Decreto que ayuda a delincuentes

Soldados a cargo de la vigilancia fronteriza encuentran in fraganti a contrabandistas u otros delincuentes o a presuntos terroristas que buscan escabullirse. ¿Los arrestan? No. Solo pueden decirles: aguanten un poco, muchachos, no se vayan, mientras llamamos a la Policía y a los aduaneros para que vengan dentro de un rato a meterlos presos. Esta absurda escena probable deriva de un decreto gubernamental que ignora un pedido del Ejército de que sus efectivos en la frontera puedan detener preventivamente a malhechores. El decreto, que nada agrega a las funciones actuales de los militares, limita a las Fuerzas Armadas a tareas de patrullaje y control y, en caso de ilícitos, dar aviso "a los organismos con jurisdicción y competencia". Son el Ministerio del Interior y la Dirección General de Aduanas, cuyo personal puede estar distante del lugar donde se está cometiendo un delito.

El Ejército había solicitado, con lógica irrefutable, que se ampliaran por ley sus facultades de vigilancia fronteriza, permitiéndole realizar arrestos hasta que se hicieran presentes los policías o los aduaneros. Pedía la aplicación de esta autorización en una franja de hasta 10 kilómetros dentro del territorio, similar a la que tienen las Fuerzas Armadas de Brasil. La negativa del gobierno a aprobar ese curso soslaya el más elemental sentido común. Abre la posibilidad de que delincuentes o presuntos terroristas puedan escapar, mientras los militares los miran con las manos atadas a la espera de que lleguen policías o funcionarios de aduanas.

Los servicios de inteligencia, que dependen del Poder Ejecutivo, habían recomendado al gobierno el año pasado mejorar los controles sobre delincuentes internacionales o terroristas que intenten ingresar a Uruguay. Señalaron en esa oportunidad que individuos radicales ya habían recibido en el pasado protección de comunidades instaladas en el país. El antecedente comprobable más reciente fue durante los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, cuando personas provenientes de Medio Oriente intentaron venir para después cruzar la frontera seca hacia el país vecino. Pero el decreto de marras no solo dejó de lado el pedido del Ejército sino también esa recomendación de los servicios de inteligencia.

La actitud del gobierno no tiene explicación plausible, a menos que se trate de otra expresión del visceral rechazo ideológico a los militares que persiste en sectores del Frente Amplio. Ya había ocurrido antes cuando se intentó ampliar la utilización de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de sedes diplomáticas y otras funciones que hoy ocupan a la Policía, restándole efectivos para el combate a la delincuencia que asuela a la población. Si esta fue la causa del decreto, la inacción gubernamental se torna aun más indefendible. Las Fuerzas Armadas de hoy nada tienen en común con las de décadas pasadas. Al contrario, cumplen vitales funciones de asistencia social cuando hay inundaciones, hay que pintar o reparar escuelas en el interior y hasta cuando hay que recoger la basura que el sindicato municipal deja acumular en las calles de Montevideo. Otra actividad razonable es fortalecer sus competencias de vigilancia fronteriza, tarea que el gobierno debe respaldar en vez de restringirla con un decreto que ayuda a delincuentes a escapar.