia. Se produjeron por factores coyunturales que las fuerzas entonces predominantes consideraron intolerables y que procuraron corregir por medio de un manotazo; pero la intención de todos ellos, sin excepción, era que, una vez superada la crisis, había que volver al juego natural de la democracia.
Cuanto antes, mejor. El puñetazo antidemocrático de 1973, en cambio, tuvo veleidades neofundacionales; los hombres, militares y civiles, que en aquel momento cargaron sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de violar juramentos y poner en juego la irrazonable razón de la fuerza, creyeron inaugurar una etapa novedosa y definitiva de la historia nacional; y soñaron con una patria en la que ciertas ideologías quedasen interdictas, en que se modificaran drásticamente las reglas del juego republicano y en que se pudiera vivir en paz y prosperidad por siempre jamás.
“Un país sin marxismo construye con fe”, decían las consignas publicitarias, y las imágenes televisivas mostraban a un niño de escasos meses riendo mientras una voz le daba ánimos por estar creciendo “en un nuevo Uruguay”. Creían, de esa forma, sepultar para siempre el mesianismo opuesto, el de otras minorías, por entonces ya derrotadas en el plano militar, que habían tratado de importar revoluciones a fuerza de bombas y balazos.
El Uruguay nunca había conocido algo ni remotamente parecido.
Por mera aplicación del sentido común, se infiere que si el golpe de junio de 1973 fue tan particular, también debieron serlo los factores que lo produjeron. Y aunque algunos, sin duda, fueron más culpables que otros, nadie se libró de cargar con una cuota de responsabilidad. Los políticos, por no haber logrado siquiera detener la caída vertical de los niveles de vida que se iniciara al promediar la década de 1950, pese a que (al menos dentro de los lemas tradicionales) todos tuvieron ocasión de gobernar.
Los guerrilleros (MLN Tupamaros, Movimiento Revolucionario Oriental, etc.), por haber implantado la dialéctica de la violencia en un país habituado durante casi 70 años a dilucidar sus diferencias a través de la negociación y el acuerdo, incluyendo en este hábito el reparto de achuras (criticable, por supuesto, pero siempre mejor que la efusión de sangre); los militares, por haber creído que la victoria que lograran en su combate a lo que llamaban “subversión” los justificaba como presuntos salvadores de la Patria y restauradores de “la Orientalidad”; como si la puesta en juego de sus conocimientos castrenses borrase de un plumazo su incapacidad, evidente por sentido común, de gobernar una sociedad moderna.
Y, por fin, la ciudadanía en pleno, que una vez más (como en 1933, como en 1942) contempló con cierta indiferencia el desplome institucional, convencida de que aquello duraría poco y que lo más inteligente era desensillar hasta que alboreara el día. ¿Y la huelga general que se lanzó el mismo 27 de junio por la CNT? –se preguntarán algunos. ¿Y la “asonada” del 9 de julio?
Los hechos mostraron fehacientemente que fueron fenómenos minoritarios, por admirables que hayan resultado. Y no son precisamente ni la izquierda política nucleada en el Frente Amplio, ni el movimiento sindical, los más indicados para afirmar, como hacen algunos de sus integrantes con notoria desvergüenza, que ellos no tuvieron nada que ver, porque fueron las víctimas y los paladines de la resistencia.
Olvidan así, convenientemente que ese golpe que “se fue dando”, al decir de Fernández Huidobro, había tenido un hito decisivo en febrero y que tanto esa agrupación política (con muy pocas excepciones) como la central sindical, habían manifestado entusiastamente su apoyo a la irrupción del Ejército en la vida política, repitiendo hasta la saciedad la estupidez de que “la lucha de clases no se detiene en la puerta de los cuarteles” y que la “contradicción principal” era entre “oligarquía” y “pueblo”.
Y no, como realmente era, entre demócratas y totalitarios, entre liberales y autoritarios, entre adalides de las libertades y temerosos de la misma, al estilo de Erich Fromm; entre republicanos, en fin, que se sentían representados por las instituciones, y los que las miraban como mero pretexto para favorecer el advenimiento de una revolución exógena y ultramontana.
Habíamos tenido varias dictaduras. Aquel día –y no lo sabíamos aún– comenzamos a saber por vez primera lo que era una tiranía. Todos tuvieron (tuvimos) una buena cuota de responsabilidad en esta feroz tragedia colectiva; y nadie, y mucho menos que nadie la izquierda que hoy legítimamente gobierna, tiene derecho a mostrar las manos como si tuvieran las palmas impolutas.
La única lección indiscutible de esta experiencia que tanto costó superar era ya bien sabida por nuestros mayores: la sola garantía que los ciudadanos tenemos para vivir en paz es la vigencia de las instituciones, al margen de “salvadores” de todos signo. Haberlo olvidado nos costó, como colectividad, transitar por los días más aciagos que la Patria conoció a lo largo de toda su historia.
