Ayer de mañana la jueza Ana De Salterain ordenó la liberación de las 13 personas detenidas el martes de noche en los incidentes ocurridos durante el desalojo del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dado que todavía no cuenta con pruebas para dejarlos detenidos.
La magistrada confirmó a El Observador que todos los detenidos eran mayores de edad y que varios correspondían a la agrupación Plenaria, Memoria y Justicia y al sindicato del taxi.
Esas personas deberán concurrir a declarar hoy, al igual que otras que se encontraban presentes en el momento de los desmanes, informó la magistrada a El Observador. El viernes declararán los 24 efectivos policiales que denunciaron haber sido heridos durante el operativo. Entre tanto, la Policía Científica investiga los videos provenientes de las cámaras de seguridad de la zona y de los distintos medios de comunicación para tratar de identificar a los responsables de los incidentes. Además De Salterain dispuso estudios forense para los lesionados.
Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó ayer en el programa En Perspectiva de radio Oriental que el desalojo se llevó a cabo porque varios organismos, como el Ministerio de Economía, pidieron una rápida solución para poder utilizar las oficinas que tienen en el edificio que estaba ocupado. Así fue que el lunes de mañana efectivos policiales informaron a la jueza de que iban a proceder a la desocupación de esas oficinas.
El jerarca aseguró que los estudiantes, dentro del Codicen, no opusieron resistencia, pero "los que estaban afuera, gente del taxi, y Plenaria Memoria y Justicia, empezaron a apedrear a la Guardia Republicana". A raíz de eso se produjeron los incidentes, que dejaron un saldo de ocho policías internados, uno fracturados y cinco manifestantes también con heridas leves", afirmó.
En la tarde de ayer el Ministerio del Interior difundió un comunicado y un video de los incidentes para dejar constancia de que los hechos ocurrieron fuera, luego del desalojo.
En tanto, el abogado de los sindicatos de la enseñanza, Pablo Ghirardo, dijo a El Observador que "el Poder Judicial debe actuar de oficio por la forma en que se desarrolló la agresión a los estudiantes, dado la gravedad de los hechos y la irregularidad del procedimiento". Aseguró que no se cumplió la etapa de intentar conciliar a las partes.
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