El pasado jueves, el sindicato bancario ocupó la sede central del Citibank en Montevideo. Lo hizo en reclamo por los empleados despedidos por la entidad financiera cuando hace 8 meses cerró una unidad de negocios -la división International Personal Banking (IPB)- y vendió otra. En ese momento eran 29 los empleados despedidos pertenecientes a la división de banca privada.
De esos 29, 16 eran afiliados a AEBU y por lo tanto el problema se circunscribió a estos. Todos los trabajadores despedidos, tanto agremiados como no, recibieron un monto de despido superior al que marca la legislación laboral uruguaya. O, lo que es lo mismo, una suerte de retiro incentivado.
De los 16 empleados agremiados, 5 fueron tomados por la firma que compró la oficina del Citi en Zonamérica. De los 11 restantes, 8 aceptaron el retiro incentivado que les ofreció el banco americano. Tres, en cambio, rechazaron esta oferta y fueron despedidos. En defensa de estos tres empleados, luego de varios intentos de negociación, en el último de los cuales participo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, fue que se inició la ocupación.
Walter Tabeira, consejero del Sector Financiero Privado del sindicato y secretario de prensa, aseguró el jueves que los trabajadores podrían ocupar el banco de manera indefinida. Tabeira destacó que estaban en comunicación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que “es su tarea convocar a las partes para establecer una mesa de diálogo”.
Y a mayor abundamiento Tabeira señaló que desde “hoy (por el día jueves) se está afectando a todo el sector financiero en forma gradual, expansiva y ascendente”. Es decir, llegar “a sectores como el oficial, o sectores no bancarios, financieros” como procesadores de tarjeta de crédito y cooperativas de ahorro”.
Para entender la lógica de la ocupación y de los paros, Tabeira señaló que “estuvimos ocho meses tratando de encontrar una mesa de diálogo que no fue posible, tuvimos nueve oportunidades para que se reconsiderara, y no hemos podido lograr que de buena fe la dirección de este banco (Citi) se reuniera con nosotros para poner arriba de la mesa la continuidad laboral de los trabajadores, reconsiderar las categorías, reconsiderar salarios, lo que hacemos siempre cuando hay este tipo de ventas y fusiones de instituciones, incluso hasta en los cierres”.
Al parecer, el sindicato bancario considera tener privilegios especiales respecto al resto de los trabajadores. Si se cierra una unidad de negocio, los funcionarios se deben reubicar. Si no se reubican, se puede bajar salarios o incluso pedir a otras entidades del sistema financiero que den trabajo a esos empleados. Algunas veces eso es posible cuando se vende una unidad de negocio en marcha.
Otras veces, sencillamente, no es posible. Pero el sindicato bancario no admite esto basado en una premisa que enunció el pasado jueves el propio Tabeira: “La pérdida de un puesto de trabajo para una familia es una catástrofe familiar, la pérdida de un puesto de trabajo para el sindicato es una catástrofe nacional. Por eso es que el sindicato está activando todas sus fuerzas para revertir la pérdida del puesto de trabajo”.
Pero lo que sostiene el sindicato bancario no se aplica a los demás trabajadores del país. La estabilidad laboral no es absoluta y se puede interrumpir por causales razonables y con la indemnización prevista por la ley. Está claro que perder un empleo es una catástrofe y para mitigarla está la indemnización por despido que abona la empresa y el seguro de paro que otorga el estado con lo recaudado por aportes laborales. Son medidas que permiten paliar la situación económica hasta que la persona despedida pueda encontrar otro trabajo.
Tanto más difícil será generar empleo cuanto más trabas haya para cesarlo. Basta ver la flexibilidad de la economía americana donde en los últimos dos años se han creado 22 millones de empleos, un poco más de los que se perdieron por la pandemia. El mes pasado se crearon 500.000 puestos de trabajo -muy por encima de la media de 250.000- y eso que, según muchos analistas, la economía americana está entrando en recesión.
Sin embargo, el sindicato bancario no está dispuesto a perder puestos de trabajo y utiliza al máximo el poder sobre el sistema financiero para defenderlos. Eso no ha sido, empero, suficiente para evitar el descenso del número de empleados y del número de entidades financieras que quieran invertir en Uruguay. Y ahora habrá que enfrentar los desafíos de la automatización: cada vez más trámites se harán por celular y sin concurrir a sucursales. Cada vez habrá menos sucursales, aquí y en el mundo.
Esa es la “tragedia” ante la que hay que prepararse. En el sistema financiero y en todas las áreas de actividad. Y frente a ella no será de ninguna utilidad la ocupación de locales, además de ser ilegal.
A lo que hay que apostar, no es a conservar empleos que desaparecen sino a generar nuevos empleos de utilidad. Ya sea en el sector financiero o en sectores paralelos. Nadie tiene asegurado “su puesto de trabajo” pero sí hay que generar condiciones para que se generen nuevos puestos de trabajo. Si no, acabaremos en la perniciosa renta básica universal que desnaturaliza la necesidad humana de desarrollarse personalmente mediante el trabajo.
