Opinión > Análisis

De ollas y guerras que no solucionan el acceso insuficiente a la comida

Es hora de pensar solo en quienes tienen problemas alimenticios
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12 de noviembre de 2022 a las 05:02

En el mismo Uruguay donde se discute sobre los parlantes en los ómnibus, sobre un informe de Inteligencia filtrado aparentemente desde el Parlamento, sobre niveles de popularidad elevados de un presidente y de una intendenta, esta semana se armó una guerra entre un ministerio y una agrupación social que aparentemente tiene que ver con el hambre, pero en la que el acceso insuficiente a alimentos de una porción importante de los uruguayos queda en segundo plano, al menos en el discurso.

La guerra podría haber sido por el hambre, por la inseguridad alimentaria que afecta a un  15% de los hogares uruguayos de forma moderada o grave, según datos oficiales del INE, consignados en el primer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares (octubre 2022). Pero entre tanta rabia y acusaciones cruzadas, con o sin razón, la comida que no alcanza en muchos hogares quedó en segundo plano, un pecado mortal que no debería cometer ni el gobierno ni la oposición ni ninguna organización social, sindical, partidaria o de cualquier índole.

Podríamos hablar de indigencia, de pobreza, de los más chicos que son los que más sufren la pobreza, la indigencia y la inseguridad alimentaria que, está comprobado científicamente, incide negativa y definitivamente en su desarrollo físico y cognitivo, comprometiendo su futuro (y el del país). Podríamos hablar de qué es la inseguridad alimentaria, definida en el informe como la falta “de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable”. Esta situación puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos, y experimentarse en diferentes grados, de los cuales el moderado ya supone un compromiso en la cantidad de alimentos consumidos, y en el grave implica que las personas se saltean comidas o pasan todo un día sin comer.

Pero hablamos de lo que dijo el Ministerio de Desarrollo (MIDES) y el ministro, y  de lo que le contestó la Coordinadora Popular Solidaria Ollas por Vida Digna (CPS).  Esta agrupación nuclea a unas redes barriales en Montevideo y ha tomado un papel protagónico desde la pandemia en la organización de la recolección de alimentos para merenderos y ollas populares.

El ministro Martín Lema anunció el martes que el ministerio que encabeza realizará una denuncia penal contra la CPS, luego de constatar irregularidades, “hechos con apariencia delictiva”. Lo que la Justicia deberá confirmar o descartar son algunos puntos a priori graves:

-que de la cantidad de ollas y merenderos que declaraba la coordinadora públicamente, al menos 68 no funcionaban o nunca funcionaron.

-que la distribución de alimentos “no era transparente, no se mostraban los remitos con el detalle de los insumos y, en general, las ollas y/o merenderos coordinados por la red recibían menos insumos de los que tenían asignados”.

-que la Coordinadora de Ollas Populares “inflaba los números” para recibir insumos.

- que “recibían insumos e incluso, según testimonios, los vendían”.

-que algunas ollas funcionaban en comités de base político partidarios.

-que existen denuncias de apropiación indebida por parte de integrantes de la red, así como también por parte de referentes de ollas.

El ministerio presentó testimonios de seis personas que dan cuenta, entre otras cosas, de que “debían asistir a reuniones del plenario de su red bajo la presión de no recibir los insumos para sus ollas y los contenidos de los plenarios eran netamente políticos y ajenos a temas referentes a la organización de las ollas”.

Pronto la coordinadora contraatacó con una carta pública en la que acusa al ministerio de “hablar de supuestas ollas inexistentes sin nombrarlas, sin decir cuál es la fuente de tales afirmaciones y sobre qué base de datos son cotejadas” y aclaró que a la cartera “se le entregó una lista actualizada de todas las iniciativas que integran las Redes de la CPS” pero, que de todos modos, “sigue en su empeño de deslegitimar a la organización de las Ollas Populares”. En el mismo texto expresa que la coordinadora sufre “hostigamiento permanente” por parte del MIDES. “Esta operación (...) deja al descubierto una estrategia de acoso frente a la cual no encontramos otras explicaciones que no sean la necesidad de tapar problemas graves de las autoridades en su gestión y el odio profundo a cualquier proceso de organización social, autónoma y popular”. Además critica duramente la gestión del gobierno, incluyendo el salario que reciben los dirigentes de Uruguay Adelante, la ONG a la que el Mides le concedió la intermediación para la distribución de alimentos para ollas populares, desde abril de este año, una decisión que fue rechazada por la coordinadora en ese momento. La CPS también dice que desde el ministerio se adjudican indebidamente canastas a través de la aplicación móvil del Mides, entre otras críticas a su gestión. La coordinadora hace lo mismo que critica: generaliza. Y se olvida, en su afrenta, de darle total protagonismo a las necesidades insatisfechas de miles de personas, que deben ser satisfechas sin importar cuál es el intermediario. Al igual que el ministro olvida ir al fondo de este problemón, que es la propia existencia de ollas populares.

En abril, el Mides anunció un acuerdo con la asociación civil Uruguay Adelante, a la que se le entregaron 65 millones de pesos para una primera etapa de compra de alimentos, logística y suministro a ollas populares y merenderos de la zona metropolitana. Entonces, el sistema que definió el ministerio generó molestia en la Coordinadora, que ya estaba trabajando desde 2021, con el Instituto Nacional de Alimentación y la Intendencia de Montevideo para que llegara comida a varias ollas, porque lo consideró una “tercerización” de la ayuda a las ollas.

También el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT rechazó que la distribución de alimentos para merenderos y ollas populares se haga a través de Uruguay Adelante, al punto que anunció que se pondría “al hombro” una campaña de recolección de alimentos para abastecer a las iniciativas solidarias. “Observamos con asombro cómo el gobierno pretende disimular su responsabilidad intentando reglamentar la solidaridad, con una actitud de contralor y poniendo en tela de juicio el sistema de atención alimenticia básica para muchos compatriotas”, se expresó desde el PIT-CNT.

El Estado tiene la obligación de trabajar para que la insuficiencia alimentaria no exista más. El gobierno tiene la obligación de disponer de la mayor cantidad de recursos posibles para solucionar este problema, y puede canalizarlos como mejor considere conveniente, algo sobre lo que luego deberá rendir cuentas y que se reflejará, para bien o para mal, en esas cifras con las que empezaba esta columna. La CPS no tiene obligación de nada, pero sí derecho a llevar adelante un sistema solidario para que la comida llegue a quien lo necesite. No tiene derecho, ciertamente, de determinar cuál será el intermediario, porque no será la CPS la que rinda cuentas ante la ciudadanía, sino el gobierno.

Entre tantos derechos y obligaciones y una guerra dialéctica que llegó a su clímax esta semana, los uruguayos que comen menos o peor de lo que deberían según datos del INE, sufren los efectos de esta realidad: “diversos problemas de salud, especialmente en la infancia y la adolescencia”, dice el informe. “Las personas que viven en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave tienen mayor probabilidad de experimentar malnutrición, tanto por déficit como por exceso, así como enfermedades no transmisibles”. Es hora de pensar solamente en ellos.

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