Denuncia por abuso: diputada Casás reclama indemnización de US$ 25 mil a sector de Olmos en el FA

La defensa encabezada por el abogado Juan Raúl Williman presenta un reclamo de haberes por despido indirecto y abusivo, que ocurre cuando la empleada deja de trabajar ante una actuación abusiva del empleador que le genera daños extraordinarios.

El reclamo apunta en este caso contra el sector Marea Frenteamplista como empleador –para el que Casás se desempeñaba como asesora en diversos temas– y hacia el propio Olmos como titular de la banca y responsable de las transferencias bancarias, según reconstruyó El Observador.

Quien aparece citado, no obstante, es solo el sector político, cuya representación recaerá en la abogada Marina Morelli. El reclamo asciende en total a $981 mil, equivalente a poco más de US$ 25 mil, según los números a los que accedió El Observador. 

La defensa de Casás pide $468 mil por concepto de despido abusivo, $312 mil por despido indirecto, $21.666 por concepto de aguinaldo, $93 mil por una multa basada en un recargo del 10% ante la omisión de pago de créditos laborales, $43 mil por concepto de licencia y otros $43 mil por salario vacacional. 

El abogado Williman había dicho además en entrevista con Informativo Sarandí que la diputada se encuentra en una "situación especial de empleador empleada", en tanto también figura como autoridad. 

Ante la consulta de El Observador, desde Marea Frenteamplista prefirieron no hacer comentarios sobre el caso. 

La denuncia también está en la órbita del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que deberá elevar sus conclusiones al próximo Plenario Nacional. El caso había sido derivado a ese ámbito por el propio sector político sin el consentimiento de Casás, quien en primera instancia se limitó a exigirle medidas a sus compañeros. Tanto Olmos como la diputada ya han presentado sus versiones ante el tribunal. 

Por otro lado, el caso está bajo investigación del fiscal de Delitos Sexuales de 4°Turno, Maximiliano Sosa. La jueza de Familia Especializada, Lilián Elhorriburu, había determinado a mediados de diciembre la prohibición sobre Olmos de acercarse a Casás a un radio menor de cien metros, así como el impedimento de comunicarse durante 180 días, que rigen hasta el próximo 6 de junio de 2024. 

La dirigente, de 29 años de edad, apuntó contra el titular Olmos, quien es 33 años mayor, por un acoso sexual basado en "besos" y "abrazos de despedida de jornada", así como de "toques en sus glúteos sin el consentimiento de la víctima y la invitación para estar juntos en circunstancias de recorrer el país".

“Yo lo que puedo decir es que no es un caso de violencia de género. Hay denuncia en Fiscalía, no entendemos por qué la defensa de Martina ha hecho público un montón de cuestiones en contra de su propia protección y de blindar a la víctima. No vamos a hacer más declaraciones que esas”, había declarado en rueda de prensa el abogado de Olmos, Diego Camaño, a la salida de la Fiscalía. 

Williman, abogado de Casás, había señalado, por su parte, que "es algo que le pasa hace mucho tiempo" y que "intenta evitar pero no puede". "Martina tiene muy claro en su fuero bien íntimo que ni lo provocó, ni es su culpa, ni consintió ninguno de los actos de naturaleza sexual", había apuntado el abogado en Informativo Sarandí.