El Observador
Denigración carcelaria
Un reciente informe sobre la situación de las prisiones uruguayas demuestra que la deshumanización es moneda corriente
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03 de junio de 2017 a las 08:34
La situación carcelaria y la Constitución parecen corresponder a países diferentes. El artículo 12 de nuestra ley fundamental establece que nadie puede ser confinado sin sentencia legal, en tanto el 26 prohíbe que las cárceles sirvan para mortificación y que deben asegurar a los presos "su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito". Pero de los más de 11 mil reclusos hacinados actualmente en el sistema, el 60% carece de sentencia y está confinado bajo el abusado régimen de prisión preventiva. Y la totalidad tiene escasas perspectivas de rehabilitación social y vive en condiciones denigrantes de enfermedades, desatención médica, drogadicción y violencia. El resultado es que dos de cada tres reclusos son reincidentes, luego de períodos de encarcelamiento que los inducen a persistir en el delito, con el consiguiente aumento de peligro para el resto de la sociedad.
La realidad fue desnudada en un reciente informe sobre Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay, elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y el Banco de Desarrollo de América Latina. El estudio coincide con un anterior diagnóstico del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien denunció torturas, deshumanización y lucha por la supervivencia, agravadas por hechos de corrupción en los funcionarios que deben vigilar y atender a los presos. El nuevo informe, cuyo redactor principal fue Álvaro Garcé, antecesor de Petit en el cargo, es igualmente preocupante.
Señaló "hacinamiento crítico, ocio compulsivo y niveles de violencia sin precedentes" en cárceles que muestran la "mayor tasa de homicidios entre personas privadas de libertad". El informe denunció "serias carencias edilicias y sanitarias", con altos niveles de contagio por tuberculosis y sida, consumo masivo de drogas y pacientes psiquiátricos sin tratamiento. Afirmó que el sistema "no es capaz de proveer a los patrones de conducta necesarios para no volver a incurrir en delitos", ya que apenas un recluso de cada 10 trabaja y estudia, y solo la mitad trabaja, en tanto el resto pasa en un ocio obligatorio que desincentiva la rehabilitación. El informe recomienda reducir el recurso a la prisión preventiva, descentralizar el servicio penitenciario (de lo que se habla desde hace décadas pero sigue en el limbo) y crear un hospital penitenciario, además de medidas para combatir la violencia entre los reclusos y programas más efectivos de reinserción social.
Algunos parciales intentos correctivos están en marcha. El nuevo Código del Proceso Penal, cuya vigencia sigue prevista por ahora para el próximo mes de julio, reducirá el uso de la prisión preventiva sin sentencia al asegurar juicios rápidos con condena inmediata en caso de culpabilidad. Y la actual construcción de una cárcel modelo bajo el régimen de participación público privada, que debería completarse este año y que albergará a unos 2.000 reclusos, aliviará parcialmente el hacinamiento y las condiciones de indignidad en que viven los presos en los penales de Libertad, Comcar y Canelones. La situación en Uruguay es menos crítica que en otros países de la región, como Venezuela y Brasil. Pero resta mucho por hacer para atender los fundamentados reclamos de dos expertos, como Petit y Garcé, y cumplir con los requisitos constitucionales sobre la reclusión de delincuentes.
La realidad fue desnudada en un reciente informe sobre Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay, elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y el Banco de Desarrollo de América Latina. El estudio coincide con un anterior diagnóstico del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien denunció torturas, deshumanización y lucha por la supervivencia, agravadas por hechos de corrupción en los funcionarios que deben vigilar y atender a los presos. El nuevo informe, cuyo redactor principal fue Álvaro Garcé, antecesor de Petit en el cargo, es igualmente preocupante.
Señaló "hacinamiento crítico, ocio compulsivo y niveles de violencia sin precedentes" en cárceles que muestran la "mayor tasa de homicidios entre personas privadas de libertad". El informe denunció "serias carencias edilicias y sanitarias", con altos niveles de contagio por tuberculosis y sida, consumo masivo de drogas y pacientes psiquiátricos sin tratamiento. Afirmó que el sistema "no es capaz de proveer a los patrones de conducta necesarios para no volver a incurrir en delitos", ya que apenas un recluso de cada 10 trabaja y estudia, y solo la mitad trabaja, en tanto el resto pasa en un ocio obligatorio que desincentiva la rehabilitación. El informe recomienda reducir el recurso a la prisión preventiva, descentralizar el servicio penitenciario (de lo que se habla desde hace décadas pero sigue en el limbo) y crear un hospital penitenciario, además de medidas para combatir la violencia entre los reclusos y programas más efectivos de reinserción social.
Algunos parciales intentos correctivos están en marcha. El nuevo Código del Proceso Penal, cuya vigencia sigue prevista por ahora para el próximo mes de julio, reducirá el uso de la prisión preventiva sin sentencia al asegurar juicios rápidos con condena inmediata en caso de culpabilidad. Y la actual construcción de una cárcel modelo bajo el régimen de participación público privada, que debería completarse este año y que albergará a unos 2.000 reclusos, aliviará parcialmente el hacinamiento y las condiciones de indignidad en que viven los presos en los penales de Libertad, Comcar y Canelones. La situación en Uruguay es menos crítica que en otros países de la región, como Venezuela y Brasil. Pero resta mucho por hacer para atender los fundamentados reclamos de dos expertos, como Petit y Garcé, y cumplir con los requisitos constitucionales sobre la reclusión de delincuentes.
