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Defensa de Toro Fernández afirma que mantener pase del jugador a España es clave para indemnizar a víctima

El Celta de Vigo compró al delantero que tiene previsto viajar en julio a España; la defensa de la víctima pide US$ 1,4 millones pero el jugador ofreció US$ 600 mil

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13 de junio de 2019 a las 17:47

La posibilidad de que la defensa de Gabriel "Toro" Fernández y la familia la joven a la que atropelló el pasado 29 de diciembre lleguen a un acuerdo en la instancia de conciliación es clave para que el delantero que juega en Peñarol pueda mantener su pase al Celta de Vigo y viajar a España en julio. 

El País informó esta semana que existen diferencias entre las cifras planteadas por cada una de las partes. Mientras que la defensa de la familia de Romina Fernández puso sobre la mesa una indemnización de US$ 1,4 millones -calculando US$ 4 mil por mes de cuidados y una sobrevida de 20 años-, la defensa del jugador aurinegro planteó US$ 600 mil. 

Cualquiera de estas cifras, sin embargo, están sujetas a la posibilidad de que Fernández mantenga el pase y pueda viajar en julio a España. Uno de los abogados del jugador, Daniel Burgos, explicó a El Observador que "va a ser imposible" un acuerdo económico en los términos que están planteados actualmente si Fernández no puede continuar su carrera en el exterior. "La posibilidad de solventar una reparatoria disminuye sustancialmente si Fernández no obtiene el pase", afirmó. 

Además, de no haber un acuerdo en el ámbito civil la posibilidad de que el delantero enfrente una pena más severa en el juicio oral y público que tendrá lugar en las próximas semanas también crece. Y esa pena está directamente vinculada a una privación de libertad. De esta manera, tanto la defensa de Fernández como el abogado Juan Fagúndez, que representa a la familia de la víctima, explicaron a El Observador que si se llega a un acuerdo, este podrá ser presentado a la Fiscalía y, si es homologado, la parte penal podrá quedar zanjada. 

Fernández fue imputado a principios de mayo por un delito culposo de lesiones gravísimas y, a pedido de la Fiscalía, como medida cautelar hasta que se celebre el juicio debe cumplir con prisión domiciliaria entre las 22 y las 6 horas, siempre que ello no perjudique sus obligaciones laborales. Además, tiene prohibido salir del país sin autorización previa y no puede conducir vehículos motorizados. Todas las medidas son por un plazo de 60 días que empezó a correr el pasado 3 de mayo.  

Romina, de 18 años, no muestra ningún señal cognitiva y tiene que tener su respiración controlada en todo momento, ya que si bien no está entubada tiene dificultades para respirar. El estado de la joven hace que deba recibir una atención permanente en su casa, donde permanece después de estar varios meses internada en el CTI del Hospital Militar. 

"Si se logra un acuerdo la actividad reparatoria se dará por cumplida y, al haber un acuerdo, la parte penal se verá zanjada", señaló Burgos. También recordó que el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) que todos los vehículos deben tener para circular cubre por hasta $1,3 millones la muerte de una persona en un accidente de tránsito y que en esta instancia se están considerando cifras muy superiores. 

"Sin dudas las circunstancias que rodean al asunto hacen que esa cifra que es muy importante en otros momentos quede chica. Pero si no sale el pase no tenemos indemnización ninguna, no tenemos posibilidad de negociación", precisó. De todos modos reconoció que, en ese caso, se abrirá el panorama para un "castigo penal de más fuerza", así como juicio civil que puede demorar años para alcanzar una cifra de reparación. 

La cifra que planteó la defensa del delantero, que ronda los US$ 600 mil, no cumple con las expectativas de la familia de Romina Fernández, que pidió desde un principio US$ 1,4 millones para hacer frente a los tratamientos a los que la joven debe someterse, teniendo en cuenta unos US$ 4 mil de gastos mensuales y una sobrevida de 20 años, detalló Fagúndez. 

Si se llega a un acuerdo, el abogado penalista explicó que en el escrito a presentar ante el fiscal Alejandro Machado se deberá dejar en claro que está la posibilidad de recibir una indemnización y que se aceptan los términos.  "Tenemos que decir que tenemos la posibilidad de recibir un dinero, que la familia acepta los términos y que está de acuerdo en que (Gabriel Fernández) no cumpla prisión para que pueda trabajar y pagar el monto al que se comprometió", señaló.  

El próximo lunes las partes se volverán a reunir para celebrar una nueva audiencia de concialiación. 

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