Darío Pérez y Layera se llevaron los golpes de la Mesa Política del FA

Fue una semana agitada para el Frente Amplio. Primero vinieron las declaraciones del jefe de Policía, Mario Layera, que en entrevista con El Observador criticó la falta de coordinación institucional para combatir la delincuencia y dijo que el país se encaminaba a situaciones como las de El Salvador o Guatemala. Layera recibió fuertes críticas por parte de dirigentes del FA, incluyendo un pedido de renuncia de Casa Grande, el sector liderado por la senadora Constanza Moreira.

Pero si ese torbellino no había sido suficiente, el martes la coalición de gobierno quedó en minoría en la Cámara de Diputados, cuando uno de sus diputados, Darío Pérez, alzó la mano junto a la oposición para echar por la borda la creación de un impuesto a las altas jubilaciones militares. El proyecto era considerado una prioridad en el oficialismo y por eso se había mandatado a la bancada a aprobarlo.

Ambos temas formaron parte del debate este viernes en la Mesa Política del FA.

Respecto al caso del diputado rebelde, el presidente del FA, Javier Miranda, remarcó durante la discusión que lo que "está en juego" es el "pacto político" que hace funcionar a la coalición de gobierno. "La democracia consiste en generar los espacios de discusión, tomar cuenta de los desacuerdos que hay, discutirlos, intentar persuadir a otros, y si no se llega a un acuerdo, someter a votación", dijo a la prensa luego de la reunión.

Aunque desde los sectores hubo varias críticas a la actitud de Liga Federal, no hubo una resolución de pasar el caso al Tribunal de Conducta Política (TCP). "El TCP puede analizarlo, actuando de oficio o a pedido de alguien. En primera instancia, todavía no se tomó una decisión colectiva. Pero igual puede ser presentado por departamantales o las bases", aseguró Carlos Coitiño, delegado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Según participantes del encuentro, el PVP fue el único sector que planteó que discutiría en su ámbito de dirección la posibilidad de presentar la denuncia. Consultado al respecto, Coitiño dijo que "todavía" no han tomado una definición, más allá de "reafirmar que el estatuto tiene los elementos suficientes" para actuar.

El que recogió el guante por la Liga Federal fue José Maldonado, delegado del sector ante la Mesa Política, que respondió a cada uno de los golpes que le propinaron desde el resto de la coalición. Por ejemplo, cuando la senadora Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, acusó al sector de no respetar la orgánica frenteamplista, Maldonado le contestó que en ese caso, también debería criticar al ministro Danilo Astori, por salir a cuestionar las potestades del Plenario tras la votación del TLC con Chile.

Por otra parte, Maldonado reprochó que se le intente adjudicar a la Liga Federal el déficit de la Caja Militar, cuando el FA tuvo casi 15 años para reformarla y todavía no lo ha hecho.

Aunque en menor medida que Darío Pérez, Layera también fue objeto de una ronda de críticas de todos los sectores del FA. "Inoportunas", "exageradas" e "inorgánicas" fueron algunos de los adjetivos que se usaron para describir sus declaraciones.

Sin embargo, el apoyo del Ministerio del Interior a sus dichos matizó los golpes de la fuerza política, así como el hecho de que Layera no pertenece a la orgánica.

La crítica más dura provino de Mariella Barboza, del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que cuestionó la coincidencia entre las declaraciones del jefe de Policía y el envío de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para endurecer algunas medidas del Código de Proceso Penal (CPP). Entre otras cosas, el proyecto dispone la ampliación de la prisión preventiva, haciéndola obligatoria para delitos graves.